Rinden declaración preparatoria los policías consignados

Francisco Guerrero Garro, corresponsal , Cuernavaca, Morelos, 13 de abril El capitán Juan Manuel Ariño, ex director de la Policía Preventiva y consignado ante el juzgado primero de lo Penal de Jojutla, acusado de abuso de autoridad y lesiones por su participación en los hechos de San Rafael el pasado 10 de abril, rindió hoy su declaración preparatoria en relación con el enfrentamiento entre militantes del Comité de la Unidad de Tepoztlán (CUT) y fuerzas del orden, con saldo de un tepozteco muerto y más de cuarenta heridos. Dentro de las 72 horas de ley, el juez decidirá si se le dicta la formal prisión y, en ese caso, si tiene derecho a la libertad bajo fianza.

A otros 11 de los elementos de la Policía Preventiva, a quienes les resularon positivas las pruebas de Harrison y Walter que se les practicaron después de la emboscada que las fuerzas de seguridad pública del gobierno de la entidad tendieron a los integrantes del Comité de la Unidad de Tepoztlán en San Rafael, se les decretó, según trascendió, la formal prisión y no alcanzan libertad bajo fianza, ya que enfrentan cargos de disparo de arma de fuego y homicidio, además de lesiones y abuso de autoridad.

Vecinos, familiares y simpatizantes del Comité de
Unidad Tepozteca durante el sepelio del militante
Marcos Olmedo en Santo Domingo Ocotitlán, su pueblo
natal, en el estado de Morelos. Foto: Pedro Valtierra

A otros 43 elementos de la Policía Preventiva también se les tomó su declaración preparatoria, y su situación jurídica se decidirá en las próximas 72 horas.

Asimismo, se presentaron las armas que se recogieron a los policías que intervinieron en los hechos: 12 escopetas, 4 pistolas .380 y una pistola .357 Magnum, y. Con base en estas y otras averiguaciones, se determinará quién de los 11 elementos que, según quedó probado, dispararon en contra de los tepoztecos y causaron la muerte del militante del CUT y fundador del PRD en la entidad Marcos Olmedo Gutiérrez y lesiones de bala a otros manifestantes.

En tanto, la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) afirma que el gobierno de la entidad ha dado versiones parciales, confusas y contradictorias de los hechos acaecidos el pasado día 10 en San Rafael, y así ``trata de eludir sus propias responsabilidades políticas'', cuando ha violado los derechos humanos de los habitantes de Tepoztlán y el estado de Morelos de manera sistemática.

La CIDHM demando que quienes sabían del operativo de San Rafael, como los jefes del capitán Juan Manuel Ariño, cesado y consignado ante el juez primero de lo penal de Jojutla, por su presunta responsabilidad en los hechos, sean también consignados, como el capitán Abraham Mejía, el subsecretario de gobierno, Víctor Manuel Saucedo Perdomo, y el procurador de justicia de la entidad, Carlos Peredo Merlo, quienes hasta el momento no han sido mencionados en las investigaciones que se llevan a cabo.

Esto, dice la CIDHM, muestra el grado de inestabilidad política en Morelos, de verdadera ingobernabilidad y antidemocracia, creados por la cerrazón y autoritarismo de un gobierno que actúa defendiendo hasta las últimas consecuencias la razón de Estado y el principio de autoridad, hasta que la situación ha llegado a extremos insostenibles, como ha sido la emboscada de San Rafael.

Por otra parte, la CIDH denuncia que la ``enésima consignación en contra del presidente del Ayuntamiento Libre, Popular y Democrático de Tepoztlan, Lázaro Rodríguez Castañeda, ``es una medida que, lejos de ser simétrica, en realidad es represiva en contra de quien representa a la población tepozteca, que ha mantenido una ejemplar lucha en contra de la construcción del club de golf''.

Por su parte, las Organizaciones No Gubernamentales de la Region Oriente del Estado de Morelos (ONGROEM) solicitan, en una Carta cívica, dirigida a los ciudadanos de la entidad, la destitución, investigacion y, en caso de ameritarlo, el encarcelamiento del procurador de Justicia de la entidad, Carlos Peredo Merlo; del subprocurador, Rafael Augusto Borrego; del director general de Seguridad Pública, Jose Abraham Mejía; del director de la Policía Judicial del estado, Jesús Miyazawa, y del subsecretario A de Gobierno estatal, Víctor Manuel Saucedo Perdomo.Las ONGROEM se solidarizan con los tepoztecos que piden justicia y el esclarecimiento de los hechos de la emboscada de San Rafael y se adhiere a la petición de algunos senadores de la República y diputados federales, que exigen la desaparición de podres en la entidad, por estar ``claramente expuesta a nivel nacional la ingobernabilidad existente en el estado de Morelos''.

Los firmantes de la carta, la Casa Ciudadana de Cuautla, el Barzón de Morelos, el Comité de Colaboración Comunitaria, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Convención Nacional Democrática, el Comité No Gubernamental de Defensa de los Derechos Humanos de la Región Oriente y la Organización Nacional para la Defensa del Patrimonio Familiar, exigen que los hechos de San Rafael sean investigados en las más altas esferas del poder, ``caiga quien caiga'', y no sólo sean agarrados como ``chivos expiatorios'' los policías arraigados y consignados.