Aprueba el Senado las reformas sobre deuda

Néstor Martínez Bajo la presión de miles de barzonistas que impidieron por varias horas el acceso de los legisladores a su sede y que permanecieron afuera del edificio durante toda la sesión, el Senado de la República aprobó ayer la llamada Ley Zedillo con cerca de 150 cambios al proyecto original, los cuales salvan los derechos civiles y mercantiles vigentes de los ocho millones de deudores que hay en el país.

Sin embargo, los cambios pondrán a los futuros usuarios de crédito en condiciones de franca desventaja ante los bancos.

Dirigentes barzonistas durante el diálogo que sostuvieron
ayer con senadores en el Salón Juárez. Foto: Omar Meneses

Con la ``cirugía mayor'' que las comisiones senatoriales practicaron a la iniciativa presidencial que reforma varios códigos civiles y mercantiles, se superaron varias de las propuestas que desde un principio fueron impugnadas por agrupaciones y partidos: se cancelan la retroactividad, los juicios sumarísimos y las notificaciones a los deudores vía fax, además de que se acota la contratación de créditos mediante fideicomisos exclusivamente para las empresas.

Paralelamente, en un acuerdo logrado por unanimidad, el Senado hace un llamado a la banca y a los deudores para que se ``amplíe la tregua judicial'' hasta en tanto no se presenten ``condiciones económicas más favorables'' para realizar amortizaciones normales.

Los senadores integraron también una comisión especial para dar seguimiento a las acciones para encontrar soluciones ``adecuadas, equitativas y viables'' al problema de las carteras vencidas.

El dictamen fue avalado por 98 sufragios del PRI y del PAN en lo general --el blanquiazul se opuso en lo particular-- y con el voto diferenciado de la fracción del PRD. La senadora Irma Serrano, La Tigresa, y el perredista Félix Salgado Macedonio fueron en contra de la iniciativa.

Desde horas antes de que iniciara la sesión, convocada para las 12 del día, miles de barzonistas comenzaron a apostarse a las puertas de la sede senatorial, con el objetivo de impedir el acceso de los legisladores al recinto y evitar así que la llamada Ley Zedillo >se votara en los términos en que fue enviada la iniciativa.

La acción de los deudores obligó a que los presidentes y secretarios de las comisiones dictaminadoras del Senado sostuvieran una reunión privada de cerca de hora y media con la dirigencia del movimiento de deudores, donde éstos lograron sacar los últimos acuerdos, previos a la sesión plenaria.

Al término del encuentro con los legisladores, el dirigente barzonista Juan José Quirino Salas dijo a los miles de deudores instalados afuera del Senado, que los resultados de la negociación eran ``altamente satisfactorios''.

El plantón de los barzonistas, que se prolongó por alrededor de nueve horas, se convirtió en una especie de verbena popular en la que hubo diversos grupos musicales, incluidos los mariachis, y a la que acudieron a dar su solidaridad personajes de la vida política como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el enmascarado Superbarrio Gómez.

Ambos coincidieron en que el Congreso debe legislar para el pueblo y no para los banqueros.

De acuerdo con el texto del dictamen aprobado de las Comisiones Unidas de Comercio, Instituciones de Crédito, Justicia y Estudios Legislativos --quinta sección--, son tres los objetivos que se buscan con las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al Código de Comercio, a la Ley Orgánica de Nacional Financiera y a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito: simplificar sustancialmente algunos procedimientos judiciales, facilitar la operación y constitución de fideicomisos de garantía y sentar las bases para la operación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Distrito Federal.

Precisa que las modificaciones que se proponen al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y al Código de Comercio buscan una simplificación de procedimientos que haga a los juicios civiles y mercantiles más ágiles y expeditos.

Actualmente, indica el texto, un juicio ordinario civil dura entre un año y medio y tres años, y un juicio ordinario mercantil un promedio de dos años. Con las reformas propuestas se pretende que los juicios ordinarios civiles lleven de seis meses a un año y medio, en tanto que los juicios ordinarios mercantiles duren aproximadamente un año.

Según el dictamen, las reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito intentan brindar mayor seguridad jurídica en la contratación de fideicomisos que tengan como propósito establecer mecanismos alternativos de pago de obligaciones contraídas por el fideicomitente.

En cuanto a la creación del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia capitalino, se indica que el reclamo de los ciudadanos por brindar justicia pronta y expedita es cotidiana, por lo que se ha procurado conformar una serie de mecanismos legislativos para hacer realidad esa exigencia social.

Señala también que la agilización de créditos hipotecarios ayudará a paliar la creciente demanda habitacional en la capital, y sostiene que el gobierno federal busca principalmente promover nuevos mecanismos crediticios.

Más adelante, el dictamen se refiere a la necesidad de modificar los artículos transitorios que buscaban dar retroactividad a la ley, en caso de que los deudores así lo solicitaran.

``Ante la preocupación expresada ante el presidente de la Gran Comisión del Senado y los presidentes de las comisiones responsables del dictamen de las iniciativas presidenciales, por los integrantes de la agrupación nacional de deudores denominada El Barzón, en el sentido de que las normas propuestas pudieran entenderse o aplicarse en perjuicio de los millones de mexicanos que tienen deudas y que, por la circunstancia económica actual no pueden saldarlas, hemos decidido proponer una nueva redacción de los artículos primero y segundo transitorios, para evitar cualquier confusión, pues el propósito de la iniciativa no es, de ninguna manera, vulnerar los derechos de nadie, ni mucho menos, como se ha mal entendido, beneficiar a los banqueros del país.

``...Bajo ninguna circunstancia ni ningún criterio de interpretación --se subraya en el dictamen--, aquellas personas que hayan contraído créditos con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto, en caso de aprobarse, estén o no sujetos a procedimiento judicial, no se les aplicarán las disposiciones previas en los artículos 1 y 3 del decreto. Tampoco la voluntad de las partes podrá considerarse como mecanismo para la aplicación de las reformas antes aludidas''.

Ya en la sesión --que tuvo que iniciar casi tres horas después de lo establecido, una vez que los barzonistas permitieron el paso a los legisladores--, el pleno conoció el dictamen en primera lectura, le dispensó la segunda lectura y procedió a su discusión y aprobación. Cabe destacar que todavía durante la sesión los senadores le hicieron cuatro modificaciones más de última hora.

A nombre de las comisiones, el priísta Rodolfo Becerril Straffon apuntó que la iniciativa responde a una añeja e insistente demanda de adecuación y actualización de la legislación procesal, luego de explicar los cambios que se le tuvieron que practicar de último momento.

Habló de la necesidad de dejar claro que la iniciativa no afectará a los deudores actuales; de que se decidió no introducir la vía sumaria en los juicios civiles y mercantiles, para dejar que los conflictos se resuelvan por la vía ordinaria, además de que se decidió mantener vigente el texto del artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles para que las hipotecas consten en escritura pública y no en un simple escrito.

Por el PAN subieron los senadores José Angel Conchello y Arturo Nava, quienes tras hacer un par de propuestas --una rechazada y otra aceptada-- dejaron en claro que votarían a favor de la iniciativa en lo general, pero que rechazarían las modificaciones al Código Civil y a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito.

Conchello expresó su preocupación porque las instituciones bancarias podrán ceder los créditos con garantía hipotecaria sin previa notificación al deudor, como lo establece el dictamen.

El coordinador de los perredistas, Héctor Sánchez López, aclaró que esa ley no resuelve el problema de la cartera vencida y que, más aún, inhibe los créditos que pudieran ser aplicados en la reactivación económica.

``Esta ley --advirtió-- va a asustar a aquellos inversionistas que requieran de créditos para poder crear más empleos, para impedir quiebras en este país''.

El perredista, junto con su correligionario Ernesto Navarro, avaló la reforma en lo general, pero se manifestaron en contra de una veintena de artículos, en lo particular.

Félix Salgado Macedonio, también del PRD y quien votó en contra de toda la reforma, había propuesto antes que se declarara una moción suspensiva, a fin de que la iniciativa fuera sometida a consulta pública. Fue rechazada la propuesta.

Los barzonistas se retiraron del Senado hacia las 18 horas, ``satisfechos pero no completamente conformes, porque tendremos que ser solidarios con los deudores a futuro que seguramente seremos nosotros mismos'', señaló la dirigente Liliana Flores.