Miguel Angel Rivera
Clase política

``AAA. Se buscan presidente y consejeros ciudadanos para el Instituto Electoral del Distrito Federal.``Así podría empezar el anuncio que se guramente deberá insertarse en la mayoría de los diarios capitalinos una vez que se apruebe la reforma político-electoral para el Distrito Federal.

Uno los aspectos poco analizados acerca de los mencionados cambios es que, contra la tendencia general de disminuir los gastos del sector público y reducir la planta de personal al mínimo, tendrá que aumentar la burocracia porque se deberán duplicar organismos encargados de conducir los procesos electorales.

Esa duplicación tiene también su lado positivo, ya que creará cientos o tal vez miles de empleos; la razón es que, a semejanza del IFE, se tendrá que formar un grupo de profesionales de carrera, pues se supone que tener asegurado el empleo permitirá a los funcionarios electorales actuar con mayor autonomía.

La explicación de este fenómeno es muy sencilla: hasta ahora en el Distrito Federal sólo se realizaban comicios federales; por lo tanto, el órgano electoral federal (actualmente el IFE y anteriormente la Comisión Federal Electoral) se hacían cargo de los preparativos y de la conducción de las votaciones. Esto se debe a que los dos poderes que se integran por elección popular, el Ejecutivo y el Legislativo, están íntimamente vinculados a la administración pública federal.

El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, que nombra a un representante, el jefe del DDF; y el Poder Legislativo lo desempeña el Congreso de la Unión, aunque a últimas fechas cedió parte de sus atribuciones a la todavía joven Asamblea de Representantes (ARDF), que todavía no alcanza el rango de Congreso local.

Como consecuencia de la proyectada reforma electoral, ahora habrá dos instancias electorales en el Distrito Federal, como en todos los estados de la República, ya que el IFE se encarga, a través de sus consejos estatales, de conducir los comicios federales en los que se elige al presidente de la República y a los senadores y diputados, mientras que las votaciones locales para elegir gobernadores, diputados locales y presidentes municipales quedan bajo la responsabilidad de organismos estatales, ya sea que se denominen institutos o comisiones.

30 diputados federales, 40 locales

Si las elecciones federales y las locales fueran idénticas tal vez no habría impedimento para que las mismas autoridades organizaran y condujeran los dos procesos al mismo tiempo; sólo se tendría que añadir una urna a cada casilla (para la elección de gobernador del Distrito Federal), pues las que antes se usaban para designar a miembros de la ARDF ahora serán para elegir diputados locales.

En apariencia, sumar un recuento más al trabajo de los funcionarios de casilla parece una cuestión menor; sin embargo, los problemas serán de mayor dimensión, según se desprende de los lineamientos generales de la reforma para el Distrito Federal.

Por principio de cuentas, a partir de las elecciones de 1997 la capital del país estará dividida en 30 distritos electorales federales y 40 locales. Es decir, tendrá 30 diputados federales electos por el principio de mayoría y 40 diputados locales por el mismo principio, a los cuales se sumarán 24 de representación proporcional.

En la práctica, esta diferencia significa que en 1997 habrá dos redes distintas de casillas. En una se recogerán los votos de la elección de diputados federales y senadores y en la otra la de diputados locales y gobernador del Distrito Federal, que por única ocasión durará sólo tres años en el cargo.

Por cierto, esta diferencia plantea otro problema práctico: instalar en un mismo sitio las casillas para que los capitalinos participen simultáneamente en los dos comicios: los federales y los locales, con la finalidad de que no tengan que trasladarse de un puesto de votación a otro.

De allí podría surgir otra complicación que pondría en duda los resultados de los sufragios que es precisamente lo que se trata de evitar, pues habría diferencias entre los resultados de ambos procesos en cada casilla e incluso a nivel distrital, pues seguramente habrá casos de ciudadanos que sólo acusan a una de las casillas.

Una posible solución sería instalar casillas adicionales, conocidas como ``bis'', pero los partidos de oposición repudian este sistema porque estiman que se ha utilizado anteriormente para cometer fraudes electorales.

El Consejo General del IFE, que dirige en forma interina Agustín Ricoy Saldaña, por intermedio del Registro Federal de Electores, ya terminó los estudios técnicos para la distribución de los electores del Distrito Federal en 30 distritos federales y 40 locales. Los resultados de ese análisis se entregaron a los partidos políticos, que tienen hasta el 17 de mayo para hacer observaciones, pero hoy mismo podría haber un avance en la sesión del Consejo General del IFE. Una precisión: la asamblea se efectuará este jueves, y no ayer, como se publicó.

La cosecha

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de su dependencia Telecomunicaciones de México (Telecomm), publicará hoy la convocatoria internacional para la colocación en órbita de un satélite de comunicaciones que sustituya al Morelos II, cuya vida útil terminará a mediados de 1998. La licitación se hace desde ahora porque el proceso de construcción, lanzamiento y entrada en servicio del nuevo satélite requiere un plazo de 24 meses. El costo de este nuevo aparato se estima en 250 millones de dólares... Un nuevo caso de presunta corrupción judicial en Guerrero fue denunciado por el historiador Renato Ravelo Lecuona y su esposa Judith Rodríguez Garza. El juez tercero de lo penal de ese estado, Rolando Becerril Sotelo, absolvió a Omar Solís Reséndiz, miembro del sector juvenil del PRI, quien confesó haber violado a Irina Ravelo Rodríguez, de sólo 14 años. Diputados del PRD y del PAN denunciaron el caso en el Congreso de Guerrero, durante la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Jesús Araujo Hernández.