79 acuerdos para la reforma electoral

Salvador Guerrero Chiprés Después de cuatro meses y medio de negociaciones los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) acordaron impulsar en el Congreso 28 modificaciones constitucionales y 79 acuerdos para reformas electorales que constituyen la conclusión ``de la primera fase'' de la reforma política del Estado en lo que respecta a la reforma electoral. En relación con la reforma política de la capital del país, respaldarán 11 acuerdos para igual número de reformas.

En aquellos puntos sobre los cuales persisten divergencias la integración del Legislativo, aspectos de la reforma de la capital del país, específicamente la designación de delegados y el referéndum limitado, o no han sido tratados tipificación de delitos electorales, fiscales electorales, los dirigentes resolvieron ante Gobernación acudir a consultas en sus propias organizaciones para redefinir posturas que defenderán directamente en el Senado y en la Cámara de Diputados y atender una próxima convocatoria a la ``mesa central'' cuyos representantes entregarán las conclusiones a las fracciones parlamentarias.

Presentación de acuerdos en Gobernación. Alberto
Anaya (PT), Santiago Oñate Laborde (PRI), el
subsecretario Arturo Núñez Jiménez y Porfirio
Muñoz Ledo (PRD). Foto: Francisco Olvera

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió por la tarde un escueto comunicado en el que califica ``los acercamientos'' del PRI, PRD y PT dados a conocer de ``enunciados generales que conforman una mezcla de buenas intenciones con propósitos confusos e incluso antidemocráticos que dicen sus autores habrán de explorar''. La dirigencia de ese partido considera que el documento presentado no constituye propuesta alguna de reforma y que si de lo anterior surge alguna iniciativa de ley, en su oportunidad dará a conocer su postura.En mayo, adelantaron los dirigentes del PRI, PRD y PT, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar todas las leyes reglamentarias que sean necesarias.

Entre los acuerdos se incluye la formalización del término de la etapa de la afiliación corporativa a la que acudieron durante décadas centrales obreras, campesinas y de estratos medios del PRI.

Arturo Núñez Jiménez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, encabezó la ceremonia en que los acuerdos se presentaron, acompañado por los líderes nacionales de los tres partidos.

Consideró que se ``avanza de manera significativa en la reforma definitiva planteada por el Ejecutivo, en el marco del eje vertebral de su acción política''.

En la sesión de preguntas, Núñez Jiménez consideró lamentable la ausencia del PAN en la mesa de la reforma electoral. La decisión, dijo en conferencia de prensa en el Salón Juárez de Gobernación, ``corresponde al ámbito libre de su acción''.

Quienes llegaron a los acuerdos representan 70 por ciento del electorado, recordó significativamente durante su intervención el dirigente priísta Santiago Oñate Laborde.

Entre las conclusiones alcanzadas en la mesa para la reforma electoral se encuentran los consensos relativos al replanteamiento de la justicia electoral como una especialidad de la actividad del Poder Judicial; la nueva integración del Instituto Federal Electoral (IFE) sin presencia del Ejecutivo ni del Legislativo; la incorporación del principio de equidad para financiamiento de campañas y acceso a los medios de difusión electrónicos; la reglamentación de la figura del referéndum, y una ley específica de iniciativa popular que extendería a la ciudadanía la facultad de impulsar leyes.

El 70 por ciento de los recursos económicos y el espacio de difusión en radio y televisión se distribuirá de acuerdo con la fuerza electoral de cada partido en tanto que el 30 por ciento restante se asignará según ``un criterio inverso''.

Los dirigentes y representantes del PRI, PRD y PT convinieron en defender en la Cámara de Diputados la fijación del umbral de la votación para conseguir registro como partido, en 2 por ciento de los sufragios, mínimo para tener representantes en ese cuerpo del Legislativo.

De formalizarse en el Congreso la disposición de apoyar los acuerdos, las campañas presidenciales reducirán su duración al pasar de 155 días a 120; las de senadores serán de 90 días y las de los diputados federales no rebasarán los 75.

El nuevo régimen financiero al que se sujetarían los partidos impediría realizar aportaciones anónimas a sus finanzas y posibilitaría auditorías externas a esas organizaciones políticas.

Oñate Laborde consideró cerrado ``un capítulo'' en la reforma política del Estado: ``No será este el único en que se esforzará el PRI, es un paso decisivo para pasos de mayor aliento y más largo tranco para que el gobierno se ejerza en beneficio del gobernado''. Calificó de ``singular'' el conjunto de acuerdos por su contenido y la forma en que se llegó a ellos ``más allá de egoísmos y enamoramientos con los proyectos propios''. Celebró ``la compañía'' del PT y el PRD en el proceso e hizo votos por contar con la del PAN en la etapa de discusión camaral.Porfirio Muñoz Ledo, dirigente nacional del PRD, resaltó que la conclusión ``de esta primera fase'' demuestra que pudo actuarse ``de cara ante la opinión pública''. Precisó que de los 15 puntos propuestos por el PRD, 12 se referían a la cuestión electoral y que de ellos 10 fueron satisfechos. ``Falta definición más precisa del uso de los emblemas nacionales'', añadió.

Sobre el particular, Oñate Laborde indicó que para los priístas está vigente el ``principio de antigedad'' en el uso de los colores de la bandera nacional, así como la comparación con legislaciones de otros países en donde es un bien jurídico a tutelar el logotipo de un partido. Otros podrían utilizar los tres colores ``siempre y cuando no generen confusión en el elector'', indicó el priísta.

Alberto Anaya, representante del PT, consideró que quedó diseñada ``la reforma electoral del siglo''. Habló de que implica ``una verdadera revolución política'', que la ciudad de México podría convertirse en una de las más democráticas del mundo, y consideró que han fracasado quienes apostaron a que no se lograrían los consensos y la reforma en que desembocarán.

Modificaciones constitucionales PRI, PRD y PT buscarán en el presente periodo ordinario de sesiones que el Tribunal Federal Electoral (TFE) sea un órgano del Poder Judicial federal. Se conformaría una sala superior con ministros electorales y por salas integradas con magistrados electorales. Ambos tipos de funcionarios serían designados por una mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Se establecería la ``acción de inconstitucionalidad'' de leyes electorales federales y locales, así como la ``acción por controversias constitucionales'' que serían resueltas por la Corte.

Los derechos a votar y ser votado serían protegidos por un nuevo instrumento aún no definido y ``distinto'' al derecho de amparo.

Habría mecanismos para el control constitucional de actos y resoluciones de autoridades electorales federales y locales.Incorporarán la afiliación personal a los partidos políticos en el texto del artículo 41 de la Constitución.

Instauración de la figura del referéndum para reformas que incidan en decisiones políticas de carácter constitucional.

La iniciativa popular sería una prerrogativa ciudadana incorporada a los artículos 35 y 71 de la Constitución.

Se modificaría el artículo 36 para permitir el voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero para elegir Presidente de la República.

Se establecerían en el artículo 40 los principios rectores de la organización electoral para legislaciones electorales locales, y en el 116 se precisarían las características de los órganos electorales correspondientes.

Se suprimiría la representación de los poderes Legislativo y Ejecutivo; en vez de consejeros ciudadanos habrá ``consejeros electorales'' con ocho años en su cargo, y se mantendría la representación paritaria de los partidos sin derecho a voto.

Los consejeros electorales se nombrarán por mayoría calificada en la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios.

El director general del IFE sería nombrado por dos terceras partes del mismo órgano legislativo a propuesta formulada por dos terceras partes de los integrantes del Consejo General del Instituto.

El Consejo General del IFE y el Tribunal Electoral remitirán a la Cámara de Diputados el cómputo de la elección presidencial. La Cámara hará el cómputo nacional definitivo de la elección y formulará la declaración correspondiente, ``la cual no tendrá efectos constitutivos'', se señala en el documento síntesis de los acuerdos.

En el artículo 41 se incluiría el ``principio de equidad'' en relación con el uso partidista de los medios.

En ese mismo artículo se establecería que en el financiamiento de los partidos se garantizará el predominio de los recursos públicos sobre los de origen privado.

Modificaciones legales Entre aquellas reformas reglamentarias que los tres partidos apoyarán, resaltan: flexibilización de los requisitos para formar coaliciones y presentar candidaturas de convergencia a la Presidencia de la República, diputados y senadores. En los dos últimos casos deberá registrarse como mínimo 11 por ciento de los candidatos elegibles.

En lo que respecta a la reforma política del Distrito Federal, se confirmó la constitución local de los órganos del legislativo, ejecutivo y judicial.

Ratificaron que se llamará ``gobernador'' a la máxima autoridad civil que lo será por un sexenio a partir del año 2000 y por única ocasión fungirá durante tres años quien sea electo por voto universal y directo en 1997, habrá diputados locales.