La PGR obstaculiza procesos judiciales de deudores contra la banca, acusan abogados
Corresponsales Para oponerse a la iniciativa presidencial que reforma, adiciona o deroga ordenamientos legales que rigen entre deudores y la banca, barzonistas de Sonora e Hidalgo protestaron ayer frente a los Congresos locales, especialmente porque la ``ley Zedillo'' busca ``simplificar'' los procesos de juicio y remate de bienes entablados contra los deudores.
En Tonalá, Chiapas, miembros de El Barzón y de la Asociación de Deudores a Instituciones de Crédito tomaron la presidencia municipal durante unas cuatro horas, en protesta por los embargos que han realizado el Banco de Crédito Rural (Banrural) a ejidatarios de Nuevo Morelos y La Polka, quienes han sido despojados de casi 500 cabezas de ganado.
En manifestaciones que efectuaron primero en las calles y luego frente a las oficinas de Banrural, en donde incendiaron ataúdes, el dirigente de Adictoch, Pedro López Ayanegui, exigió la devolución de 289 cabezas de ganado embargadas a 50 de sus afiliados de Nuevo Morelos, en respeto a la sentencia judicial radicada en el expediente 889/92 del juicio mercantil.
Por su parte, El Barzón demandó la restitución de más de 200 reses embargadas a los ejidatarios de La Polka, por lo cual se encuentran sin recursos para trabajar y sobrevivir. Ambas agrupaciones exigieron al gobierno que castigue a la banca por usura.
Al grito de ``la Ley Zedillo no pasará'', barzonistas de Sonora se concentraron en Hermosillo y realizaron una marcha al Congreso local para solicitar que los legisladores ``analicen, interpreten y soliciten derogar'' la iniciativa del Ejecutivo federal.
Encabezados por la dirigente de la organización de deudores en el estado, Mónica Soto Elízaga, los barzonistas partieron de la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, al recinto legislativo y entre mantas y pancartas mostraron su rechazo a la iniciativa.
Una comisión de deudores de Hermosillo, Guaymas y Empalme fue recibida por la mesa directiva compuesta por legisladores de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y PT, quienes reconocieron ``las justas demandas'', y se comprometieron a dar curso a la petición de los deudores en las próximas sesiones.
Por su parte, un grupo de barzonistas de Hidalgo se manifestó frente a la sede del Congreso en Pachuca y pidió a los legisladores ``unirse a nuestra demanda'' y ``ante el riesgo de un estallido social que esa ley representa'', propusieron la reactivación de los sectores productivos y no apoyar a las instituciones bancarias.
Encabezados por Héctor Hernández Flores y Antonio Salim Saldívar, los manifestantes anunciaron que diez estudiantes de derecho miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios brindarán asesoría a los deudores embargados. Anunciaron también el servicio Barzontel, una línea telefónica que brindará asesoría a deudores, sean barzonistas o no.
Obstaculizan procesos contra deudores
La delegación en Puebla de la Barra Nacional de Abogados (BNA) acusó a la Procuraduría General de Justicia de obstaculizar los procesos judiciales de deudores en contra de instituciones de crédito, lo cual ha ocasionado que las demandas interpuestas ante agentes del Ministerio Público no procedan.
La presidenta de la agrupación, María de Lourdes Pérez Fragoso, explicó que en la entidad se han presentado 30 demandas penales en contra de diferentes bancos, ninguna de las cuales ha seguido el trámite adecuado pues ni se rechazan ni avanzan. En los procesos se involucra a diversas instituciones como Bancomer, Bital, Bancrecer y Banamex.
Refirió que a nivel nacional suman ya unas 130 mil las demandas interpuestas con resultados similares porque los juicios enfrentan dificultades, lo que hace suponer que las autoridades de las procuradurías estatales están coludidas con los banqueros y dispuestos a brindarles protección.
Esperan ofensiva bancaria
La BNA en Yucatán advirtió a su vez que se espera una ``ofensiva'' bancaria a fines de este mes, en donde se reanudarían más de 300 mil juicios de embargo contra deudores en todo el país.
En rueda de prensa, Miguel Castillo Martínez, presidente en el sureste de la BNA, manifestó que tan sólo en Yucatán continuarían por lo menos 20 mil juicios de embargo, de un total de 80 mil deudores de la banca.
El jurista se manifestó por la necesidad de establecer una mesa de diálogo entre deudores y directivos bancarios para buscar soluciones al problema entre las partes en conflicto.
Jesús Moreno, Carlos Camacho, Yolanda López, Luis Boffil y La Jornada de Oriente