Culpa Samper a las FARC; incendio en el oleducto trasandino

Efe, Afp, Dpa, Ap y Ansa, Santafé de Bogotá, 16 de abril Las guerrillas colombianas provocaron la muerte de 31 soldados y heridas a otros 21, durante una emboscada a un convoy militar en el departamento de Nariño, en lo que constituye el mayor ataque contra el Ejército colombiano en los últimos años de conflicto armado.

El gobierno del presidente Ernesto Samper condenó la acción de los rebeldes, atribuida a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A su vez, el Ejército calificó el ataque de ``tragedia'' y el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, dijo que se estudia llamar a las reservas ante esta ofensiva y ordenó el alistamiento en primer grado.

Informes militares indicaron que los guerrilleros minaron un tramo carretero, que hicieron estallar al paso de seis vehículos que transportaban a más de 50 militares de un puesto de vigilancia del Oleoducto Transandino en Puerres, en la frontera con Ecuador. Otros 46 artefactos sembrados no alcanzaron a estallar.

Luego de ese primer ataque, los guerrilleros hicieron disparos por todos los flancos contra el convoy, en una zona con tuberías del oleoducto Trasandino. Así, el oleoducto resultó afectado y se produjo un enorme incendio, por lo que muchos soldados murieron carbonizados y otros resultaron con graves quemaduras.

El oleoducto transporta diariamente unos 20 mil barriles de petróleo desde las selvas del Putumayo, en la frontera sur con Ecuador, hasta el puerto de Tumaco, en el Pacífico. El petróleo derramado ardía desde anoche, cuando se produjo el ataque, mientras las fuentes dijeron que la tropa realizaba labores de vigilancia del oleoducto al ser emboscadas.

Si bien el comandante de la Tercera División del ejército, general Mario Hugo Galán, responsabilizó de los hechos a más de un centenar de rebeldes, principalmente de las FARC, de los frentes 29, 32 y 48, otras fuentes castrenses señalaron que en la acción pudo haber participado también en forma combinada el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En las últimas semanas, las guerrillas han emprendido una fuerte ofensiva contra las tropas gubernamentales, pues apenas hace una semana declararon un ``paro armado'' que dejó una treintena de muertos, entre militares, rebeldes y civiles, e incluso se reportó que en las últimas horas de hoy hubo seis heridos en otra ataque cerca de Medellín.

El comandante de las fuerzas militares, almirante Holdan Delgado, quien señaló que la emboscada, en una zona selvática y montañosa, estuvo previamente planeada, aseveró que las fuerzas armadas no permitirán un recorte del presupuesto militar mientras no se logre ``reducir la inseguridad, la subversión y el narcoterrorismo''.

El presidente Ernesto Samper calificó de ``lamentable episodio'' el ataque en Nariño, que ``enluta a toda la sociedad colombiana'', e indicó que en las próximas horas su gobierno expedirá algunas medidas que facilitarán la acción de la fuerza pública en la lucha contra las guerrillas y la prolongación del estado de emergencia.

``Nadie puede considerar este tipo de acontecimientos como hechos de guerra porque simple y sencillamente son actos delirantes de barbarie, además de cobardes y terroristas'', aseveró el mandatario al reafirmar su enérgica condena por lo sucedido.

Juan Carlos Esguerra, ministro de Defensa, confirmó que una de las medidas de emergencia que se estudia es el llamado a filas de las reservas de las fuerzas armadas de hombres sin impedimentos físicos entre 18 y 50 años, para enfrentar el creciente desafío de las guerrillas.

A su vez, la Iglesia colombiana pidió reanudar los diálogos de paz para evitar este tipo de hechos. ``Hay que reconocer que estamos en guerra, y la solución es buscar una salida negociada al conflicto con la guerrilla'', apuntó el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Pedro Rubiano.

En paralelo, el grupo Dignidad por Colombia, que tiene secuestrado al arquitecto Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria, amenazó con cortarle un dedo a su rehén si en 15 días no son satisfechas sus demandas. El grupo pide la renuncia a la secretaría general de la OEA de César Gaviria, y de Ernesto Samper a la presidencia. El canciller Rodrigo Pardo, tras su tercera y última indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, admitió que la campaña electoral de Samper estuvo infiltrada por narcodineros, y pidió a la justicia que señala a los culpables