El Proyecto Pastoral 1996-2000 de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), titulado Jesucristo, vida y esperanza en México, es un documento de amplios alcances, en el que se presenta tanto la percepción que de la situación nacional tiene la jerarquía eclesiástica, como los lineamientos que ésta ofrece a sus miembros para dotar de un nuevo protagonismo social, cultural, político y económico a la Iglesia católica y adecuar su proyección a las nuevas realidades que vive el país. El documento debe ser objeto de análisis amplios y profundos. En lo inmediato, es pertinente mencionar algunos de sus aspectos generales.

Tras enumerar, en una sección titulada ``Desafíos y líneas pastorales'', las debilidades y fallas en la labor pastoral y evangelizadora de la Iglesia católica en México, así como sus dificultades para incidir en la transformación social del país, el documento presenta un severo y veraz diagnóstico político, social, económico y moral de la presente circunstancia nacional: intolerables extremos de miseria, crisis de credibilidad a todos los niveles ``especialmente hacia las instituciones gubernamentales y los protagonistas de la acción política'', inseguridad pública, impunidad, deficiente impartición de la justicia, deshonestidad y corrupción florecientes, salarios insuficientes, alza de precios, cierre de empresas, devaluación, ambulantaje, emigración, desintegración familiar, falta de libertad sindical, narcotráfico y drogadicción, discriminación y marginación de los indígenas, abandono y desprotección del campo, carteras vencidas, morbo y afán de lucro en los medios de comunicación, clientelismo político y electoral en la asignación de recursos, violaciones al derecho a la vida...

Ante estas realidades, la CEM plantea, entre otros, sus compromisos de promover la justicia social, asumir la opción evangélica y preferencial por los pobres, impulsar la democratización, pedir a los gobernantes una revisión de la política económica vigente, apoyar a los campesinos, respaldar los derechos de los migrantes, combatir la drogadicción mediante acciones de prevención, atención y curación de adictos y promover, por medio de la educación, el respeto a la ecología.

Los anteriores son, sin duda, propósitos loables y valiosos para el país, que expresan la determinación de la jerarquía católica de reforzar la presencia de su institución en los esfuerzos de los mexicanos para superar las actuales circunstancias adversas e inciertas.

En otro sentido, resulta significativa y destacable la determinación de los obispos católicos de ``estar presentes en el complejo mundo de las comunicaciones sociales y en diálogo abierto con las instituciones civiles, políticas, privadas y religiosas''.

Entre sus puntos negativos, el documento contiene un deplorable ataque a la educación laica, a la que presenta responsable de haber ``propiciado el divorcio entre la fe y la vida''. Asimismo, en el documento se maneja con una ambigedad injustificable el concepto de ``libertad religiosa''. Mientras que, por una parte, se afirma que ``la nueva situación legal de las iglesias en el país requiere de nosotros un cambio de mentalidad para educarnos en el deber y en el derecho a la libertad religiosa'', en otro punto se asevera que ``hay inconformidad e incertidumbre'' ante el estatuto legal vigente de las instituciones religiosas y que ``falta mucho camino por recorrer para vivir una cultura de la libertad religiosa''. Habría que especificar cuáles son las inconformidades de la CEM ante los ordenamientos legales que han dado pleno reconocimiento a las organizaciones religiosas y a quiénes les falta desarrollar su cultura de la libertad. Porque en la historia del país la principal promotora de la intolerancia ha sido, justamente, la Iglesia católica.