En una de sus últimas apariciones en el Instituto Federal Electoral (IFE), el dirigente nacional del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) Rafael Aguilar Talamantes fue duramente censurado porque disponía del subsidio federal a su partido como si fuese patrimonio familiar e inclusive se pidió que se abriera una investigación penal en su contra. Sin embargo, la flexibilidad de la legislación electoral de nuestro país permitirá que ese personaje reciba todavía una buena cantidad de recursos del erario federal.
Esto es casi lo mismo que dar mayores cantidades de dinero del gobierno a un banquero que esté acusado de haber utilizado los recursos de su banco para beneficio personal, situación que, por cierto, según los conocedores de cuestiones financieras ya se ha dado.
Este será probablemente uno de los puntos más polémicos en la sesión de hoy del Consejo General del IFE, durante la cual además de conocerán con mayor amplitud los resultados del trabajo para la ``redistritación'' del país, como resultado de la cual el DF perderá varias diputaciones federales, que serán asignadas a otras entidades federativas.
La entrega de recursos públicos a los partidos políticos está prevista en el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) relativo al ``financiamiento público complementario por las actividades específicas que realicen los partidos políticos como entidades de interés público''. En otras palabras, se trata de resarcir a esas organizaciones parte de lo que gastan en educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales.
De conformidad con el criterio de los legisladores que promulgaron la referida legislación electoral, esas actividades contribuyen a fortalecer la conciencia cívica de los ciudadanos y por consecuencia merecen ser recompensadas. Sin embargo por el mencionado caso de Aguilar Talamantes y el PFCRN existen sospechas fundadas de que no todo el dinero que dedica el gobierno federal a fomentar las actividades de los partidos políticos se utilizan para ese noble fin.
Lagunas legales
Cuando se hicieron las denuncias respectivas, Aguilar Talamantes negó las acusaciones de beneficiarse personalmente de ese dinero, pero admitió que lo había depositado en una cuenta de cheques familiar.
Hasta ahora no ha recibido ninguna sanción, tal vez porque efectivamente no cometió ningún ilícito o también debido a lagunas en la legislación electoral que no prevén sanciones para estas irregularidades.
Conocedores del tema comentaron que, de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), además del mencionado PFCRN, estos beneficios económicos también serán para el PRI, PAN, PRD, PT y PVEM.
Los últimos cinco institutos políticos tienen registro oficial y están representados en algunas de las dos Cámaras del Congreso de la Unión o en la Asamblea de Representantes, como es el caso del Ecologista. Hasta allí no existe duda y tal vez ni siquiera inconformidad. De dónde entonces los derechos del PFCRN, que no está en ninguno de esos casos, pues no tiene registro oficial y tampoco presencia en alguno de los organismos públicos mencionados?La respuesta se deriva de lo que disponen los artículos 35 y 49 del multimencionado código electoral. En términos generales dicen que para perder su derecho a las prerrogativas económicas los partidos políticos deben tener menos del 1.5 por ciento de las votación total en dos elecciones federales consecutivas, pero los conservan aquellas organizaciones que superaron el 1.5 por ciento en unos comicios y en los siguientes rebasan el 1 por ciento de los sufragios, aunque pierdan el registro oficial.
Este es el caso del PFCRN que estuvo representado en la Cámara de Diputados por los resultados que logró en 1991, pero se quedó fuera a raíz del proceso de 1994, en el cual apenas rebasó el ``tope del 1 por ciento''.
Lo que se conocerá hoy en la reunión del Consejo General del IFE es el monto de lo que se asignará a cada partido por esas llamadas ``actividades específicas''. Cada organización debió haber presentado una relación de los gastos que hicieron para capacitación, programas de estudio y publicaciones. De lo que comprueben se les puede retribuir hasta el 50 por ciento.
El Consejo General del IFE podría otorgar algunas cantidades adicionales, pero se duda que el partido conocido popularmente como Ferrocarril pueda comprobar mucho trabajo en este apartado y tampoco tendrá la benevolencia de los integrantes de ese cuerpo colegiado.
La cosecha
El residente Ernesto Zedillo se unió a las voces de quienes censuran los actos discriminatorios y de abierta agresión en contra de los trabajadores migratorios mexicanos en los Estados Unidos. Su declaración al respecto la formuló durante la ceremonia solemne, efectuada en el Teatro de la República, en Querétaro, en la cual el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Jorge Madrazo censuró las agresiones contra manifestantes campesinos en Guerrero y Morelos y, además, también denunció las afrentas contra los trabajadores nacionales en territorio norteamericano...La Secretaría de Gobernación expidió ayer la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo e Información 1995-1996, en los géneros de noticia, fotografía o filme; reportaje; crónica o entrevista; artículo de fondo o comentario; caricatura, portada o cartón, y publicación o programa de divulgación cultural.
Las propuestas podrán ser formuladas por instituciones, organizaciones gremiales y sociales o en forma individual. Deberán ser presentadas por escrito, acompañadas del original y cinco copias de los trabajos, e indicar el género periodístico en que se concursa, así como el currículum que muestre la trayectoria periodística del participante.
Se considerarán los trabajos publicados o transmitidos a partir de mayo de 1995, los cuales deben ser enviados a las oficinas de la Secretaría Técnica del Consejo de Premiación, de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, en la calle de Abraham González número 48, en la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México.
Los premios, que consisten en una medalla, fistol, 60 mil pesos y diploma en cada especialidad, así como medalla, fistol y diploma para el medio de comunicación en que haya sido publicado el trabajo ganador, serán entregados por el presidente Ernesto Zedillo el 7 de junio...El Senado de la República aprobó con 101 votos a favor el dictamen de la minuta de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que establece las bases para la reordenación y modernización de esa dependencia con el fin de convertirla en un órgano ``digno y ejemplar en la procuración de justicia''.
De esta manera, el Senado manifiesta que el ordenamiento suprime la función del procurador general de la República como consejero jurídico del gobierno y reafirma la categoría de la PGR como órgano del Poder Ejecutivo Federal, integrado por el Ministerio Público Federal.
Asismo, se propone reglamentar con claridad y precisión las atribuciones de la PGR como representante de la federación en los negocios en los que ésta forme parte o tenga interés jurídico. Sobre las bases de la organización de esta dependencia, se reafirma que al Ministerio Público queda subordinada la Policía Judicial.
Dicho dictamen detalla y hace explícita cada una de las atribuciones que la Constitución asigna a la PGR, a la vez que busca encontrar su debido acotamiento y delimitación.