No se subsidiará ya a Minsa y Maseca, pero sí a los pobres: Rojas

Angélica Enciso, Matilde Pérez y Laura Gómez El gobierno federal retirará los subsidios a las empresas productoras de harina de maíz, como Maseca y Minsa, pero ``no dejará de canalizar recursos económicos a 29 millones de mexicanos pobres'', afirmó Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social, en entrevista con La Jornada.

Los lineamientos del nuevo programa social aún están en estudio. ``Estamos proponiendo que haya un ajuste en los términos de la inflación para mantener el nivel de los subsidios en los rubros de alimentación, salud y educación'', abundó.

El secretario Carlos Rojas se reunió con el director
general de esta casa editorial, Carlos Payán Velver,
e integrantes de la sección de Economía.
Foto: Frida Hartz

Sobre si tener 40 millones de pobres representa un problema de seguridad nacional, el funcionario aceptó que sí, pero esta política responde a un ``compromiso social''. No habrá un paso atrás en los subsidios, manifestó.

Cuestionado en torno a la posible desaparición de las lecherías de Liconsa y a lo que él mismo calificó como ``tarjeta de identificación'' (tarjeta inteligente), dijo: ``Estamos en el diseño del programa. Lo que puedo asegurar es que no vamos a cancelar ni los subsidios ni los recursos, y creo que las lecherías cubren un servicio fundamental''.

Respecto a la tarjeta, pidió que no se le calificara como pobremática o inteligente, porque, insistió, ``es sólo un instrumento de identificación y lo que hay que juzgar es al programa'', el cual es integral, ya que considera los aspectos de alimentación, educación y salud.

Explicó que se realiza una prueba piloto desde hace seis meses en Campeche, donde inicialmente el monto del apoyo, vía la tarjeta, era de 70 pesos para la adquisición de la canasta básica, ``pero la inflación redujo el valor del dinero. Ahora hay un problema en la asignación de los recursos porque esta cantidad resulta insuficiente.

``Tenemos que la despensa familiar, más la beca de solidaridad que se entregan a los niños, representan una tercera parte del salario mínimo, pero aún no podemos definir que esta será la cifra que se otorgará'', afirmó.

El monto del programa será definido de acuerdo al padrón único para leche y tortilla, en el que también se incluirán los desayunos escolares y los becarios de solidaridad. ``No vamos a dejar a nadie fuera, porque no se trata de una depuración''.

Para este año se destinarán 11 mil millones de pesos para estos programas, los cuales servirán para la dotación de 2.7 millones de desayunos escolares, distribución de leche para 5.4 millones de niños; otorgamiento de becas, despensas y atención médica a 800 mil menores; mantener el subsidio al consumo de la tortilla de toda la población y dar a 2.8 millones de familias gratuito ese alimento.

Adelantó que la tarjeta para otorgar los subsidios a la tortilla y a la leche será entregada, probablemente, a familias con ingresos menores a los dos salarios mínimos y que habiten en zonas con vías de comunicación, en tanto que las comunidades más aisladas entrarán en programas de ``apoyos generalizados'' y mecanismos diferenciados, pero sin un trato discriminatorio. La aplicación de estos instrumentos dependerá de las condiciones de infraestructura de cada una de las entidades.

Para dar transparencia al manejo de estos recursos y evitar que haya un manejo ``electorero'', se establecerán candados en la iniciativa de Ley de Desarrollo Social para evitar cualquier tipo de ``manipulación, desviación y perversión''. El establecimiento de la Contraloría Social, la asignación de los recursos al ramo 26 de los estados y su publicación, han sido ``actos de buena fe'', ya que no existe un sustento legal.

``Sería conveniente inscribirlos en un instrumento de carácter jurídico. El paso que sigue es que los municipios publiquen las obras que han decidido realizar; si logramos hacer esto en todos los ramos presupuestales habrá un enorme avance en los programas de alimentación, salud y educación. También se tendrá que definir la competencias entre los diferentes niveles de gobierno'', agregó.

Durante la entrevista, Rojas Gutiérrez presentó lineamientos generales del Programa Integral de Educación, Salud y Alimentación (PIESA), base de la política social de este gobierno. Pero no especificó sus mecanismos operativos; se limitó a exponer que, ``ineludiblemente, la política macroeconómica debe ir acompañada de una política social o condenamos a la población a ser albañiles o jornaleros''.

La crisis económica de 1995 tiene implicaciones profundas para la estrategia del presente gobierno. De hecho, con supuestos de un crecimiento del PIB de 3.5 por ciento para este año y de 5 por ciento para los años subsecuentes, para 1998 los niveles de ingreso serán similares a los de 1994 y será hasta el 2010 cuando logremos ingresos semejantes a los de 1981.

Al inquirirle qué pasaría en caso de que este escenario optimista no se presente, respondió: ``Yo creo que tenemos que partir de estos escenario macroeconómicos. Lo que requerimos es impulsar el crecimiento económico que nos lleve a tener mayores ingresos para la gente y un mayor número de empleos''.

Pero aceptó que ``el crecimiento económico y la ampliación de opciones sociales de acceso universal no son suficientes para asegurar que la población en extrema pobreza realmente vea incrementado su nivel de bienestar''.

En la ciudad de México se concentra la tercera parte de los subsidios, lo cual es injusto, ya que hay zonas rurales que no tienen acceso a ellos, por lo que en el PIESA se plantea una reorientación de éstos, señaló.

Los 18 programas de asistencia social que se encuentran dispersos entre las diferentes instituciones para combatir la pobreza extrema estarán integrados al PIESA, cuyas acciones están orientadas a 29 millones de mexicanos, ``que es la cobertura universal, mientras los programas focalizados beneficiarán a 23 millones, con el establecimiento de un padrón único''.

Actualmente ``hay familias que deberían recibir leche, tortillas y becas escolares, pero la mayoría de las veces recibe uno solo de esos subsidios. Por eso, la cobertura agregada son 29 millones y dentro de éstos existe sobreatención de algunas zonas como la del Distrito Federal y desatención en otras como Oaxaca y Chiapas; por ello, estamos verificando el universo de los programas para readecuar y llegar a la gente que estrictamente lo necesita''.

Ante la insistencia de que esta política es de exclusión, reiteró que ``nadie que sea merecedor del subsidio quedará fuera. Pero esto será determinado de acuerdo a las reglas que se fijen, las cuales todavía están en estudio''.

Precisó que la estrategia de desarrollo social del actual gobierno tiene dos grandes vertientes en su aplicación: la que se refiere a las políticas de acceso universal, que tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los mexicanos en materia de educación, salud, seguridad social y vivienda, en particular; y la superación de la pobreza extrema, que está dirigida a los grupos sociales que no pueden acceder a los beneficios del desarrollo.