No fue ``riña'' entre miembros del Comité de Unidad Tepozteca y elementos de la policía estatal lo ocurrido en el poblado de San Rafael, municipio de Tlaltizapán, el 10 de abril, con saldo de un muerto y numerosos lesionados, como afirma el gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea. Todo indica que estamos en presencia de una acción represiva cobarde de fuerzas policiacas sobre un grupo de ciudadanos pacíficos, cuya oposición enérgica a la construcción de un campo de golf en sus tierras comunales y su ensayo de gobierno democrático, han provocado la irritación de los socios de la empresa KS y el enojo del gobierno estatal.

Las escenas del video en el cual se grabaron los hechos son irrefutables. Los policías estaban armados y en la acción participaron dos altos jefes de la policía preventiva: Enrique Flores Reyna y Juan Manuel Ariño. Esto desmiente las declaraciones del gobierno estatal en el sentido de que los 60 policías en el paraje El Salitre realizaban un patrullaje rutinario.

Si además se confirma que el destacamento policiaco se apostó en el lugar desde la noche del 9 de abril, será evidente que la represión en El Salitre fue fríamente preparada, y de cuya responsabilidad moral y política no puede excluirse al gobierno de Carrillo Olea. Porque no puede realizarse una acción represiva de tal magnitud, en la cual participaron el director general y el subdirector operativo de la Policía Preventiva, sin el conocimiento y hasta la aprobación de los jefes políticos que pueden adoptar esas graves decisiones. Fue una especie de reedición de la emboscada en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995.

La declaración del gobierno de Morelos en relación a los hechos sangrientos en el municipio de Tlaltizapán es por completo insatisfactoria. Pretende justificar la acción policiaca en la que perdió la vida Marco Olmedo Gutiérrez cuyo cadáver primero fue ocultado por la policía y después arrojado a la calle, cerca del servicio forense de Jojutla, pero lo único que consigue es evidenciar conductas y concepciones ilegales y autoritarias.

A nombre de qué ley, por ejemplo, se instalan retenes policiacos en los caminos de Morelos? Acaso se suspendieron las garantías constitucionales en ese estado para impedir el libre tránsito de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos y niños que realizaban una marcha por la llamada ruta de Zapata? Aun si los miembros del CUT se dirigieran a Tlaltizapán para entregar un escrito al presidente Ernesto Zedillo, qué razones legales habría para impedirlo?En la declaración de la Presidencia de la República sobre los mismos hechos sólo ``lamenta profundamente los hechos ocurridos'', como si se tratara de un desastre natural y no de una acción policiaca que ofende y agravia a los tepoztecos, viola sus derechos constitucionales y provoca indignación nacional.

Cuando recibía patadas y toletazos Nicanora Conde, una de las víctimas, fuertemente golpeada el 10 de abril, escuchaba: ``A ver, sigan gritando viva, viva Zapata, cabrones! Indios malditos, por qué no entienden! Por su culpa estamos aquí desde anoche y sin tragar! Nos la van a pagar!'' (La Jornada, 12 de abril). Los policías iban, pues, a reprimir una caravana con significado político, no fueron a El Salitre a realizar un patrullaje rutinario.

Lo ocurrido el 10 de abril en Morelos es indignante, pero además preocupante, y mucho. Es un síntoma de ilegalidad y de violencia oficial como medios para contener la inconformidad popular, que en el gobierno federal y los estatales tienen muchos partidarios. Lo mismo se manifestó en Aguas Blancas, que en las represiones de campesinos realizadas por el gobierno de Chiapas o en los desalojos, por medio de la fuerza policiaca, de los plantones de los trabajadores de Ruta-100 en el Distrito Federal.

La única forma de detener esta peligrosa tendencia es la protesta social, los movimientos de opinión pública en defensa de formas civilizadas y legales de gobernar, que impidan la implantación de medios policiacos para enfrentar problemas sociales y políticos.