Crisis si se regresa la ley anticrimen al Senado, señalan diputados del PRI

Elena Gallegos e Ismael Romero El PAN adelantó que el voto de su fracción será a favor de que se aprueben las reformas constitucionales remitidas por el Senado y que darán sustento a la ley contra la delincuencia organizada, mientras que en el Revolucionario Institucional se da por cancelada la posibilidad de que éstas ``no pasen'' y se asegura que si los diputados las regresan a los senadores, se originaría ``una grave crisis al interior del Congreso''.

Para el PRD sería ``una terrible irresponsabilidad'' que se mande a una ley secundaria ``candados'' a disposiciones constitucionales. Jesús Zambrano dijo que son falsos los temores de que ``enmendarle'' la plana al Senado signifique ocasionar una crisis. ``Argumentar eso es aberrante, puesto que vivimos un sistema bicamaral y existen razones para que haya una cámara de origen y una revisora'', argumentó.

Frente al Senado de la República, tres mil barzonistas
demandaron congelar la iniciativa de reformas a los
códigos civil y mercantil. Foto: Víctor Mendiola

En tanto, un grupo de abogados priístas, entre ellos Jorge Moreno Collado, Eduardo Escobedo e Ignacio González Rebolledo, continúan trabajando en el proyecto de dictamen con el que pretenden salvar las diferencias, fundamentalmente en materia de intervención de comunicaciones privadas, e impedir que el paquete regrese al Senado.

El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Pérez Noriega, señaló que hasta conocer ese proyecto emitiría una opinión, pero que de entrada se antojaba difícil establecer ``candados'' a la Constitución en los enunciados de un dictamen.

El coordinador de la fracción panista, Ricardo García Cervantes, aclaró que aunque la posición es votar a favor de la iniciativa, muchos legisladores de la misma estarán en todo su derecho de ejecer el llamado ``voto de conciencia o de principios'' y manifestarse en contra.

Comentó también que en este periodo ordinario de sesiones ya no habrá tiempo para revisar la iniciativa de ley contra la delincuencia organizada cuya cámara de origen es también el Senado, aunque sí podrán pasar las reformas a los artículos 16, 20, 21, 22 y 73, que darán sustento a aquélla, siempre y cuando se hagan las precisiones correspondientes.

El legislador señaló que aún hay dudas entre los legisladores sobre el contenido de los cambios a los preceptos, por ejemplo en la parte relacionada con el espionaje de las comunicaciones privadas.

Pese a ello, dijo que la posición de la fracción es votar en favor de la iniciativa, aunque el voto de los panistas estará sujeto a dos modalidades: la decisión de la mayoría, que obliga a ausentes y disidentes, y el voto de conciencia o de principios, es decir, el de quienes por estas causas no coincidan con la mayoría.

Sobre el hecho de que en el Senado no se trabaje ya en el dictamen de la ley secundaria, Pérez Noriega explicó que ello se debe única y exclusivamente a que aún no se tiene el fundamento constitucional para hacerlo. Ello ocurrirá hasta que en la Cámara de Diputados se resuelva el diferendo y el paquete de cambios a la Carta Magna se apruebe por el pleno.

Trascendió que en el PAN, sobre todo entre los abogados de ese partido, existen serias reticencias a aprobar las reformas en los términos en los que fueron turnadas por el Senado, mientras que en el PRD Zambrano adelantó que si no se corrige la minuta y se hacen las precisiones del caso su partido estará ``definitivamente en contra''.

Por tratarse de modificaciones a la Constitución, se necesitan las dos terceras partes de votos a favor, por lo que la mayoría priísta no podrá sacar sola el paquete.

Zambrano consideró que se sentaría un pésimo precedente si se continúa por la vía de ``dictaminar compromisos para ser plasmados en las leyes secundarias'', ya que en todo caso en Derecho la primacía corresponde a la Ley Suprema, esto es, a la Constitución, y las autoridades federales podrían recurrir a ésta en caso de pretender intervenir las comunicaciones privadas.

El priísta José R. Castelazo mencionó la posibilidad de que se diera una crisis en el Congreso si se devuelve la minuta al Senado, y agregó que no sería saludable para la vida del país un enfrentamiento entre las dos cámaras, por lo que señaló que los priístas deben aprobar las reformas constitucionales.

En respuesta, el perredista Zambrano habló de la necesidad de que cada Cámara haga uso de su independencia y manifestó que lejos de ocasionar enfrentamientos, sería benéfico para el país que si la revisora encuentra errores en el texto remitido por la Cámara de origen, los corrija. ``Ello sería congruente con la reforma del Estado que todas las fuerzas dicen querer'', añadió.

Finalmente, el priísta Oscar Levín Coppel señaló que en cuanto a las intervenciones telefónicas, los diputados han tenido más tiempo que el Senado para emitir una opinión, además de que ya conocieron las posturas de los presidentes de las comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como de organizaciones sociales y juristas de gran renombre, cosa que no tuvieron los senadores.

Consideró que se pueden ``amarrar'' las modificaciones constitucionales a ``candados'', explorando la manera en que éstos queden plasmados en la ley secundaria, ``sin abusar de la buena fe del Senado''.

Sobre la iniciativa de ley contra la delincuencia organizada, Levín consideró que sería grave que ésta se convirtiera en el reglamento de la arbitrariedad y la impunidad de los cuerpos policiacos y que propiciara que el Estado abdicara a su obligación de dar seguridad a los mexicanos.

``Creemos que no es con la represión, como lo plantea el extremismo de la derecha, sino con la prevención, como se puede resolver el problema'', concluyó.