Rechaza el gobierno propuesta zapatista de elección popular de jueces y fiscales

Rosa Rojas, enviada, y Elio Henríquez, corresponsal, San Andrés Larráinzar, Chis., 22 de abril Para evitar ``influencias perniciosas'', la delegación oficial en la mesa de San Andrés rechazó la propuesta de su contraparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el sentido de que debe haber elección popular de procuradores de Justicia, ministros y magistrados.

Al fijar su posición respecto a ese punto, que se trató en el grupo 5 sobre Justicia, Convivencia Social y Orden Jurídico, de la mesa 2 Democracia y Justicia, los asesores de la delegación del gobierno federal señalaron que resulta esencial mantener la integración del Poder Judicial de la Federación y de los estados, alejada de la ``politización inherente a un proceso de elección'' mediante voto popular universal y secreto, en el cual distintos grupos de poder pudieran ejercer ``influencias perniciosas'' en el momento de la configuración de las instancias judiciales.

Cordón de seguridad indígena en San Andres Larráinzar.
Foto: Francisco Olvera

Más aún, subrayaron, resulta esencial la despolitización del Poder Judicial ante la posible influencia de cacicazgos y la presencia del narcotráfico en la vida nacional.

Este día los trabajos de la mesa se concentraron en el análisis de los documentos que entregó la delegación oficial, en los que fija su posición sobre algunos puntos de las numerosas propuestas que hizo el grupo del EZLN en la primera fase de esta mesa 2. Varios de los asesores del grupo insurgente consultados expresaron que los planteamientos gubernamentales ``son muy generales, no se comprometen a casi nada, y escasos''.

En algunos puntos se perfilan consensos: por ejemplo, la delegación del EZLN planteó que debe haber autonomía financiera del Poder Judicial. Su contraparte repuso: ``Fortalecer la independencia del Poder Judicial implicaría dotarlo de mayor autonomía en la administración y disposición de recursos financieros que le permitan desempeñarse con plena libertad, haciendo más efectiva la separación de poderes, lo que no implica la cesación de la interrelación entre los mismos''.

Respecto al grupo 4, sobre Justicia y Derechos Humanos, la delegación gubernamental presentó un documento en el que propone ``criterios básicos'' para la definición de algunos conceptos, marcando su coincidencia con la delegación del EZLN, por ejemplo, en que los derechos indígenas, entendidos aquí, específicamente como el conjunto de garantías y derechos expresados en en los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, han de pasar a integrarse, plenamente, en el acervo de derechos humanos propio de los mexicanos.

``Los derechos indígenas referidos se agrega no constituyen, por su esencia, derechos de minorías en la acepción del derecho internacional, y no tienen por tanto, para el caso mexicano, los contenidos y alcances que se da a éstos en los diversos tratados e instrumentos internacionales. En el sentido de los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, los derechos indígenas pasarían a enriquecer el sistema jurídico nacional que ha de reformarse para incorporar plenamente las nociones de pluriculturalidad, diversidad, tolerancia e igualdad.``En otro punto plantea que en el mismo sentido de los citados acuerdos se reconoce, por tanto, que los propios pueblos indígenas han de hacer esfuerzos por armonizar el contenido de sus sistemas normativos internos con los derechos inherentes a la naturaleza humana, de modo tal que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de los individuos que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas.

En el grupo 3 sobre Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana, el documento de la parte oficial Los nuevos actores sociales y su contribución al desarrollo democrático, reconoce que la emergencia del impulso social y ciudadano, así como el vigor de su acción en el plano político, se deben a la insuficiente interlocución con las instituciones de representación política.

Este fenómeno, añade, entre otras consecuencias importantes propicia la llamada crisis de los partidos en distintos regímenes políticos del mundo, ``entendiendo por ello deficiencias en la capacidad de algunos de ellos tanto para recoger y expresar las demandas sociales, como para articularlas en un programa y una acción política, ya sea ante los órganos de gobierno o en el ejercicio del gobierno mismo''.

Más adelante expresa la necesidad de encontrar respuestas institucionales para garantizar y promover los intereses de la ciudadanía y de los distintos grupos sociales desde una óptica incluyente, que mejore la relación fundamental y a la vez complementaria entre las instituciones públicas y la sociedad.

Observa el surgimiento en la sociedad de nuevas organizaciones para las cuales la reglamentación vigente es inadecuada, y propone una clasificación que distinga entre las organizaciones ya existentes, para las cuales no se requiere un nuevo marco jurídico sino su adecuación, y las nuevas organizaciones que no cuentan con canales adecuados de participación ni con un marco jurídico propicio para su desarrollo.

Propone las siguientes definiciones conceptuales:``Organizaciones sociales: su objetivo es la defensa de intereses particulares y el beneficio mutuo, en general son financiadas por donaciones aportadas por sus miembros. Muchas de estas organizaciones se encuentran reglamentadas en la Ley Federal del Trabajo. En algunos casos sería necesaria la creación de mecanismos de interlocución e interacción, que les permita ser consultadas para el diseño y evaluación de políticas públicas.

``Organizaciones políticas: se refieren a organizaciones que tienen una representación y propósito políticos sin haber llegado a constituirse en partidos. Este tipo de agrupaciones y todas aquellas que estén interesadas en desarrollar tareas de proselitismo político y participar en los procesos electorales, tendrían que contemplarse en la legislación electoral.

``Organizaciones civiles: se refieren a agrupaciones privadas, no lucrativas, que generalmente funcionan con trabajo voluntario y que complementan la acción gubernamental. Su legitimidad se sustenta en su capacidad y experiencia técnica y en los resultados de su labor, que se inspira en los principios y fines de la corresponsabilidad social. Estas agrupaciones cuentan con elementos que les permiten participar no sólo en el diseño y evaluación de políticas públicas, sino también en su ejecución. A este respecto existe consenso en torno a la urgente necesidad de adecuar el marco legal a la nueva dinámica social'', se lee en el documento de la parte oficial.

Respecto a esta propuesta de clasificación, la delegación del EZLN observó que las ``definiciones conceptuales'' y la clasificación propuesta ``contribuyen a la confusión y a la divergencia, más que a la claridad y a la convergencia'', dado que la mayor parte de las organizaciones a las que pertenecen asesores del EZLN en ese grupo de trabajo no pueden ser clasificadas en esos grupos ni ajustarse a esas definiciones.