Incurrió Figueroa en conductas penales: ministros

Jesús Aranda El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobará hoy el dictamen sobre el caso Aguas Blancas, el cual establece que el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, y sus principales colaboradores incurrieron en conductas que se pueden tipificar como delitos penales, entre ellos ocultamiento de pruebas, engaño y manipulación de los cuerpos de los 17 campesinos muertos en esos hechos. El documento será enviado al presidente Ernesto Zedillo y a las cámaras de Diputados y de Senadores para que tomen ``las medidas correspondientes'', lo que incluso podría llevar a juicio político al ex mandatario.

Información obtenida por La Jornada confirmó lo anterior, además de que se precisa que las violaciones a las garantías individuales en las que incurrió el ex gobernador fueron antes, durante y ``posteriormente'' a la matanza de los campesinos el 28 de junio del año pasado.

Los resolutivos del dictamen indican que éste será también enviado al titular de la Secretaría de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al gobernador de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero.

La decisión final de los 11 ministros de la Corte en sentido aprobatorio la tomaron después de avalar, en pleno privado, el informe presentado por los ministros de la comisión investigadora para el caso Aguas Blancas, Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, quienes concluyeron que a diferencia de las consideraciones a las que llegó el fiscal especial Alejandro Varela Vidales, Figueroa Alcocer y el ex subsecretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán --entre otros--, sí tuvieron responsabilidad penal al ``encubrir, engañar o proteger'' a los responsables directos de los hechos.

Cabe señalar que el informe final incluye un apartado especial sobre el ocultamiento de pruebas, en el que ocupa un lugar preponderante las dos ediciones que se hicieron al video original que dura aproximadamente 45 minutos. De ahí se editó la versión ``oficial'' y la que posteriormente difundió Televisa.

Si bien hubo hubo consenso entre los ministros en el informe final de la comisión, el debate en los tres plenos privados se centró en las conclusiones.

Es decir, el documento original presentado por la comisión establecía que Figueroa y sus colaboradores habían incurrido en graves violaciones a las garantías individuales, se documentaba el engaño y el ocultamiento de las pruebas, y que incluso el ex gobernador había ordenado en su momento ``detener a como diera lugar'' a los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Sin embargo, hubo ministros que en el pleno señalaron que había pruebas contundentes en el mismo informe de que la actitud de Figueroa, y de ``todos sus funcionarios'', había estado encaminada a encubrir su ``responsabilidad directa'' en los hechos.

Aquí jugó un papel fundamental la siembra de armas a los campesinos muertos, ordenada directamente por los funcionarios guerrerenses.

Esto llevó a descalificar totalmente la ``versión original de los hechos'' que una y otra vez hizo Figueroa y que, incluso, ratificó en la entrevista privada que sostuvo con los ministros de la comisión investigadora hace unos días.

Trascendió que el hecho de enviar la resolución final a las cámaras de Diputados y Senadores abre la posibilidad de que los legisladores inicien un proceso de juicio político en contra de Figueroa, toda vez que el Congreso contaría ya con elementos contundentes para actuar en contra del ex gobernador.

Es de precisarse que en las conclusiones se señala directamente como responsables de las ``graves violaciones a las garantías individuales'', además de Figueroa y Robles Catalán, al ex procurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; al ex director general de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, y al ex subsecretario de Gobierno, Rosendo Armijo de los Santo, entre otros.

Asimismo, se cuestiona la labor del primer fiscal especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, aunque no se hacen imputaciones directas a los ex fiscales posteriores, Miguel Angel García Domínguez y Alejandro Varela Vidales.