En los tiempos que corren existe rara vez la unanimidad, o al menos la coincidencia de un vastísimo número de opiniones. Esa excepcional situación parece haber surgido entre nosotros: expertos en materia jurídica, directivos de organismos defensores de los derechos humanos, miembros de la judicatura y hasta una buena gama de legisladores de todos los colores. El motivo? La iniciativa de ley contra la delincuencia organizada.

Esa ley, para configurar el conjunto, está precedida por otros cuerpos legislativos que fueron ya aprobados, por ejemplo la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y una serie de modificaciones al Código Penal y a otros ordenamientos como la Ley Federal de Armas y Explosivos. El conjunto tiene una dirección inequívoca: el enfoque represivo para combatir la delincuencia, y no el esfuerzo social y estatal para evitarla.

La discusión entre estos enfoques es centenaria, y probablemente milenaria. El hecho es que la historia nos prueba abundantemente que el enfoque represivo lleva inevitablemente al encadenamiento de los individuos y de la sociedad, y no a su paulatina educación y liberación.

El enfoque represivo está en la matriz de los totalitarismos y de los regímenes dictatoriales. Ese enfoque, cuando priva y se extiende en la sociedad y en los organismos que tienen ``el monopolio del uso legal de la fuerza'' (parafraseando a Max Weber), es por definición restrictivo cuando no violatorio de las garantías individuales y sociales y de los derechos humanos. Más aún: es un enfoque que fomenta un clima social de temor, desconfianza, delación y sospecha, y una actitud persecutoria de las autoridades y de desprecio a la ciudadanía. Su lema es, a la postre, ``todos son culpables mientras no prueben su inocencia!''.

Por supuesto que hay en México, en toda la República, una angustiosa preocupación por la inseguridad que se ha extendido. Y es verdad que resulta imprescindible atender ese clima de abandono e impotencia en que están hoy sumidos muchos mexicanos. Pero ciertamente a esa preocupación se añade ahora otra más grave: el de quedar a merced de cuerpos policiales reforzados y de leyes que los autorizan a reprimir más que a prevenir.

Porque tal es el problema real, la atmósfera que se auspicia desde el Estado y crece calladamente, deslizándose sin darnos cuenta en las entretelas de la sociedad: la violencia, no sólo por supuesto la violencia de los delincuentes sino la de las autoridades, la violencia con chapa, credencial y ahora con leyes de respaldo. La policía viendo a la ciudadanía como su enemigo a vencer, a humillar, a quebrantar.

Seamos serios: qué se hace realmente para frenar la arbitrariedad y el abuso de los cuerpos policíacos? Cómo evitar que toda intervención, prácticamente que toda presencia de esos cuerpos esté sujeta a una cuota? Hoy, las gentes están tan temerosas de cualquier injerencia suya como angustiados por su indefensión ante la delincuencia. En más de un sentido apenas se interpreta como ``otra'' forma de delincuencia.

Nuevamente es preciso regresar al origen del problema. Difícil de solucionar y a largo plazo, se me dirá, pero no los problemas sociales que se acumulan sólo pueden revertirse con un gran esfuerzo a lo largo del tiempo? La cuestión de fondo es que la comisión de delitos ha crecido exponencialmente en los últimos años debido, entre otros factores, a la angustiosa situación económica que viven los mexicanos. Esa es la raíz de la cuestión, esa es al menos parte de la sustancia del problema: el desempleo, la marginación social, la pobreza extrema que se amplía horrorosamente. (En cifras recientes, el INEGI la situaba en alrededor del 40 por ciento de la población total.)Mientras no se reanude el desarrollo y se abandonen las teorías económicas que condenan a la desaparición, al aniquilamiento y a la marginación a grandes grupos sociales, las leyes para combatir la delincuencia, como las que se instalan ya calladamente en el cuerpo de la nación, que debilitan gravemente nuestros sistema de garantías individuales y sociales, no sólo serán inútiles sino contraproducentes.

Escuchamos ya muchas voces de alarma: se extiende peligrosamente la militarización del país y el enfoque represivo y de controles para evitar no sólo la delincuencia sino la protesta y el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos humanos: libertad de asociación, de expresión, de manifestación, de circulación. Hoy es la legalización de la escucha telefónica y la aplicación de ciertas penas a los menores de 18 años y mayores de 16. Mañana que otras medidas se implantarán?En sigilo, sin demasiados aspavientos, se desliza ya entre nosotros otro tipo de poder público y de visión de la sociedad y sus controles: el represivo, que ha sido muchas veces la antesala de los regímenes totalitarios.