En el marco de una visita de Ernesto Zedillo al estado de Morelos, en donde el itinerario definitivo se mantuvo en secreto hasta el último momento, el Estado Mayor presidencial prácticamente tomó por asalto todo el centro de la ciudad de Cuernavaca, en un dispositivo de seguridad sin precedentes en el que se desplegaron además cientos de policías en poblados y carreteras: algo que demuestra las infranqueables barreras policiacas que la actual administración ha construido a su alrededor con el pretexto de la ``seguridad pública'''. El titular del Ejecutivo, acompañado de su gabinete agropecuario (el grupo de subsecretarios que le heredó en bloque Carlos Salinas de Gortari: Rojas, Warman, Labastida...) se hizo presente de esta manera en un aniversario más del asesinato de Zapata.

En un estado virtualmente militarizado, en donde varios mandos del Ejército han sido incorporados a la administración estatal algo sólo comparable al Morelos de tiempos de Carranza, en donde la Policía Judicial es la organización criminal más poderosa, en donde ésta misma detenta la jugosa industria de los secuestros de personas adineradas, en donde el clima de inseguridad y de ingobernabilidad han alcanzado niveles nunca antes vistos (véase, para ejemplo de esto, el reportaje de Francisco Ortiz Pinchetti en el semanario Proceso, 1014, 8 de abril 1996), era difícil que su actual gobernador, el general Jorge Carrillo Olea, no diera además una prueba de la forma en que concibe el ejercicio de la cosa pública y de las formas de ejercer el poder bajo el nuevo esquema de fragmentación ``federalista'' de los cacicazgos priístas, en ese sentido nada diferente a como la ejercen el regente Espinosa, los gobernadores de Puebla, Chiapas y Tabasco, o el destituído gobernador de Guerrero, todos fieles defensores de lo que se ha dado en llamar ``el Estado de derecho''.

Así, mientras Zedillo se lanzaba un discurso muy poco convincente ``a favor del campo'', prometiendo en Tlaltizapán políticas que de ser ciertas sólo serían posibles en un esquema diferente al que le obliga el Banco Mundial en el actual proceso de devastación de la planta productiva rural, a 15 kilómetros de allí estallaba la violencia. En el sitio llamado Santa Fe entre Chinameca y lo que fuera el Cuartel General de Emiliano Zapata, una marcha-caravana de habitantes de Tepoztlán que recorrían la ``ruta de Zapata'' colocando ofrendas florales y recordando al jefe agrarista, acompañada de un contingente festivo de niños vestidos de ``adelitas'' y ``zapatistas'', fue virtualmente emboscada por la policía. Los manifestantes fueron interceptados por un numeroso grupo de granaderos, judiciales y policías preventivos, con el pretexto de ``hacerles una revisión''. En el parte oficial de la Secretaría de Comunicación Social se menciona lo de siempre y bajo el esquema de Aguas Blancas: inermes policías agredidos por tepoztecos armados, con saldo de un policía herido y seis patrullas destruidas.

Pero como lo consignó incluso el canal estatal de televisión, con el testimonio de un reportero de Televisa presente en el lugar de los hechos y como lo demuestra además un video tomado por los marchistas, fue la policía quien agredió salvajemente a los tepoztecos, hombres, mujeres y niños: el saldo de la agresión hasta el momento es de nueve heridos hospitalizados, uno de gravedad; 22 adultos y menores detenidos (y liberados por la presión popular varias horas después); decenas de descalabrados y con heridas leves, y un muerto, Marcos Olmedo (de la comunidad de Santo Domingo Ocotitlán), quien, dado por desaparecido, apareció muerto el 11 de abril en el Semefo de Jojutla. Los heridos de Tepoztlán quedaron dispersos en hospitales de toda la región, después de que la Cruz Roja los pudo rescatar, pues el salvaje operativo impidió el paso de ésta y de la prensa al lugar de los hechos, desde el mediodía hasta las ocho de la noche...

Este trágico saldo, que mantiene en pie de indignación a todo el municipio de Tepoztlán, se une a una serie inacabable de agresiones y provocaciones minuciosas desplegadas por el gobierno estatal contra una comunidad cuyo único delito es oponerse a uno de los más jugosos negocios del gobernador, del grupo Sumiya, del grupo KS, así como de varios políticos enriquecidos en la última espiral de atracos cometidos contra el país desde el gobierno federal: un ``megaproyecto'' de Club de Golf con 800 residencias de lujo, que pretende instalarse contra la razón y por la fuerza.

Este proyecto, defendido y promovido hasta la ignominia por el gobierno estatal, avalado por autoridades ecológicas y apoyado en todo el aparato de un poder del Estado secuestrado por funcionarios fraccionadores, se suma a otras increíbles agresiones cometidas por diversas pandillas delictivas que medran del poder político, como las 32 hectáreas sustraídas al fondo ejidal de Tepoztlán en el sur de su municipio por Guillermo Occelli, cuñado de Carlos Salinas de Gortari.

El saldo se suma a cuatro rehenes políticos, entre ellos un profesor de la dirigencia del SNTE secuestrado por la fuerza de sus oficinas por un pelotón de judiciales; un dirigente comunero y dos ciudadanos más de Tepoztlán, acusados del asesinato de un gavillero muerto por su propio hermano el 3 de diciembre del año pasado.

El ``Estado de derecho'' en Morelos ha llegado a excesos tales como que el asesor del gobernador, el licenciado Guillermo Malo, haya dicho públicamente a los tepoztecos durante una audiencia, que ``el gobierno sabe que los presos de Tepoztlán son inocentes, pero los liberará si ustedes permiten la instalación del Club''... Es decir, como en muchos otros conflictos a lo largo y ancho del país, el gobierno mantiene a estos cuatro presos políticos como rehenes, y los mantendrá en la cárcel como medida de presión y chantaje: pretendiendo además doblegar al Ayuntamiento libre y popular elegido por la ciudadanía de Tepoztlán en un proceso electoral ejemplar y que prefigura la transición democrática y posibles salidas a un sistema que pierde representatividad a pasos agigantados.

Lo que la ciudadanía de Morelos se pregunta es hasta cuándo y a qué costo el gobierno del estado va a llevar a cabo este proyecto, cuántos muertos más y cuántos rehenes políticos hacen falta en Tepoztlán para que el gobierno imponga la voluntad de inversionistas extranjeros a toda costa?, hasta cuándo el estado de Morelos permanecerá secuestrado por un grupo de interés impuesto desde el centro?La respuesta no sólo la tiene la ciudadanía, que se debate entre el temor y la indignación, la tienen también los partidos políticos representados en el Congreso del estado. Si algún rastro de oposición queda en ese recinto, lo que procedería es la demanda de desaparición de poderes y la restitución del orden y la legalidad, única manera de frenar el nuevo look fascista de la violencia revolucionaria institucional.