Miguel Angel Rivera
Clase política

Aunque tal vez ésa no fue la intención, el día de ayer pareció dedicado a los gobernadores que dejaron de serlo en el actual sexenio sin llegar a cumplir el periodo para el cual fueron elegidos.

Por principio de cuentas, el medio político nacional estuvo sacudido por la renuncia virtual del gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García. En segundo lugar, el Senado fue escenario de un intenso debate por la aprobación del nombramiento del ex gobernador de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, como embajador en Argentina. El tercer caso expuesto a la atención pública fue el del ex mandatario de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, cuya presunta responsabilidad en la matanza de campesinos en Aguas Blancas fue motivo de una prolongada sesión en la Suprema Corte de Justicia.

El aspecto más importante fue, sin duda, la confirmación de la renuncia del gobernador de Nuevo León. Un hecho sobresaliente por muchos motivos. Primero, por el hecho mismo de que un mandatario deje el cargo antes de concluir su periodo; segundo, porque Nuevo León es uno de los estados más importantes del país; tercero, porque Sócrates Rizzo es uno de los políticos más cercanos al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y cuarto, porque en la administración del presidente Ernesto Zedillo se repite el fenómeno siempre presente en la política mexicana, de que el titular del Ejecutivo federal se fortalece con la remoción de los gobernadores que no le son plenamente afines.

Toda la historia del México independiente está llena de ejemplos de enfrentamientos entre el titular del Ejecutivo federal en turno y gobernadores estatales no afines o francamente opositores. Y en la época más reciente, el presidente Lázaro Cárdenas acabó con el ``maximato'' de Plutarco Elías Calles, que comprendió acabar con el bloque de legisladores y gobernadores que respaldaban al ``caudillo''.

Después de ello, con altas y bajas, los subsecuentes primeros mandatarios hicieron diversos cambios en los gobiernos estatales para fortalecer los suyos. Hace poco más de dos décadas, entre la lista de los gobernadores desplazados estuvo Eduardo A. Elizondo, también de Nuevo León, como ahora Sócrates Rizzo.

El anterior fue uno de los sexenios en que hubo mayor movimiento de gobernadores. Ya fuera por conflictos o por promociones, se cambió a más de la mitad de los mandatarios estatales. Al mismo tiempo, el más reciente ex jefe del Ejecutivo federal procuró impulsar las candidaturas de hombres muy cercanos en sus afectos.

Caída anunciada

Una de las figuras relevantes en esa lista de gobernadores ``salinistas'' es el recientemente defenestrado Sócrates Rizzo García, quien nunca ha negado su amistad con el ahora tan censurado ex primer mandatario. Pero el neoleonés no llegó a la gubernatura sólo por la voluntad de su amigo, sino que tuvo que recorrer una larga trayectoria que incluyó ser diputado federal, presidente estatal del PRI, presidente municipal de Monterrey y, finalmente, gobernador.

Como resultado del proceso de democratización interna de su partido, Sócrates Rizzo se convirtió en ``conejillo de indias'', pues tuvo que afrontar un proceso de elección interna que sus contendientes tomaron muy en serio, al grado que las fricciones y luego problemas mayores en otros procesos de selección interna hicieron que se olvidara la llamada ``consulta directa a la base''.

El caso concreto de Nuevo León evidenció que las juveniles andanzas de Sócrates Rizzo en un grupo radical de izquierda no habían sido olvidadas por algunos grupos de poder que lo observaban con recelo y que sólo lo aceptaron por el evidente respaldo de Carlos Salinas.

En cuanto se desató la crisis de finales de 1994, empezaron las versiones de que caerían los gobernadores considerados ``salinistas'', y en esa relación Rizzo García siempre ocupó una posición destacada. A esos problemas de ``origen'' se sumaron las dificultades derivadas de la crisis económica y que en Nuevo León tiene repercusiones de gran consideración, desde los niveles más bajos de la sociedad hasta los reducidos grupos de grandes empresarios. Por la escasez de recursos oficiales, el gobierno estatal no pudo suplir la falta de otros demandantes de productos y servicios de las empresas neoleonesas.

Del otro lado, la administración de Rizzo García enfrentó problemas políticos y policiacos que tuvieron resonante eco en los influyentes medios informativos locales. Mucho se ha hablado de casos de corrupción y de tráfico de influencias, en el que inclusive se involucró a una hermana del ahora gobernador con licencia. Uno de los más comentados casos fue el del asesinato del abogado Leopoldo del Real, al parecer por instrucciones de funcionarios policiacos. También hubo un enfrentamiento con el vecino estado de Tamaulipas y con la federación por el aprovechamiento del agua de un río que cruza parte del territorio de los dos estados.

Con todo, fueron dos los problemas más notables de la interrumpida administración. Uno en el terreno político, por la elección de presidente municipal de Monterrey, en las más recientes votaciones estatales. Oficialmente fue declarado triunfador el candidato del PRI, pero luego se revirtió la decisión y se entregó el municipio al PAN. En su momento se habló de una concertacesión, a la que el gobernador se opuso abiertamente.

En lo económico, hay un grave endeudamiento. En opinión de Rizzo García y de sus allegados, la contratación de créditos se justificaba por la escasez de los recursos que reciben del erario federal. Pero con las actuales limitaciones en el ejercicio presupuestal, esas desviaciones se consideran como una falta muy grave. Por lo que se aprecia, Rizzo García, economista de profesión, no comparte los mismos criterios de sus colegas que conducen la política económica a nivel nacional.

La cosecha

Con el propósito de evitar ``puntos oscuros'' en relación con el proyecto de ``redistritación'' del país que puso a consideración de los partidos políticos el Registro Federal de Electores, el presidente del IFE y secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, propuso ayer y así se aprobó ampliar el plazo para que esos institutos políticos presenten sus comentarios el 1o. de junio, y no el 17 de mayo, como estaba previsto originalmente.