Cunde entre priístas el rechazo en voz baja al dictamen del proyecto anticrimen

Elena Gallegos e Ismael Romero Casi en silencio aumenta la inconformidad de los priístas por los términos en los que el Senado aprobó las reformas constitucionales que darán sustento a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Ayer trascendió que diputaciones completas de algunas entidades sostuvieron largas reuniones para debatir el tema, y para señalar que no pueden aceptar el texto que les envió la otra Cámara. Creen que pueden perfeccionarlo y que no debe existir temor a que sea regresado a los senadores; ``a fin de cuentas, por algo el procedimiento legislativo prevé el mecanismo de revisión''.

Sin embargo, muchos de los priístas prefieren mantener en reserva, hasta última hora, el sentido de su voto. El problema nodal gira en torno al artículo 16 constitucional, donde se autoriza la intervención de las comunicaciones privadas.

Otros como Carmelo Soto, no tiene ningún temor en admitir, que si bien es necesario reforzar los instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, la prioridad para los diputados es el respeto irrestricto a las garantías individuales de los mexicanos, lo cual de ninguna manera significa propiciar enfrentamientos entre las cámaras.

Soto dijo que el líder del PRI, Humberto Roque Villanueva, ha estado muy atento a las opiniones reflexivas o críticas que han externado los priístas.

El legislador de Ciudad Hidalgo explicó que él comparte la inquietud de muchos diputados y diputadas priístas. Señaló que si bien está a favor de una Ley contra la Delincuencia Organizada, lo que no puede avalar es que su combate afecte a los mexicanos, que tienen el derecho constitucional de no ser molestados en sus personas o pertenencias.

Para el priísta, es indudable que los diputados han tenido mucho más tiempo que los senadores para reflexionar en torno a lo que plantean dichas reformas, y dijo que aún es oportuno modificar el texto, ``porque no debe haber laxitud o flexibilidad en lo referente a las comunicaciones privadas. Aún podemos hacer correcciones''.

Insistió en que la lucha común de diputados y senadores es la de dar al Estado los instrumentos adecuados para que afronte con eficacia al crimen organizado, pero consideró que esto no debe implicar retrocesos en las garantías individuales, cuya conquista los mexicanos pagaron con sangre.

También quiso ser puntual al señalar que de ninguna manera la oposición de los priístas a que el texto pase tal y como les fue enviado por la otra cámara, no significa que estén a favor de una ley blanda contra la delincuencia; ``esto, si hay dolo se puede malinterpretarse, señaló. ``Dijo que erróneamente se ha pretendido hacer creer que esa oposición signifique un ataque a los senadores; ``nada más lejano a eso. El hecho de que haya una cámara de origen y una revisora, es precisamente para hacer las mejores leyes para la sociedad, y creo que en un asunto de esta naturaleza debemos ser claros y cuidadosos. La ciudadanía lo apreciará''.

Señaló además, que él asumía lo expresado sobre el mismo tema por diputados priístas, como Jaime Martínez Veloz, y sostuvo que su posición se derivaba del análisis profundo que han hecho muchos compañeros de partido y la ciudadanía de su distrito.

Por otra parte, trascendió que el grupo de priístas que pretende, por medio del dictamen, recabar los consensos necesarios para evitar que este paquete de reformas regrese al Senado, continúa trabajando, y que será hasta el lunes cuando el documento final quede terminado.

Otros diputados priístas, como Alejandro Rojas, quien por cierto adoptó frente a la aprobación de Afores una ``actitud mesurada'' (a decir de sus propios compañeros), contó que fue directamente con el líder, Humberto Roque Villanueva, para decirle que él será el primero que votará en contra de las modificaciones constitucionales que contienen la intervención de las comunicaciones privadas.

Luego argumentó: ``la libertad no se somete a votación'', y consideró que de aprobarse la ley, los diputados traicionarán al Constituyente, ``que no nos autoriza a someter a debate las garantías individuales de los mexicanos.

``El Constituyente insistió no nos otorgó a los representantes populares la facultad de reformar la Carta Magna violándola, dijo.

Votar la libertad, continuó Rojas, es atentar contra el Estado de derecho.

``A mi juicio, con este tipo de reformas y proyectos de ley, como la del crimen organizado, se descaran las pretensiones autoritarias de quienes gobiernan. Se les cae la careta'', manifestó.

Sobre la intención de la bancada del PRI, de que por medio de compromisos y candados establecidos en la exposición de motivos del dictamen que emitan los diputados, puedan salvarse las diferencias, Rojas consideró:``Eso no es posible. No pueden ponerse candados a la ley suprema en una ley secundaria. No somos cerrajeros. Es inconcebible que se piense que en una especie de fe de erratas se puede establecer cómo deben interpretarse las garantías constitucionales.

''Cómo pretenden que a través de recomendaciones se interprete la Constitución? No somos recomenderos. Este es el Congreso. Si nos atrevemos a aprobar eso, vamos a entrar en la ilegalidad. Cercenaríamos nuestra representatividad, de la misma manera que estamos cercenando la libertad de quienes libremente nos eligieron. Eso sólo pasa en los regímenes fascistas. Romperíamos el orden constitucional'', finalizó.