En los tiempos tan difíciles que vivimos hay motivos para una pausa festiva: el PRI, el PRD, el PT y el gobierno llegaron a acuerdos que apuntan hacia una verdadera reforma electoral.

Desde principios de los años sesenta el gobierno y los partidos han estado burlándose de nosotros con reformas electorales siempre insuficientes porque jamás reunieron los requisitos mínimos (esas son las ``reformetas'' y ``reformitas'' como agudamente las clasifica José Agustín Ortiz Pinchetti en su colaboración para La Jornada del 14 de abril). Preservaron el poder, a costa del descrédito de las elecciones.

Esa larga etapa está empezando a terminar. El martes 16 de abril el subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, y los presidentes del PRI, el PRD y el PT informaron haber llegado a 79 acuerdos sobre la reforma electoral federal y a 11 relacionados con el Distrito Federal. Los avances son reales y recogen peticiones que por décadas han planteado los partidos opositores, los movimientos ciudadanos y un buen número de periodistas e intelectuales.

Enumero algunos de los acuerdos más trascendentes: el Instituto Federal Electoral será, finalmente!, un organismo ``independiente y autónomo en sus decisiones''; el Distrito Federal tendrá gobernador elegido por votación ``universal, libre, directa y secreta''; la afiliación a los partidos políticos será individual (con ello se da un golpe serio a esa práctica de algunas organizaciones de afiliar masivamente a sus miembros); se otorgará el voto a los millones de mexicanos que residen en el exterior; se fijará un límite razonable a los gastos de campaña; y habrá un mejor acceso de los partidos a los medios.

Existen otros cambios que sin ser tan llamativos, transformarán la naturaleza de la lucha política en México. Por ejemplo, toda la publicidad de partidos en usos impresos tendrá que identificarse como tal. Con ello se dará un golpe mortal a la infame práctica de las engañosas ``gacetillas'' (propaganda política presentada como si fuera noticia).

De aprobarse las modificaciones a la ley habrá repercusiones de todo tipo. Si los mexicanos pueden votar en el exterior será mayúsculo el impacto entre las comunidades en Estados Unidos, lo que a su vez agitará una relación bilateral bien enredada.

Pese a que hay motivos para celebrar y a que sería mezquino no hacerlo, sería insensato concluir que ya terminó esa guerra que lleva más de 30 años y que triunfaron los ejércitos de la democracia. Existen todavía bastantes obstáculos por superar.

El más inmediato se vendrá en los próximos días en el Congreso. En San Lázaro tendrán que precisarse y aclararse algunos de los acuerdos ya alcanzados, y ésa será la arena para las maniobras que buscarán revertir o frenar las reformas.

Otra tarea será lograr que el Partido Acción Nacional (ausente de la mesa para la reforma electoral) se incorpore plenamente a la etapa de aprobación de la nueva legislación y le inyecte su perspectiva a las negociaciones sobre aquellos aspectos que todavía están pendientes (integración de las cámaras de Diputados y Senadores, ubicación de los centros de votación, uso de los colores patrios en los emblemas de los partidos, etcétera).

Para facilitar estas convergencias entre partidos deberán resolverse los conflictos todavía pendientes en Tabasco y en Huejotzingo, Puebla, en donde el PRD y el PAN tienen reclamos legítimos. Para cualquier proceso de distensión, indispensable para el consenso, ayudaría que los dirigentes de los respectivos partidos lleguen a una tregua en la descalificación mutua (pienso, por ejemplo, en las provocaciones innecesarias lanzadas por el presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, contra el PAN).

Falta, finalmente, que de aprobarse la nueva legalidad se cumpla con ella y la prueba de fuego serán las elecciones de 1997 (renovación del Congreso y nombramiento de las autoridades del Distrito Federal de 1997). Lo logrado puede desdibujarse si esas elecciones no son limpias y confiables. Y no será fácil por el deterioro de la economía y de las instituciones.

México necesita que esa reforma tenga éxito. De lograrlo, la próxima legislatura llegará con la enorme legitimidad que conceden las elecciones confiables. Las fuerzas en él representadas podrán, entonces, asumir la responsabilidad histórica de impulsar la reforma democrática de las instituciones que, por el momento, es todavía una aspiración. Pero eso corresponde al futuro; y sería masoquista no darnos una pausa festiva, por más pequeña que ésta pueda ser.