Si finalmente se aprueban en el Congreso de la Unión las reformas a la ley electoral convenidas por el PRI, PRD y PT en la mesa de negociaciones de la Secretaría de Gobernación, se dará un paso positivo hacia la meta de un sistema electoral creíble y por tanto más confiable. Sin regatear en modo alguno los esfuerzos de esos partidos para llegar a acuerdos, por ahora éstos, sin embargo, se encuentran en la esfera de las buenas intenciones y muy lejos de las expectativas creadas por los mismos partidos que al iniciar sus negociaciones se proponían una verdadera reforma del Estado. Además, hasta el momento en que los acuerdos se plasmen en reformas constitucionales y a la ley, pueden ocurrir cambios de opinión e imponerse otras, como las expuestas por la Secretaría de Gobernación (que juega en dos pistas) ya al día siguiente de anunciados los acuerdos de los partidos.

Pero aun como intenciones, el consenso de los tres partidos es insuficiente, pues no hay acuerdo en asuntos claves como es la forma de integración de la Cámara de Diputados, lo que hace prever que se mantendrá la sobrerrepresentación en la misma del partido, por ahora el oficial, que obtenga mayoría simple en una elección.

Asimismo, es inocultable la oposición de los tres partidos participantes en los acuerdos que comentamos, a idear y adoptar acuerdos encaminados a la creación de un verdadero sistema de partidos abierto a las diversas corrientes realmente existentes en la sociedad. Lo revela así el acuerdo de aumentar de 1.5 a 2 por ciento el porcentaje mínimo para que un partido afiance su registro y tenga representación en la Cámara. Lo anterior, junto con las condiciones impuestas por el IFE para que nuevas organizaciones políticas puedan obtener su registro condicionado y participar en las elecciones de 1997, cancelan en gran medida la posibilidad de que alguna formación política se incorpore al sistema de partidos y ejerza plenamente sus derechos.

Algunos de los requisitos requeridos por el IFE, como el de una membresía mínima de 9 mil afiliados, no están contemplados en la Constitución ni en la ley electoral. Y son difíciles de cumplir. En la práctica el IFE se arrogó la facultad de decidir qué partido tiene derecho a solicitar su registro condicionado, sustituyendo a los electores, quienes con su voto en todos los casos deben decidir qué partidos subsisten y cuáles no. Los integrantes de ese organismo electoral la hicieron de legisladores en lugar de concretarse, como se ha hecho en otras ocasiones, a demandar a las organizaciones que aspiren al registro condiciones mínimas, como su declaración de principios, programa político, estatutos y acreditar su actividad permanente. Es en su declaración de principios y en su programa donde las organizaciones demuestran ser representantes de corrientes distintas, y no reuniendo firmas de supuestos o reales afiliados. Esto último puede hacerse de manera artificial. Con el apoyo de políticos oficiales o del propio gobierno, en el pasado, y no está descartado que en el presente, alguna organización de la oposición leal o de los paraestatales pueda reunir no digamos 9 mil firmas de afiliados sino incluso las 65 mil necesarias para alcanzar el registro definitivo, si así conviene a la táctica oficial.

En la actualidad existen organizaciones que representan corrientes reales de opinión y merecen ejercer plenamente sus derechos electorales, por ejemplo el Partido Foro Democrático o el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Tienen un perfil ideológico y político definidos y realizan actividad permanente, aunque no la registren los medios sino esporádicamente.

Pero con los requisitos incluidos en la convocatoria mencionada, difícilmente estarán presentes en las elecciones del 97 con su propio emblema y candidatos, en caso de que soliciten el registro.

Muchos dirigentes políticos de los partidos con registro debieran admitir que no representan a todas las corrientes políticas con existencia verdadera en el país. A la izquierda, sobre todo, ha surgido en los últimos años un movimiento político plural, diverso, que no puede ni debe ser ignorado, que no tarda en exigir participación directa en la toma de decisiones. Obstaculizar esa posibilidad o preocuparse porque en las elecciones puedan participar decenas de partidos, como ocurre en no pocos países, poco tiene que ver con la democracia; por el contrario, son frenos a la misma.