Xenofobia en nueva ley antiterrorista de EU

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 18 de abril Los legisladores conservadores que habían fracasado en su intento por imponer nuevas medidas para acelerar la deportación de indocumentados mexicanos y de otros países latinoamericanos, lograron incorporar algunas de esas medidas a la legislación antiterrorista aprobada esta tarde por la Cámara de Representantes, informaron varios abogados de los derechos de los inmigrantes.

La legislación antiterrorista fue diseñada para promover fuertes penas contra los terroristas que realicen ataques con bombas y otro tipo de ataques políticamente motivados, pero varias medidas no relacionadas con el tema fueron agregadas al proyecto legislativo, incluyendo la aceleración de ejecuciones de condenados a muerte y más limitaciones a los derechos de los trabajadores indocumentados.

Un día antes del primer aniversario del atentado con bomba contra un edificio federal en la ciudad de Oklahoma, que causó la muerte a 168 personas, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto esta tarde por 203 votos a favor y 133 en contra y como ya fue sancionada por el Senado será enviado al presidente Bill Clinton para que lo promulgue en ley en los próximos días. Aunque la Casa Blanca indica que hay algunos desacuerdos, se espera que Clinton lo firmará y convertirá en ley.

``Esta es la peor versión del proyecto legislativo sobre inmigración'', explicó la analista Gail Pendleton, del Proyecto Nacional de Inmigración. ``Básicamente deroga toda la protección actual del proceso legal para los indocumentados''. Un resumen del proyecto legislativo proporcionado a La Jornada por la oficina del senador Orrin Hatch, promotor de las medidas migratorias, indica que si un agente del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) determina que una persona se encuentra en este país por fraude, una mala representación de los hechos, o no tiene los documentos requeridos, ese ``agente puede ordenar que el extranjero sea removido (del país) sin más audiencia o revisión (del caso)''.

Bajo la actual ley, los indocumentados son sujetos a una audiencia de deportación y deben ser presentados ante un juez de inmigración antes de su deportación. Efectivamente, en varios casos, bajo estas nuevas provisiones la única posibilidad de una revisión judicial es sólo ante un agente del SIN, la misma agencia que está promoviendo la deportación. En gran parte, estas nuevas medidas están diseñadas para limitar el derecho de los indocumentados a una revisión judicial de sus casos y circunstancias, facilitando así que los funcionarios del SIN puedan deportar sumariamente a las personas que detienen.

Por ejemplo, la legislación estipula que si un individuo solicita asilo político, tiene derecho a una audiencia ante un oficial de asilo del SIN, pero el inmigrante sólo puede pedir la presencia de un abogado si ese trámite ``no demora el proceso''.

Dan Kesselbrenner, director del Proyecto Nacional de Inmigración, consideró que las nuevas medidas podrían afectar a 85 por ciento de los indocumentados mexicanos que actualmente se encuentran en Estados Unidos. ``Lo que significa es que uno ya no tiene derechos, ya ni un juez de inmigración determina el caso'', declaró Kesselbrenner a La Jornada. ``Sería como si el fiscal fuera quien determina si uno es culpable o no'' y agregó: ``es un cambio fundamental en la forma en que se hacen las cosas''.

Como ejemplo, Kesselbrenner señala que en los últimos meses el SIN ha estado arrestando a muchos indocumentados en sus operaciones en fábricas. ``A veces, en el pasado, algunas de esas personas cuestionarían la forma en que fueron tratados. Ahora, en vez de tener una investigación independiente o una autoridad judicial investigando estas quejas, será un agente del SIN el que decide sus casos''.

El Gremio Nacional de Abogados (National LawyerÕs Guild), organización a la cual pertenece el proyecto de Kesselbrenner, también cree que la nueva legislación se dirige injustamente contra mexicanos y latinoamericanos. ``Hay dos formas de ser indocumentado'', explica Kesselbrenner. ``Una es cruzar la frontera, la otra es ingresar con una visa y quedarse más allá del limite de estancia autorizado. Ninguna de estas medidas draconianas son aplicables a la gente que se queda más tiempo del permitido''. Señaló que tradicionalmente muchos de los que llegan con visa y se quedan son europeos blancos.

Aunque Kesselbrenner subraya que estas medidas no deben aplicarse a nadie, agrega que ``no es accidental de que estén haciéndolo agente mayoritariamente de color, contra de gente de este hemisferio... El carácter discriminatorio revela el prejuicio continuo contra latinos, mexicanos y gentes de este hemisferio''.

La legislación también requiere que cualquier persona que ingrese a Estados Unidos de forma ilegal desde México o Canadá en tres o más veces, sea deportado a una región a por lo menos 500 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos.

``Esto es insultante al gobierno y pueblo de México'', afirma Kesselbrenner, y destaca que Estados Unidos y México acaban de iniciar un programa piloto de repatriación interior este mes. ``Por qué negociar un acuerdo sobre una base y dos semanas después hacerlo obligatorio y no por un periodo de prueba''.

Funcionarios de la administración Clinton cuestionados sobre esta legislación hoy se negaron a comentarla, pero varios indicaron que acababan de enterarse de las nuevas medidas esta semana, y que intentaban evaluar sus implicaciones para el trabajo del SIN y otras agencias gubernamentales.

Esta iniciativa, que se espera sera firmada en ley por Clinton en los próximas días, contiene algunas medidas para controlar e investigar incidentes ``terroristas'', pero también prevé otra serie de disposiciones ampliamente criticadas por los defensores de los derechos civiles. Una de ellas limitará la apelación de acusados por delitos estatales a los recursos judiciales federales. Más que nada, esta iniciativa tiene como fin acelerar el proceso para realizar ejecuciones.

Otras medidas de la iniciativa, en lo que se refiere a temas internos, incluyen la ampliación del poder federal para deportar a extranjeros sospechosos de ``terrorismo'' con base a pruebas y evidencia secreta y define como crimen el apoyo de cualquier ciudadano estadunidense a grupos que han sido calificados como ``terroristas'' por el gobierno estadunidense.

También prohibirá el ingreso a Estados Unidos de representantes de aquellos grupos definidos como ``terroristas'' por el gobierno, de esta forma --como lo señaló el editorial de este jueves del diario The New York Times -- se resucita una medida de los tiempos del macartismo