Iba a ser la reforma del Estado, y no llegó a ser una reforma política; tampoco es la reforma electoral ``definitiva'' que prometió el entonces candidato que hoy ocupa la Presidencia de la República; ni siquiera es una lista completa de los cambios necesarios para hacer creíbles las elecciones. No es, ni remotamente, una reforma que despeje el camino hacia una vida democrática en México.

Tal y como se dieron a conocer los acuerdos para una reforma electoral entre los dirigentes del PRI, del PRD, y del PT, con la Secretaría de Gobernación, lo relevante del hecho es que con las modificaciones propuestas no cambia el sistema electoral, ni se mejora el sistema de partidos, y sí, en cambio, se fortalece un sistema político que no ha concluido su decadencia porque los partidos de oposición se lo han impedido. Ayer el PAN, hoy el PRD.

Cierto es que falta conocer cómo se traducen esos acuerdos en iniciativas de reformas legales, y cómo se presentan en su redacción final artículo por artículo para conocer su verdadero alcance, pero no menos cierto es que se han presentado como una lista de ajustes al mismo sistema electoral, que no suponen una concepción integrada de los cambios necesarios para, por ejemplo, iniciar un proceso democratizador. Una característica sobresaliente de los acuerdos propuestos es que se advierte un especial cuidado de los intereses de los partidos políticos, en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Se sigue ignorando intencionalmente que la base de toda elección y de toda representación en los poderes públicos debe ser el pueblo, los ciudadanos, y no las direcciones partidistas.

El acuerdo constituye más bien una tablita de salvación que los partidos ``firmantes'' le brindan al régimen político mexicano, y en especial al gobierno de Zedillo. Le permiten salvar momentáneamente su imagen política, y le dan oportunidad de respirar el resto del año, mientras las recetas económicas empiezan a dar algún resultado distinto al observado hasta ahora, aunque dicho resultado no vaya a ser mejor, ni favorable para las mayorías del país.

Paradójicamente, el resultado de la mesa de Gobernación confirma la pertinencia de que en Chiapas el diálogo se desarrolle con base en el temario propuesto por el EZLN. Hasta hace unas semanas, la delegación gubernamental que asiste a la mesa del Diálogo en San Andrés/San Cristóbal, había querido negar a la delegación zapatista, a sus asesores e invitados, el derecho a discutir los temas que se consideraban propios de la llamada reforma del Estado, porque se decía, esos temas eran exclusivos de los partidos políticos nacionales y ya se estaban tratando en la Secretaría de Gobernación. Después de conocerse los acuerdos a que llegaron esa Secretaría y los partidos políticos nacionales que participaron en su confección, el gobierno no puede ya sostener que los temas que conciernen a la reforma del Estado están siendo discutidos en otra parte con otros interlocutores.

El régimen político ya mostró cuán limitadas son sus propuestas acordadas con los partidos políticos, y no tiene argumentos para seguir impidiendo que en otras mesas, de otros lados, surjan las propuestas alternativas, más completas e integradas acerca de la democracia que se requiere en México.

La mesa II del Diálogo en San Andrés/San Cristóbal sobre Democracia y Justicia no está determinando sus ritmos, su contenido, ni sus alcances, por las fechas de las próximas elecciones federales, por lo que las propuestas y acuerdos que surjan de ese diálogo pueden ser verdaderas alternativas democráticas al régimen establecido. Cuando se revisan los acuerdos para una reforma electoral y se confrontan con otras iniciativas de ley como la del combate a la delincuencia, se percibe la importancia de concebir a la democracia íntimamente vinculada con la justicia.

Mientras se siga sacrificando a millones de familias mexicanas para cumplir con la insaciable ambición de los grupos financieros supranacionales; mientras se insista en abrir el paso a un marco jurídico represivo, y se siga recurriendo a excesos de las policías estatales para evitar que los pueblos expresen su descontento; mientras siga habiendo muertos identificados sólo por las siglas de su partido, y sigan manteniendo injustamente presos a los presuntos zapatistas; mientras se sigue recurriendo a las fuerzas armadas para intimidar a las comunidades indígenas y presionar a los delegados del EZLN en vísperas de cada nueva fase del Diálogo en Chiapas; mientras todo esto siga ocurriendo, la democracia como forma de vida y de gobierno seguirá ausente en México, y no habrá reformas electorales que puedan ser confundidas con cambios democráticos.