Creará el gobierno colombiano zonas especiales contra la guerrilla
Reuter, Ips, Efe, Pl, Afp y Ansa, Santafé de Bogotá, 17 de abril En tanto que el gobierno colombiano anunciaba su convocatoria de al menos dos contingentes de reservistas y la creación de zonas especiales para enfrentar a las guerrillas, aumentaron las críticas contra el presidente Ernesto Samper y se renovaron las presiones para que renuncie.
Luego de la emboscada del lunes por la noche de las guerrillas contra un convoy militar, que dejó 31 muertos entre los soldados y alrededor de una veintena de heridos, tanto los partidos políticos como la Iglesia católica y ex militares, entre otros sectores, pusieron en duda las acciones gubernamentales y criticaron acremente al presidente.
El arzobispo de Bucaramanga, monseñor Darío Castrillón, al tiempo que deploraba el ataque insurgente en el departamento de Nariño, con el saldo señalado, aseveró que ``la ingobernabilidad de Colombia es cada vez más evidente. No hay control ni seguridad, y los rebeldes están pescando en el río revuelto de la impunidad''.
Sectores militares en retiro, entre los que se cuenta el general Fernando Landazábal, dijeron que el ataque muestra la incapacidad de las fuerzas armadas para enfrentar la ofensiva guerrillera, que en lo que va del año se ha adjudicado 15 asaltos, con un resultado de más de 70 muertos. Esos sectores de plano estimaron que el Ejército está ``perdiendo la guerra''.
La ya difícil relación entre el gobernante Partido Liberal (PL), y el presidente, a causa de los dineros del narcotráfico infiltrados en la campaña samperista, se ahondó a raíz del ataque de Nariño, al criticarse lo ``absurdo'' que está ocurriendo en materia de orden público.
El dirigente del PL, Emilio Lóbolo, arremetió además contra el ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, por el manejo de la reciente ofensiva guerrilla, cuando negó que ``estaba pasando algo'', al minimizar los ``paros armados'' de la guerrilla y calificar de ``normal'' la situación de entonces.
``Cada vez que hay un ataque guerrillero, las fuerzas militares, en vez de reforzar esas zonas de conflicto, trasladan la responsabilidad a la población civil, y deciden retirarse'', comentó Lóbolo, quien acaba de asumir la dirigencia del PL, y cuyo pronunciamiento fue interpretado como un mayor distanciamiento con el presidente Samper.
La dirección del opositor Partido Conservador (PC), se sumó a la oleada de críticas contra el gobierno samperista, al señalar que la tercera prolongación del estado de sitio, por 90 días, no resolverá la aguda crisis política nacional ni los crecientes problemas de inseguridad.
El presidente Samper anunció en la ciudad de Ipiales --donde acudió al sepelio de los 31 soldados caídos en la emboscada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-- un decreto dentro del estado de conmoción interior, vigente desde el pasado 2 de noviembre, mediante el cual se crean zonas especiales en las que habrá restricción de armas y de circulación de los habitantes.
En ese marco se anunció un aumento de las brigadas móviles para enfrentar los ataques rebeldes, y el otorgamiento de facultades especiales a los gobernadores para coordinar operativos contrainsurgentes. En cuanto a los reservistas cuya convocatoria se estudia, se estima que serán aproximadamente unos 10 mil.
Samper, quien en Ipiales visitó también un hospital donde se encuentran los soldados heridos, apuntó que el ataque de la guerrilla será denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el mismo tenor, subrayó que ``las organizaciones criminales y terroristas quedan notificadas de que el gobierno responderá de manera contundente a todos sus intentos de amenazar la estabilidad institucional''.
El presidente destacó que el Ejército estaba en ``pie de guerra'', y que se adoptarán otras medidas militares y legales que se consideren convenientes, al tiempo que se reportaba un nuevo ataque guerrillero, esta vez en Guaviare, con saldo de siete militares heridos.
A la par, en Santafé de Bogotá, las autoridades dijeron haber desactivado un coche-bomba con unos 100 kilos de dinamita que estaba a punto de estallar frente a una concurrida terminal de transporte terrestre. La policía indicó que se investigaba si las guerrillas están vinculadas con el atentado que se preparaba.
Mientras que Ecuador anunció que se encontraba reforzando su frontera con Colombia ante un eventual repliegue de guerrilleros de ese país, se informó que el congresista José Maya fue puesto en libertad por guerrilleros que lo habían secuestrado el domingo, y a quien habrían hecho portador de un mensaje.
En tanto la Iglesia católica, los empresarios y el ex ministro Fernando Botero acentuaron sus presiones para que Samper renuncie ante la crisis del narcoescándalo. Botero, actualmente en prisión, propuso a los militares un ``golpe técnico para defender la Constitución y el orden institucional, pervertidos por la corrupción de la clase política''