El fracaso de la Mesa de Barcelona pone una vez más de manifiesto que el gobierno ''de Zedillo'' se opone abiertamente a la transición democrática, y que no tiene más que un proyecto político: el de reciclar al ``sistema'' de Partido de Estado para conservar la ``mayoría'' en 1997.

1. El confuso, equívoco e impreciso documento de 21 páginas con las ``conclusiones alcanzadas'' por el gobierno y el PRD, dado a conocer precipitadamente en la Secretaría de Gobernación (15 de abril), constituye una burla para los mexicanos pues a) no es de ninguna manera un enlistado de acuerdos puntuales sino de ``conclusiones'', que en buena medida expresan desacuerdos y, sobre todo, porque b) muestra la ausencia de voluntad democrática del gobierno, que acepta cambios insignificantes pero no se compromete a gran cosa.

2. Las 79 ``conclusiones'' o (supuestos) ``acuerdos'', no todos aceptados por el gobierno, y que supondrían 27 modificaciones constitucionales y múltiples cambios legales, no configuran una reforma electoral ``democrática'', ni mucho menos ``definitiva'' como lo pretende la propaganda oficial. Constituyen, por el contrario, un confuso mosaico de acuerdos y desacuerdos mal expresados, pues junto con las propuestas mañosas de cambios legales (que no cambian nada de fondo), aparecen graves contrarreformas, que en su conjunto fortalecen la discrecionalidad del Ejecutivo y crean las condiciones para darle nuevo aliento al ``sistema''.

3. El país requiere en este final del siglo de una refundación del Estado, y después de 14 meses ``de negociaciones'', Emilio Chuayffet y Porfirio Muñoz Ledo han dado a luz a un nuevo ratoncito, en un verdadero ``parto de los montes''. De las llamadas ``reformas electorales'' que ha tenido México de 1946 a la fecha, ésta de 1996 es la más deplorable, quizá al mismo nivel que la de 1989-1990, porque al igual que aquella se planteó, enmedio de grandes expectativas, como una reforma ``definitiva''.

4. La situación política del país es de extrema gravedad, y sin embargo el gobierno no atina más que a darle nuevo aliento al ``sistema'' y nada aceptó para desmantelarlo. Los acuerdos, a) no tomaron en cuenta a los ciudadanos, cuyos derechos políticos permanecen sin estar tutelados y tampoco se ven ampliados; b) el presidencialismo no se toca y seguirá siendo la autoridad suprema en materia ``electoral''; c) el PRI conserva incólumes sus prerrogativas ilegales y podrá impunemente dilapidar los recursos públicos en sus campañas y utilizar los colores patrios; d) el subsistema electoral proseguirá en manos de la burocracia ``profesional'' del IFE, dependiente del Ejecutivo, que es un instrumento del fraude, y en consecuencia el ``sistema'' sale fortalecido, sobre todo porque e) nada se hizo en relación a los aparatos oficiales de desinformación y de manipulación, clave de su ``fuerza electoral'', ni f) para poner un alto a los delitos electorales, empezando por el Ejecutivo federal.

5. La propaganda oficial preconiza que las medidas pactadas suponen ``avances'', pero se olvida que a) no todo cambio legal es un avance, que b) en un régimen de Derecho los cambios deben ser claros y no dejar su precisión a la ley secundaria o a la autoridad, y que c) en un marco antidemocrático modificar lo secundario cuando lo esencial permanece bajo estructuras antidemocráticas no tiene relevancia. Decir que hay más garantías porque el Trife es ya un tribunal jurisdiccional, no vale pues en México el Poder Judicial está sometido por completo al Ejecutivo. Cambiar el modo de designación de los ``consejeros'' del IFE cuando el control del aparato sigue en manos de la burocracia oficial, es irrelevante. Establecer el referéndum cuando se le hace inviable, es una falacia. Pretender que se democratiza al DF cuando no se restablece el Municipio y se mantiene la injerencia presidencial es otro engaño.

6. Los retrocesos, en cambio, sí son muy claros, desde la organización del proceso hasta el financiamiento de los partidos, pero uno debe subrayarse: el que establece en un dos por ciento el umbral de votación requerido para que los partidos preserven su registro, lo que facilita la multiplicación de los partidos ``paraestatales'', consolidando a un sistema viciado que pervierte a la vida política.

7. La patética foto de la presentación de los ``acuerdos'' en Gobernación sintetiza la razón del fracaso: junto al subsecretario Arturo Núñez, aparecen el salinista Santiago Oñate (incondicional de Joseph-Marie Córdoba y de Carlos Salinas y ahora presidente del PRI), el también salinista Nati González Parás (subsecretario de Gobernación y hombre de confianza de Raúl Salinas Lozano) y Beto Anaya (presidente del PT y empleado de Raúl Salinas de Gortari). Y, junto a ellos, Porfirio Muñoz Ledo (presidente del PRD), con el rostro demudado por su derrota al creer que negociando solo con esos salinistas de poca monta podría si no acordar ``la transición'', al menos alcanzar algunos ``avances'' y sólo logró, a fin de cuentas, un acuerdo que no es otra cosa que un engaño más.

8. Las confusas modificaciones pactadas son resultado de un acuerdo PRD-gobierno, pero nada obsta para que el PAN pueda sumarse a ellas en el Congreso, ya que desde la perspectiva de los gradualistas (interesados) cualquier cambio a las leyes es un avance democrático. Esta ha sido la postura de los dirigentes ``de oposición'' que se han uncido al ``sistema'' y de quienes cada seis años se benefician del desastre político del país. No son de extrañar, por eso, los elogios de los ex ``consejeros ciudadanos'', los mismos que sirvieron de comparsas en el fraude de 1994, o de quienes cada seis años aplauden el cambio ``definitivo''.

9. El éxito del gobierno parece a primera vista muy grande, pues por un lado esta ``reforma'' no limita en nada la impunidad del ``sistema'', ni reduce las posibilidades para que el PRI pueda mantenerse de manera fraudulenta como supuesta ``mayoría'' en 1997. Y, al mismo tiempo, le permite a Zedillo lanzar una operación de propaganda sobre la (supuesta) limpieza de las elecciones, avalado ahora por el PRD: al igual que lo hizo Salinas hace seis años, convalidado entonces por el PAN.

10. La verdadera reforma política del país está, desde luego, por hacerse y no es como se ha demostrado en 1996 la que puede negociarse a espaldas de los mexicanos, sino la que se discuta por todos para poner fin al régimen actual.