Al inaugurar el Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, que empezó ayer en Querétaro, el presidente Ernesto Zedillo expresó el compromiso de su gobierno con la promoción, defensa y vigencia de los derechos humanos en el país y en el mundo.

Por lo que respecta al primero de esos ámbitos: tras reconocer abiertamente la ``grave distancia entre la norma y la realidad'' que aún existe en México en materia de derechos fundamentales, y luego de reivindicar las demandas sociales en contra de la impunidad y por la plena vigencia de un Estado de derecho, el titular del Ejecutivo formuló un nítido deslinde con respecto de la violencia --``provenga de quien provenga''--, de las acciones ilegales y de las injusticias que, por desgracia, se perpetran en el país.

Ante la persistencia de los abusos de poder, los atropellos y las complicidades criminales enquistadas en los aparatos y posiciones del poder público, prácticas que día con día se realizan en contra de muchos ciudadanos, esta toma de posición del presidente otorga margen de acción y aliento a la promoción y defensa de los derechos humanos, actividades desarrolladas por los ombudsman del país, por organizaciones no gubernamentales y por luchadores y luchadoras sociales en forma individual.

La determinación manifestada por Zedillo de no ocultar las violaciones a los derechos humanos es, por otra parte, un factor que puede impulsar significativamente la lucha contra los impunes, en la medida en que las políticas de silencio son el caldo de cultivo y la condición primera para que se genere la impunidad.

En el terreno internacional, son dignos de mención los señalamientos presidenciales sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en territorio estadunidense en contra de extranjeros indocumentados -y sobre sus motivaciones políticas, en el contexto de las campañas electorales de este año-, la denuncia internacional de tales actos y las medidas de protección nacionales, bilaterales y multilaterales que el gobierno mexicano está proponiendo para procurar la defensa de nuestros connacionales en el país vecino: actividad diplomática y consular, promoción de una Convención Internacional sobre derechos de trabajadores migratorios y exhortaciones a Estados Unidos para que adopte y ratifique ese instrumento internacional.

En suma, el discurso presidencial de ayer fue una inequívoca, necesaria y saludable toma de posición del gobierno mexicano a favor de los derechos humanos.

Los acuerdos iniciales para una reforma electoral, dados a conocer anteayer por la Secretaría de Gobernación y tres de los cuatro partidos políticos con registro, constituyen un importante avance hacia el establecimiento de una plena democracia en el país.

Destacan, entre los puntos de acuerdo divulgados, la propuesta de ``ciudadanizar'' por completo al IFE; otorgar el derecho a voto a los mexicanos que residen en el extranjero; dotar a la Suprema Corte de Justicia de las atribuciones para conocer de asuntos electorales; la reducción de requisitos para la formación de coaliciones; la mayor equidad en la distribución de recursos públicos a los partidos y la idea de que tales recursos sean mayores que los aportados por entidades privadas; la interdicción del anonimato de las aportaciones privadas a partidos y la posibilidad de que las finanzas partidarias puedan ser objeto de auditorías externas; el establecimiento del referéndum y de la iniciativa popular; mayores tiempos de acceso a medios; la formalización constitucional de la afiliación individual a los institutos políticos, así como el esbozo de un mecanismo más transparente para la calificación presidencial. Con respecto a la reforma política del Distrito Federal, cabe mencionar el avance democratizador que significa la elección, por voto directo, de un gobernador para la entidad.

Ciertamente, estos puntos no representan, por sí mismos, un modelo completo de la reforma electoral ``definitiva'' que propusiera el presidente Ernesto Zedillo y que tan urgente resulta para la estabilidad política y económica del país. Es necesario, entre otras cosas, que se logren acuerdos más específicos sobre la necesidad de fiscalizar el uso indebido de recursos públicos en campañas electorales, precisiones sobre la forma de combatir y perseguir delitos electorales, la proscripción del uso de los colores patrios por un solo partido o, en su defecto, la posibilidad de usarlos para todas las formaciones y propuestas más específicas sobre la elección directa de delegados en la capital.

Para avanzar de manera efectiva en la democratización, es preciso aquilatar en su verdadera magnitud el acuerdo logrado en esta primera y ardua fase de negociaciones, y evitar las polarizaciones. No es un proyecto acabado, pero tampoco un mero conjunto de ``buenas intenciones'' y menos un pacto antidemocrático, como lo afirma la dirigencia panista.

La participación de Acción Nacional en la reforma electoral es a todas luces necesaria. Tanto del lado del PAN como del de los otros partidos, es preciso que se abran canales de comunicación y se realicen gestos de distensión, a fin de generar un ambiente favorable para la incorporación de ese partido a los trabajos de la reforma, aunque sea en el ámbito del Congreso.

Del acuerdo con las modificaciones constitucionales y legales que concreten la reforma electoral, aún hay mucho por hacer. Cabe esperar que se ponga fin a la polarización de los partidos, que cesen los ataques y principalmente los ataques personalesentre dirigentes partidistas y se cree un clima de entendimiento que permita la consecución de consensos en los puntos que todavía están en discordia.