El caso de los tepoztecos que fueron impedidos de expresar sus puntos de vista al grado de asesinar a uno de los dirigentes, y de golpear a decenas de manifestantes, es tan sólo uno de los cotidianos actos de abuso del poder con el que se pretende inhibir o reducir la inconformidad económica, política y social que crece en todo el país.

Esa tentación de acallar con la fuerza los signos de enojo colectivo son una demostración más de la impericia y la insensibilidad políticas de quienes tienen a su cargo el delicado ejercicio del poder y, desde luego, de sus mecanismos de coerción y acción, como son los asignados a las fuerzas policiacas y los organismos de seguridad pública.

Algunos de los casos de abuso y exceso cobran fama nacional, como sucedió con Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, o ahora con los tepoztecos en Morelos. Quedan diariamente, sin embargo, y para desgracia nacional, infinidad de casos que no merecen un registro destacado en los medios nacionales o, aun, que recibiendo originalmente alguna forma de difusión, se apaga ésta de inmediato, a veces por la maniobra de los funcionarios interesados en desvanecer esas protestas, o a veces por la simple y dolorosa certeza de que esas anormalidades de la vida social se han convertido en pertinaz presencia virtualmente normal y, por tanto, en hechos ya sin trascendencia o importancia periodística.

Tan frecuentes, y a veces intensas, violaciones a los derechos humanos y cívicos de los mexicanos no se dan, como presuntamente sucedería con los ensayos nucleares franceses, en zonas relativamente elegidas para provocar el menor daño posible en su entorno. Por el contrario, la reticencia de autoridades y representantes en violar las leyes, en mostrar la inservibilidad de las instituciones, y en reiterar la impunidad de quienes desde el poder abusan o delinquen, va generando un extendido sedimento que por una parte es pasto seco para proclamas incediarias, pero también en una descomposición institucional que cual círculo vicioso va llevando a los ocupantes del poder a distanciarse cada vez más de la base popular.

En ese tenor es importante el señalamiento de Jorge Madrazo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a que el ejército no debe ser policía, pues basta revisar los archivos de los medios de comunicación relativos a los meses recientes para constatar el notable incremento de la presencia militar en la vida civil y, particularmente, en esa franja delicada de los conflictos políticos y sociales.

Cierto es que las autoridades y las instituciones se ven frecuentemente enfrentadas a los nuevos modos de la sociedad para resolver sus desacuerdos o arritmias, y que de cara a esos nuevos tiempos que vive la nación, con sus problemas emergentes y sus estilos desconocidos, se van incorporando también nuevos actores y factores, pero todo ello no debe ser pretexto ni motivo para deformar el perfil civilista de la vida pública mexicana y comenzar a insertar elementos que acaso sirvan hoy a criterios pragmáticos de eficiencia, pero que en el fondo desvirtúan el propósito sustancial de cada institución y mezclan peligrosamente ingredientes, como son los netamente militares y de seguridad nacional con los policías y de seguridad pública.

Ya gobiernos como el chihuahuense de Francisco Barrio han cedido a la tentación de incorporar de manera abierta a militares a la actividad policiaca, si bien estos elementos piden licencia o se desincorporan de la estructura castrense, y esa tendencia parece reproducirse desde niveles altos de la propia Procuraduría General de Justicia de la República, siempre con el narcotráfico como verdadero motivo de fondo. Pero también es cierto que en algunos momentos de alta dificultad en la vida política y social, es decir, con independencia del asunto del narcotráfico, han aparecido nombres y cargos de elementos relacionados con la vida castrense realizando funciones diversas de las que constitucionalmente les corresponden.

Por ello, es de celebrarse el planteamiento de Jorge Madrazo y es deseable que con madurez y responsabilidad, los mexicanos analicemos este fenómeno y vayamos devolviendo a cada corporación el ámbito de acción que legítimamente le corresponde.