COMPROMISO PRESIDENCIAL

Al inaugurar el Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, que empezó ayer en Querétaro, el presidente Ernesto Zedillo expresó el compromiso de su gobierno con la promoción, defensa y vigencia de los derechos humanos en el país y en el mundo.

Por lo que respecta al primero de esos ámbitos: tras reconocer abiertamente la ``grave distancia entre la norma y la realidad'' que aún existe en México en materia de derechos fundamentales, y luego de reivindicar las demandas sociales en contra de la impunidad y por la plena vigencia de un Estado de derecho, el titular del Ejecutivo formuló un nítido deslinde con respecto de la violencia --``provenga de quien provenga''--, de las acciones ilegales y de las injusticias que, por desgracia, se perpetran en el país.

Ante la persistencia de los abusos de poder, los atropellos y las complicidades criminales enquistadas en los aparatos y posiciones del poder público, prácticas que día con día se realizan en contra de muchos ciudadanos, esta toma de posición del presidente otorga margen de acción y aliento a la promoción y defensa de los derechos humanos, actividades desarrolladas por los ombudsman del país, por organizaciones no gubernamentales y por luchadores y luchadoras sociales en forma individual.

La determinación manifestada por Zedillo de no ocultar las violaciones a los derechos humanos es, por otra parte, un factor que puede impulsar significativamente la lucha contra los impunes, en la medida en que las políticas de silencio son el caldo de cultivo y la condición primera para que se genere la impunidad.

En el terreno internacional, son dignos de mención los señalamientos presidenciales sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en territorio estadunidense en contra de extranjeros indocumentados -y sobre sus motivaciones políticas, en el contexto de las campañas electorales de este año-, la denuncia internacional de tales actos y las medidas de protección nacionales, bilaterales y multilaterales que el gobierno mexicano está proponiendo para procurar la defensa de nuestros connacionales en el país vecino: actividad diplomática y consular, promoción de una Convención Internacional sobre derechos de trabajadores migratorios y exhortaciones a Estados Unidos para que adopte y ratifique ese instrumento internacional.

En suma, el discurso presidencial de ayer fue una inequívoca, necesaria y saludable toma de posición del gobierno mexicano a favor de los derechos humanos.