Demanda uno de los policías golpeadores de mexicanos al condado de Riverside, por violación de sus derechos humanos Campaña radiofónica en Miami y Washington invita a golpear a mexicanos En Washington, una mujer policía insulta e impide el paso al Capitolio a un miembro de la Cámara de Representantes, de origen puertorriqueño

Afp, Reuter, Ansa y Ap, Los Angeles, 18 de abril La mayoría de los estadunidenses considera ``injustificada'' la golpiza propinada por dos policías del condado de Riverside a tres indocumentados, según un sondeo dado a conocer hoy por el diario Los Angeles Times, mientras que uno de los uniformados golpeadores presentó una demanda en la que alega que sus derechos civiles han sido violados por los superiores que investigan el incidente.

El clima antinmigrante que se vive en Estados Unidos se extendió ya a los legisladores de origen latinoamericano. Luis Gutiérrez, descendiente de puertorriqueños y representante por Chicago, denunció este jueves haber sido víctima de ``insultos étnicos'' por parte de una agente ayudante del servicio de seguridad policial del Congreso, cuando intentaba ingresar al Capitolio junto con su hija y una sobrina.

``Váyanse de regreso al país de donde vinieron'', gritó a los tres, sin razón alguna, la agente Stacia Hollingstworth, que cumplía labores de seguridad en la puerta principal del Capitolio, en la capital federal.

La mujer se negó a aceptar la identificación parlamentaria de Gutiérrez --uno de los 18 representantes de origen latino en el Congreso--, mientras protestaba por las banderas puertorriqueñas que los tres portaban con ocasión de la celebración, en las cercanías del Congreso, de una ceremonia en honor al Estado libre asociado.

Hollingstworth siguió discutiendo con Gutiérrez, y debió intervenir un sargento de policía del Congreso. La mujer fue suspendida del servicio a la espera de una investigación interna, pero el vocero de la policía del Capitolio subrayó que se trata de un ``incidente aislado'', pues la misión de su servicio es ``asegurar que toda persona sea tratada con dignidad''.

Pero para el representante Gutiérrez, ``si alguien que es (de) una minoría puede ser tratado así a las puertas de la capital de nuestra nación, es un mensaje terrible''.

El hecho fue revelado en momentos en que parece tomar mayor fuerza la ola de medidas represivas adoptadas por Estados Unidos contra los indocumentados. En las últimas cuatro semanas, en 19 estados de la Unión, mil 133 latinoamericanos, en su mayoría mexicanos, fueron detenidos en sus lugares de trabajo y automáticamente expulsados.

En California, tras la golpiza a tres indocumentados mexicanos, filmada casualmente por un equipo televisivo en Riverside, la polémica sobre el asunto sigue candente. Una encuesta del diario Los Angeles Times reveló que 71 por ciento de los mil 374 consultados considera injustificada la golpiza, y 56 por ciento piensa que fue totalmente justificada. Sólo 12 por ciento atribuyó la responsabilidad del incidente a los indocumentados.

No obstante, la simpatía no es total. Más de la mitad de los interrogados se declaró en desacuerdo con la decisión oficial de permitir a esos inmigrantes permanecer en Estados Unidos por lo menos seis meses. Un 53 por ciento desaprobó la decisión, contra 40 por ciento que la aprobó.

Pero a esa encuesta se agregó una campaña antimexicana de la que dieron cuenta las radios latinas de Miami y Washington. Según esos medios, ``llamando a un teléfono habilitado por una empresa de beeper'' se escucha lo siguiente: ``Este es un mensaje de interés público del sheriff de Riverside (del que dependen los dos policías golpeadores) y la Patrulla de Caminos: si usted ve una camioneta color verde repleta de ilegales, deténgala, tome un bat de beisbol y un ladrillo y golpéelos hasta hacerlos mierda. Luego envíe sus culos Taco-Bell (nombre de una fábrica de tortillas) de regreso a México. Para más información llame al 1-800-TORTILLA. Se habla español''.

A todo esto, el policía Tracy Watson, quien se encuentra suspendido del servicio con derecho a pago tras haber sido filmado cuando golpeaba a los indocumentados en Riverside, presentó una demanda en la que alega que se le negó el derecho a consultar a un abogado y que se vio forzado a escribir un informe sobre el incidente, el cual ahora es utilizado en su contra.

Los demandados incluyen al condado de Riverside, funcionarios del departamento del alguacil de Riverside. Watson sostiene que, a resultas del incidente, necesita recibir atención médica por problemas emocionales, pero que el departamento se la ha negado, por lo cual exige una cantidad no especificada por daños y perjuicios