La Jornada 13 de abril de 1996

Detienen a nueve presuntos polleros en BC y Sonora; niega la PGR que las acciones respondan a presión de EU Policías de Mexicali acosan a mexicanos deportados, acusa una ONG

De los corresponsales La Policía Judicial Federal detuvo ayer en Baja California a cuatro presuntos traficantes de indocumentados, mientras que elementos de la policía municipal de Nogales, Sonora, arrestaron a cinco miembros de una banda de polleros que opera en la frontera con Arizona.

Los cuatro presuntos traficantes de migrantes fueron arrestados en Tijuana cuando intentaban cruzar a Estados Unidos a 56 personas, todas ellas mexicanas.

Del 26 de enero a la fecha los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) han arrestado en la frontera de Baja California a 60 traficantes de indocumentados que en conjunto pretendían internar al vecino país del norte a 277 connacionales, por lo que se iniciaron 33 averiguaciones previas.

De acuerdo con la legislación actual vigente en México, un traficante de indocumentados encontrado culpable de violar el artículo 138 de la Ley General de Población puede recibir una sanción de 2 a 10 años de prisión y una multa de hasta 10 mil pesos.

La delegación de la PGR en Baja California aseguró que la cruzada inciada por la dependencia en contra de las bandas de polleros que operan en la frontera californiana no responde a presiones del gobierno estadunidense.

Por su parte, elementos de la dirección de Seguridad Pública de Nogales detuvieron a cinco miembros de una banda de polleros que pretendían introducir a Estados Unidos a 18 indocumentados guatemaltecos y mexicanos.

El operativo policiaco se efectuó luego que vecinos de la colonia Lomas, en dicha ciudad, informaron a la corporación que en la zona deambulaban varias personas ``en actitud sospechosa y que entraban y salían constantemente, día y noche''.

Los elementos del cuerpo policiaco localizaron en un domcilio particular a Víctor Soto López y a Ubaldo Hernández Hernández, ambos de 19 años de edad, quienes manifestaron que trabajaban para un sujeto que en ese momento había ido a desayunar.

En el momento en que los agentes de la dirección de Seguridad Pública Municipal revisaban la casa arribó al lugar un automóvil Toyota de color café con placas de Arizona, con la nomenclatura KKG-881, conducido por Ramón Morfín Santana, de 26 años de edad, y quien se hacía acompañar por Ramón Heriberto Valdés Alvarez y Julio Ochoa Acuña, residentes de esta ciudad, quienes trasladarían a los ilegales al otro lado de la línea divisoria.

Los presuntos polleros fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, mientras que los indocumentados quedaron a disposición del Servicio de Inmigración y Naturalización para su deportación a sus lugares de origen.

Agresión a migrantes en el lado mexicano

Por otra parte, representantes de la Coalición para la Defensa del Migrante denunciaron la violación de los derechos humanos de policías preventivos de Mexicali hacia los indocumentados que son deportados de Estados Unidos por la garita de Caléxico, California.

La directora del Albergue Juvenil del Desierto, Blanca Villaseñor, y el subprocurador de los Derechos Humanos de Baja California, Federico García Estrada, aseguraron que los policías municipales ``se comportan como si fueran agentes del Ministerio Público al interrogar de manera absurda a los deportados''.

Sin embargo, el titular de la dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Jaime Díaz, consideró que si bien se realizan investigaciones a miembros de la corporación por este tipo de quejas, ``no se puede señalar a la dependencia como violadora de los derechos humanos''.

Congresos locales protestan por agresión a migrates

Los congresos de Guerrero e Hidalgo aprobaron acuerdos para emitir una declaración pública en repudio a la violencia contra indocumentados mexicanos en Estados Unidos, exigir al gobierno federal ``mayor energía'' en la defensa de connacionales en aquel país y exhortar al mismo a que suscriba los postulados de la Convención Internacional de Protección a Trabajadores Migratorios y sus Familias, auspiciada por la ONU.

(Jorge Cornejo, Jesús Moreno, Antonio Heras, Raúl García y Carlos Camacho).