Barzón: amparos colectivos si se aprueban leyes contra deudores

Elena Gallegos e Ismael Romero Luego de señalar que la iniciativa del Ejecutivo para modificar códigos y leyes --para, entre otras cosas, ``simplificar'' los procesos de juicio y remate de bienes entablados contra los deudores-- contiene graves violaciones a las garantías constitucionales como el derecho a ser ``oído y vencido en un juicio'', El Barzón advirtió a diputados priístas que en caso de que esas reformas se aprueben, se presentarán ``amparos colectivos''.

Dirigentes del Barzón, encabezados por Alfonso Ramírez Cuéllar, sostuvieron reuniones con legisladores de las comisiones de Hacienda y Programación para solicitarles aplazar el debate y aprobación de esos cambios al Código de Procedimientos Civiles, Ley Orgánica de Nafin y Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, y les plantearon la necesidad de que se abra un periodo de reflexión.

Según sus declaraciones, en el encuentro al que asistió el presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta Francisco Suárez Dávila, los barzonistas pidieron que se escuche a los colegios de abogados y se evalúen las propuestas que han hecho para solucionar el asunto.

Aclararon que, contrariamente a la imagen que se les ha querido imponer, ellos no son simpatizantes de la cultura del no pago, pero no permitirán que la usura los despoje de sus bienes.

Entrevistado en el Palacio Legislativo, Ramírez Cuéllar explicó que la aprobación de ese decreto de modificaciones desencadenará la realización de ``juicios sumarísimos'', en los cuales en una sola audiencia se valorarán los argumentos de las partes y el juez dictará sentencia. Esto es, la ratificación del embargo o el remate de bienes, lo que podría afectar a casi 4 millones de usuarios de crédito que han caído en cartera vencida.

Dijo que de acuerdo con los últimos reportes de las empresas consultoras, tan sólo en el Distrito Federal se han realizado por ese problema 370 mil juicios mercantiles y que en el resto del país suman un millón. Se calcula que más del 90 por ciento de las sentencias emitidas ha favorecido a los acreedores.

Entre los puntos contenidos por la iniciativa del Ejecutivo, Ramírez Cuéllar destacó que en la actualidad las notificaciones para el embargo, demanda o remate, se hacen por escrito y deben ser entregadas al afectado, la propuesta es que éstas puedan realizarse hasta por teléfono o por fax. De esta manera el deudor queda en la indefensión, porque se puede asegurar que recibió la notificación y se le puede declarar en ``rebeldía'' si no se presenta a la audiencia en cuestión.

Todavía más: los nuevos contratantes de crédito entrarán a un esquema de fideicomisos. Esto es, serán el fideicomitante y así los bienes que ofrezcan en garantía --que serán parte del fideicomiso--, se podrán rematar sin trámite alguno cuando se caiga en cartera vencida.

En el caso de Nafin, al legislar para que las consignaciones a capital ya no se hagan exclusivamente ahí y que los depósitos se efectúen ante los tribunales, los que a su vez los harán llegar a los bancos, se dificulta a los deudores cumplir con estos pagos y se les deja en una situación más vulnerable.

Mencionó al respecto que ya tienen problemas para adquirir los ``billetes'' para las consignaciones, y reiteró que tan no son simpatizantes de la cultura del no pago que miles de integrantes del movimiento efectúan, mes con mes, pagos en Nafin. ``Sólo en Nuevo León y el Distrito Federal, de junio del año pasado a la fecha, han depositado entre 27 y 30 millones de pesos en esa institución.

El dirigente de los barzonistas estableció que con el argumento de una justicia pronta y expedita, lo que en realidad se pretende --''así lo dice la exposición de motivos''-- es desalentar ``las defensas y las demandas'', y amarrar garantías a la parte acreedora.

Ramírez Cuéllar repitió que lo que subyace, además, es la intención gubernamental es ofrecer garantías a los posibles compradores de cartera vencida, puesto que existe el proyecto de bursatilizarla. ``Sin embargo, no vemos que haya cola de compradores de cartera vencida, por lo que creemos que es posible que se posponga la aprobación del decreto hasta tener las opiniones de los especialistas'', insistió.

Los barzonistas se han estado entrevistando con legisladores de todos los partidos. Sostuvieron una larga charla con el panista Juan de Dios Castro quien, a decir de los barzonistas, consideró que tal y como estaban planteadas las modificaciones tenían un carácter regresivo y violatorio, por lo que su partido no las avalaría.

Ramírez Cuéllar dijo también que en amplios sectores del PRI hay una gran ``sensibilización'' respecto al problema de los deudores, y criticó el hecho de que al tiempo que había una mesa de negociación en Bucareli para tratar de dar salida al asunto, el presidente Zedillo y el gabinete económico prepararon este paquete para ``cerrar la pinza en contra de los deudores''.

Por lo pronto ellos continuarán sus intercambios con los legisladores para insistir en el aplazamiento. Trascendió que ayer por la tarde diputados y senadores se reunieron en Donceles para hacer una primera revisión de la propuesta del Ejecutivo. El viernes se efectuará un audiencia pública en el Senado.

Finalmente, Ramírez Cuéllar advirtió que si esas modificaciones pasan llenarán los tribunales con demandas de amparo.