Con sumo interés hemos leído el IV Informe Aún con todo... la vida seguirá surgiendo del Centro de Derechos Humanos Tepeyac de la Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, que fue presentado por su presidente, el obispo don Arturo Lona Reyes el 24 de marzo último.

En el análisis de la realidad nacional, Signos de los tiempos, nos da una visión de la política económica excluyente y sus efectos sobre el nivel de vida de la población, así como de la manera en que se plantea la reforma política, cuyo objetivo es el de acotar y restringir los espacios políticos e impedir cualquier intento de cambio, sea a nivel regional o nacional. Más adelante apunta el nuevo rol político activo que se le otorga al Ejército Federal, como garante de la continuidad del modelo político y económico vigente. Y señala también que en el país se va desvaneciendo el riesgo de reinicio de una confrontación militar por parte del EZLN, aunque es imposible prever su desarme, mientras las condiciones que lo llevaron a las armas no sean modificadas realmente y los acuerdos sigan estando solamente en el papel.

Indica que el gobierno mexicano es hoy más dependiente que nunca del estadunidense, y que es éste un real factor de poder en México y el principal sostén con que cuenta el presidente. Se advierte igualmente en el Informe que, salvo honrosas excepciones, el Poder Judicial sigue sometido al Ejecutivo y a mezquinos intereses de los grupos de poder; y que los procesos electorales continúan atados a las necesidades presidenciales. Estas son, entre otras, algunas de las condiciones generales en las que se desenvuelve la situación de los derechos humanos a nivel nacional que, combinadas con las características propias de la región en que actúa el Centro Tepeyac (el hecho de que Oaxaca sea, por ejemplo, la entidad de mayor concentración y presencia política, social y cultural indígena del país, y una en las que se expresan con mayor crudeza las arbitrariedades de los caciques y fuerzas regionales conformadas por ganaderos y terratenientes), constituyen la razón última que explica muchas de las violaciones a los derechos humanos que ahí se cometen.

De hecho, tras los pasados comicios del 12 de noviembre se incrementaron el descontento, el clima de inseguridad y el índice de violencia, sobre todo en la zona del Istmo, en donde más de 20 alcaldías permanecieron tomadas por inconformidad con los resultados y la calificación de las elecciones. De igual manera continúan manifestándose la indolencia y la falta de atención de los servidores públicos hacia las quejas y denuncias que realizan los grupos y comunidades indígenas.

En este IV Informe se refiere que entre marzo del 95 y febrero del presente año el total de denuncias de violaciones a los derechos humanos que se recibieron en el Centro Tepeyac fue de 398 casos, con lo que la cifra acumulada en los cuatro años alcanza ya 929 casos. Del total anual se desprende que en casi la totalidad de los casos la víctima es un indígena, principalmente zapoteca, que en la mitad ha existido abuso de autoridad, y que un 60 por ciento son cuestiones penales, en las que se ven involucrados muchos inocentes que son víctimas de la política antidelincuencial, definida por un policía local así: ``no buscamos a quien lo hizo, sino a quien lo pague''.

En este sentido el Tepeyac indica que, no obstante, si la víctima es un pobre y el delincuente es poderoso, simplemente no hay procesos penales. Por otra parte, de los casos por asuntos agrarios (34), que constituyen una de las prioridades del Centro, en 12 de ellos las víctimas son comunidades enteras, acosadas por caciques que cuentan con apoyo gubernamental para la realización de los depojos. Al estudiar la clasificación por tipo de violación encontramos que se distribuyeron así: abuso de autoridad (46.3 por ciento); lesiones (12.6); detención ilegal (8.9); tortura (8.6); seguidos por las amenazas, que superaron el 5 por ciento, la incomunicación (4.6), la fabricación de culpabilidad (4.6), la fabricación del delito (4.0), el allanamiento (3.4) y los homicidios (1.7).

La distribución de los violadores de los derechos humanos fue la siguiente: Policía Judicial del estado (19.7), Policía Municipal (17.4), Policía Judicial Federal (8.3), Presidentes Municipales (8.3), Ministerio Público del fuero común (7.6), Agentes Municipales (4.5), Policía Federal de Caminos (3.0), y otros (31.1). Estos últimos son: autoridades carcelarias, militares, policías preventivos, autoridades municipales y del gobierno estatal, tribunales agrarios, agentes del Ministerio Público Federal o del Instituto Nacional de Migración, etcétera.

Finalmente, los lugares en los que más violaciones se reportaron fueron los municipios de: Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Zanatepec, Huamelula, San Blas Atempa, Matías Romero e Ixtepec.