Indignación por la matanza en Brasil
Afp, Dpa, Ips, Ap y Ansa, Brasilia, 19 de abril Enmedio de generalizadas condenas y manifestaciones de protesta por la matanza de una veintena de campesinos en el estado de Pará, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó a los jefes de los poderes del Estado para analizar la manera de acelerar la reforma agraria.
El mandatario también ordenó el envío de tropas del Ejército a la zona de la matanza para ayudar en la búsqueda de cuerpos de otras posibles víctimas y aceptó la renuncia del ministro de Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira. No obstante, le pidió permanecer en el cargo una semana más mientras se designa a un sustituto.
El primer informe oficial del ministro de Justicia, Nelson Jobim, entregado al presidente, admite sólo 19 campesinos muertos, en tanto que para el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) el número de víctimas es de 23. Los informes indican que al menos hubo unos 50 heridos.
Todos los sectores políticos y sociales se declararon indignados por los hechos, pues los indicios señalan que se trató de ejecuciones indiscriminadas de campesinos y que, incluso, entre las víctimas habría numerosos niños cuyos cadáveres fueron ocultados por la propia Policía Militarizada (PM) de Pará, que cometió la matanza.
Mientras las autoridades prometían que se investigará a fondo para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, se informó que el Ejército no sólo ayudará en la búsqueda de cadáveres en El Dorado de Carajás, el sitio de la matanza, sino que por primera vez en este tipo de conflictos de tierras participará en las investigaciones.
Numerosos agentes seguían llegando al lugar de los hechos al tiempo que testigos, médicos asignados al caso, activistas de derechos humanos y hasta autoridades del ministerio de Justicia daban cuenta de la forma en que se cometió la masacre: las víctimas fueron acribilladas a sangre fría, por todos los costados y con tiros de gracia en la cabeza.
El presidente Cardoso afirmó que todos los implicados responderán judicialmente por sus actos. Señaló que no se podían ocultar en Brasil hechos de esta gravedad y que el uso excesivo de la violencia por las autoridades del estado de Pará es ``inaceptable e injustificable''.
El gobernador de Pará, Almir Gabril, quien pertenece al mismo partido de Cardoso, el Social Demócrata Brasileño (PSDB), aceptó que él fue el responsable directo de la orden de desalojo de los campesinos. Se trata de un grupo de unos mil 500 labriegos que bloqueaba una carretera en reclamo de solución a sus problemas.
Ante las críticas por no resolver el problema del campo, Cardoso convocó para el lunes a una reunión, con los ministros de Justicia y Agricultura, a los líderes del Congreso y al presidente del Supremo Tribunal Federal. El presidente quiere así acelerar la reforma agraria, tantas veces retrasada por diversas trabas y burocratismos.
Este día se efectuaron manifestaciones de estudiantes, sindicalistas y campesinos en Belem, capital de Pará, en el Distrito Federal y en los estados de Río de Janeiro, Espíritu Santo y Río Grande du Sul, en repudio a la política agraria del gobierno y la masacre de Pará. En Belem hubo choques de manifestantes con la policía.
En tanto que los principales periódicos brasileños destacaban con grandes titulares los sucesos de Pará, ocurridos el miércoles al anochecer, con calificativos de ``vergüenza'', la Iglesia católica se sumó al repudio y aseveró que sectores minoritarios poderosos se oponen a la reforma, mientras los poderes públicos siguen morosos.
La injusta distribución de la tierra en Brasil ha agravado el problema agrario, pues en los últimos 15 años se han registrado 33 masacres con un total de 220 muertos. El MST considera que en lugar de solucionar el problema lo que hay es ``una política de exterminio'' en detrimento de los campesinos que luchan por un pedazo de tierra.