Algunos acontecimientos de los últimos días nos llevan a pensar que estamos ante un problema que se agrava: una falta de consenso sobre la conducción del país, que se generaliza. La sociedad reclama, argumenta, pide, se queja o se inconforma, y el gobierno ratifica sus ``convicciones'' económicas, pone en operación sus inercias violentas y se sale por la puerta falsa de endurecer leyes para combatir la delincuencia.

Durante la semana pasada se ha dado una suerte de coincidencia en el malestar y la impugnación de dos importantes sectores sociales; por una parte, los reclamos de las cúpulas empresariales, que demandan cambios en la conducción del país al que ven sumido en un panorama desolador y lleno de incertidumbre; y por la otra, los grupos populares que son objeto de violencia por parte del gobierno, la repetida represión de los movimientos sociales, que esta semana en Morelos el país se volvió a manchar de sangre con el asesinato del integrante del Comité de Unidad Tepozteca (CUT), Marcos Olmedo Gutiérrez. Para completar este muestrario de desencuentros, se da un endurecimiento legislativo en las polémicas reformas anticrimen.

1. El caso de Tepoztlán ha cobrado amplia notoriedad pública porque representa un ejemplo de lo que son las luchas populares en estos momentos del país. Un movimiento que hace unos meses se aglutinó para protestar en contra de la instalación de un club de golf en la zona. En las diversas etapas del proceso se llegó al desconocimiento de las autoridades municipales y posteriormente al nombramiento de un alcalde surgido del mismo CUT; y que hasta antes del reciente aniversario de Emiliano Zapata, el litigio por el club de golf seguía en pie. Mientras se realizaba la ceremonia oficial del 77 aniversario luctuoso de Zapata en Tlaltizapán, un grupo policiaco golpeaba a un contingente de tepoztecos que tenían la intención de entregarle al presidente una petición por escrito. Otra vez, gracias a un video, como en los casos de Aguas Blancas y de Riverside, pudimos ver la golpiza. Ahora las autoridades de Morelos, con la reciente experiencia de Guerrero, parece que no están dispuestas a repetir los errores de una investigación deficiente, lo cual está todavía por verse. La reacción de la empresa fue el anuncio de la suspensión del proyecto ``turístico''. Este trágico acontecimiento, independientemente de su parte sustantiva, muestra un cuadro que se repite en varios estados del sur del país: un clima de descomposición y de una gran fragilidad social en las zonas rurales; grupos de campesinos organizados que se enfrentan a corporaciones policiacas que los reprimen. Resulta grave que los campesinos mexicanos sea golpeados y maltratados tanto en México como en Estados Unidos, pero resulta grotesco que las autoridades sólo saquen a relucir su patriotismo cuando los golpes son de aquel lado de la frontera, porque cuando son en casa no faltan las justificaciones.

2. Otro tema que ha cobrado beligerancia recientemente es el reclamo de los sectores empresariales al gobierno, por la conducción económica del país. El líder de la Coparmex lo expresó de la siguiente forma: ``no ha cambiado nada: continúan las conductas erróneas y los malos hábitos del gobierno; no se han reforzado las instituciones, no se ha fortalecido la planta productiva ni ha cambiado el modelo de relación entre empresarios y trabajadores, y mucho menos la correlación entre los partidos y el gobierno'' (Carlos Abascal, La Jornada, 8/IV/96). Unos días después, la Concanaco también estableció su opinión crítica al señalar que: ``El rumbo de la actividad económica no muestra mejoría, los indicadores sectoriales son de franca desaceleración y ello, aunado al descenso de la demanda y de la inversión privada, refleja que la reactivación es aún inexistente'' (La Jornada, 12/IV/96). No es un ejercicio inútil hacer un recuento de las veces que las autoridades han declarado que la recuperación ya va a llegar o incluso que ya está entre nosotros y se comprobará que prácticamente no ha habido una semana en la que el presidente Zedillo o el secretario de Hacienda no hayan incurrido en ese discurso. En esta ocasión, los quejosos no son los impugnadores ni los críticos del modelo, sino los que lo han apoyado de forma permanente. El problema político se da porque un proyecto de desarrollo se construye en consenso con los agentes económicos y con los principales actores. A estas alturas del sexenio, después de casi 17 meses, parece que ya les quedó claro a los empresarios que una cosa es el discurso y otra la realidad. Es el curioso caso de un gobierno que tiene la razón y una sociedad que está equivocada.

3. En las reformas anticrimen se ha establecido una polémica, porque se pretende combatir el crimen con cambios absurdos, como el espionaje telefónico que abre una gran compuerta para las violaciones de derechos individuales y para la intimidación social; o la reducción de la edad penal de 18 a 16 años, que ya se ha demostrado que no contribuye a la solución. El mismo ombudsman del Distrito Federal, Luis de la Barreda, hizo una crítica en la Asamblea de Representantes a los factores ambiguos y riesgos de esas reformas. Esta reforma es sin duda una puerta falsa, al igual que la militarización en el combate a la delincuencia, pero al parecer no hay mucha voluntad gubernamental para lograr consensos y lo más probable es que la reforma se apruebe en la Cámara de Diputados.

Y mientras la sociedad espera los resultados del proyecto de reforma electoral, los desencuetros entre el gobierno y la sociedad nos llevan a un clima poco optimista. Cuando las posiciones se vuelven tan duras que ningún hecho puede modificarlas, entonces estamos frente a una polarización de intereses, que a su vez, puede anunciar un rompimiento.