Ha transcurrido un año desde que el gobierno del Distrito Federal decretó la dudosa ``quiebra'' de la empresa estatal de transporte urbano Ruta-100. Lo ocurrido en este lapso nos da una radiografía, entre otras, de lo que es y lo que no es la política gubernamental de transporte público para la capital.

1. Las acciones gubernamentales están dominadas por el fundamentalismo neoliberal privatizador, irreflexivo y dogmático, sordo a las crecientes críticas de los distintos grupos sociales, sin sustento en análisis rigurosos del funcionamiento real de la ciudad, del movimiento de los agentes sociales y, sobre todo, de las necesidades de sus sectores mayoritarios. La ``quiebra'' de Ruta-100, incomprensiblemente se presentó como fórmula mágica para resolver el problema del transporte capitalino y se recubrió con un discurso demagógico. Hoy, el transporte urbano sigue dominado por la ineficiente, irracional y contaminante proliferación de combis y microbuses, ante la imposibilidad económica y política objetiva de reemplazarlos por grandes camiones, y la parálisis voluntaria del desarrollo de los medios de transporte estatal menos contaminantes y más racionales y eficientes: metro, transporte eléctrico y grandes camiones.

2. Las políticas se aplican autoritariamente, sin consulta previa a la sociedad y a los actores sociales directamente involucrados; sólo cuando éstos las rechazan y se oponen a ellas, se abre la discusión mediante procesos caracterizados por la presión oficial, la persecución selectiva, la compra de voluntades y la táctica de vencer a los opositores por cansancio y, en el caso de los trabajadores, por hambre. El sindicato de Ruta-100, con su larga lucha de resistencia, ha mostrado que los trabajadores, desempleados masivamente y empobrecidos por la política estatal-empresarial de degradación constante del salario, no están ya dispuestos a aceptar este método autoritario y pueden derrotarlo.

3. La legislación en su conjunto se aplica discrecional y unilateralmente. Se acusa a los trabajadores y las organizaciones de delitos que no se prueban fehacientemente y se encarcela a sus dirigentes sin juicio real, mientras algunas autoridades cuya culpabilidad, corrupción y enriquecimiento ilícito todo el mundo sospecha, siguen en libertad y las ``investigaciones'' anunciadas no tienen ningún resultado. Luego de la tortuosa negociación, se encuentra alguna fórmula pseudolegal para borrar las infundadas acusaciones, lo que muestra la verdadera naturaleza de la subordinación del aparato judicial al ejecutivo y el uso político de la ley. La actual negociación con el sindicato de Ruta-100 es sólo uno de los casos que muestran este esquema alejado de un Estado de derecho democrático (La Jornada, 12-IV-1996).

4. En una sociedad donde los ciudadanos carecen de instancias adecuadas y suficientes para la protección de sus derechos civiles, o éstos se consideran dádivas concedidas discrecionalmente por el poder ``benevolente'' y la mayoría de los ciudadanos no se asumen como tales y no defienden sus derechos, parecería que sólo la movilización social logra la defensa, casi siempre parcial, de los derechos sociales y humanos o la sobrevivencia, y el muy importante rescate de la dignidad cotidianamente pisoteada, cuyo sentido social y popular muchos integrantes de las capas dominantes desconocen. Sin embargo, su costo colectivo es un enorme sacrificio de los participantes, acciones callejeras de protesta para no ser ignorada, mala publicidad de los medios de comunicación controlados por el poder, y desgaste en negociaciones tortuosas.

La lucha del sindicato de Ruta-100 es, en muchos de estos aspectos, un verdadero laboratorio para analizar críticamente el momento actual de la relación Estado-sociedad en la capital y en todo México y para sacar lecciones para el futuro. Al hacerlo, hay que colocarla en la compleja trabazón de otros muchos procesos de defensa de los derechos humanos y sociales de los mexicanos que ocurren en Chiapas, Tabasco, Guerrero y Morelos ante la agresión del dinero y los gobernantes; en la frontera norte frente a la violencia xenófoba de las policías estadunidenses; o para preservar el patrimonio público amenazado por la privatización en la petroquímica, la seguridad social, etcétera.