El aniversario luctuoso de Emiliano Zapata invoca su pensamiento social y su obra agrarista: medios de subsistencia y libertad de decisión para los hombres del campo; núcleo central de los principios torales de la Revolución mexicana que orientó por muchos años los programas de gobierno y componente estructural del carácter social del Estado mexicano. Su recuerdo nos hace reflexionar, también, sobre la difícil situación por la que atraviesa el agro y las penurias económicas y sociales por las que pasan los campesinos, los trabajadores agrícolas y los pequeños propietarios; condiciones que no siendo nuevas, se han agudizado de manera extrema con la crisis económica para millones de mujeres y hombres del campo.

México ha experimentado en las últimas décadas recurrentes crisis económicas, que han agravado los rezagos y carencias sociales del campo, los cuales quedan de manifiesto en 1965, cuando la renta agraria comienza a descender y cuando a principios de la década siguiente, nos convertimos en importadores de la dieta histórica de nuestro pueblo.En la pobreza, marginación y violencia en la que se vive en el campo, en las extraordinariamente adversas condiciones aún vigentes para la agricultura, la ganadería y otras ramas de la economía rural, se encuentra una de las herencias más pesadas del subdesarrollo nacional y la persistencia de una forma autoritaria de organización política, representada por el caciquismo.

Como tercamente se ha demostrado una y otra vez, no podrá haber modernización económica ni democratización política verdaderas, si el país sigue dividido en un México crecientemente urbano, productivo, competitivo, informado y abierto al mundo, y otro, que sobrevive oprimido, explotado, marginado y discriminado: el México dual del colonialismo interno que explica Pablo González Casanova, el México de Zapata, de Villa y de Rubén Jaramillo que sigue clamando justicia.

Uno de los grandes retos que enfrenta el país para ser viable como nación a principios del próximo siglo, es el de la superación de los rezagos históricos del campo. Un campo mexicano endeudado, con pocas perspectivas de innovación tecnológica, con necesidades acuciantes de obras de riego, adquisición de maquinaria y semillas de calidad y de mejoramiento genético del ganado, y con una gran incertidumbre ante la apertura comercial. Un campo cuyo apoyo directo fundamental al productor en los últimos años el Procampo no ha logrado sus metas.

La problemática del campo se ha acumulado por años. Frente a los propósitos y proyectos que procuraron la autosuficiencia alimentaria, hoy tenemos un agro incapaz de producir maíz y frijol para satisfacer todo el consumo nacional. Lamentablemente, somos una nación importadora de leche, carne y semillas. No podemos aspirar a una participación digna y soberana en la integración mundial, si no contamos con una independencia alimentaria. El poder de los alimentos como mecanismo de presión, por parte de las potencias en contra de las naciones en desarrollo, ha demostrado derivar en una de las formas de dependencia más terribles.

A pesar de los esfuerzos recientes, la actividad económica en el campo presenta una baja rentabilidad que genera insuficientes ingresos a los productores rurales. No se cuenta con un sistema financiero que ofrezca servicios competitivos, ni existen instituciones regionales que cubran los requerimientos de estos productores. Actualmente, el 60 por ciento de los municipios carecen de acceso a sucursales de la banca comercial y, además, los costos de intermediación son altos.

Las actividades agrícolas requieren redes comerciales eficientes que vayan desde el mercado regional hasta el internacional, por lo tanto, se deben generar nuevas opciones de comercialización que limiten la presencia de intermediarios innecesarios y asentados en redes de poder, para que la venta de las cosechas otorgue certidumbre a los productores. El gobierno debe contribuir al funcionamiento más eficiente de los mercados, de tal forma que los productores no sean afectados ni por intereses mercantilistas o políticos ni por la volatilidad de los precios internacionales.

En este panorama de desolación, el eslabón más vulnerable en la cadena de injusticias es la población indígena. Son casi diez millones de seres, pertenecientes a 56 etnias, que sobreviven con unos cuantos pesos al mes. De ellos más del 90 por ciento se encuentran en la pobreza extrema, y a pesar de esto aportan el 75 por ciento de su población ocupada a las actividades agrícolas. Son los más pobres de los pobres. La otra cara de nuestro orgulloso pasado precolombino.

Como consecuencia, entonces, de orientaciones económicas que han sustentado el crecimiento industrial y urbano del país en la desacumulación en el campo y en la subordinación de la población rural, de la Población Económicamente Activa nacional, únicamente el 23 por ciento se dedica a actividades agropecuarias, solamente el 9 por ciento de la superficie territorial se destina al sector primario y su aportación al Producto Interno Bruto es tan sólo del 7 por ciento.

El campo requiere ser atendido en condiciones equitativas y recíprocas a su aportación histórica, en cuanto a generación de riqueza, creación de empleo y equilibrio regional. Los indígenas y mestizos, campesinos y trabajadores agrícolas, demandan su reinserción en la vida nacional a través de la dignificación de sus condiciones de vida y trabajo, de participación política y creación cultural, de reconocimiento de sus formas comunitarias y de posesión de la tierra.

Hoy es impostergable impulsar de manera conjunta y concertada, gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, partidos políticos, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, empresarios y trabajadores agrícolas, bancos e instituciones de investigación, un gran acuerdo político, social y productivo para el campo, cuyos propósitos sean la vigencia de la ley, la organización libre de sus habitantes, la efectiva capacidad productiva y la rentabilidad económica para hacer reales la justicia social y la democracia en el medio rural.

Una de las pruebas determinantes de la reforma del Estado, del nuevo federalismo, de una modernización económica con sentido social y de la democratización política es la regeneración de la vida en el campo. Formular de manera consensada y poner en práctica con amplia participación social y con evaluación de la ciudadanía, un programa integral para el campo y su población. Aún hay tiempo. La deuda está pendiente.