Muchas críticas a la iniciativa, por intereses políticos: uno de sus autores

Ciro Pérez Silva y Juan Manuel Venegas/I Las medidas que se proponen contra la delincuencia organizada implican ``la reestructuración total'' de la Procuraduría General de la República (PGR), a propósito de ``someter la policía al Ministerio Público'', además de garantizar que todos los procesos quedarán en manos de tres subprocuradurías de Procedimientos Penales, que atenderán desde el inicio de la investigación hasta su término.

El subprocurador general de Control de Procesos de la PGR, Moisés Moreno Hernández, explicó que esta reestructuración se hace necesaria, toda vez que con la actual estructura no hay un seguimiento adecuado de los procesos.

Asimismo, dijo que se planteará el redimensionamiento del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), ``porque la estructura que actualmente se tiene es muy grande, y eso ha provocado que no haya un resultado funcional de las investigaciones y que haya constantes duplicidades y choques, incluso con la propia Policía Judicial Federal (PJF)''.

Moreno Hernández fue uno de los funcionarios de la PGR encargados de la elaboración del proyecto de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que esta semana se discutirá y en su caso se aprobará en el Congreso. En esta ley se consideran, entre otras medidas: la reglamentación del espionaje telefónico, la reducción de la edad penal de 18 a 16 años en caso de delitos relacionados con el crimen organizado, y la creación de una unidad de elite dedicada exclusivamente al combate del narcotráfico.

La propuesta ha recibido en las últimas semanas constantes críticas de especialistas en derecho, dirigentes partidistas, legisladores y activistas de derechos humanos, porque se le considera una ley ``propia de un Estado totalitario'' y ``fascista'.

Tajante, el subprocurador Moreno Hernández señaló que si la PGR se atrevió a una propuesta de esta naturaleza ``es porque estamos analizando el problema del crimen organizado de una manera integral, de cómo poder enfrentar realmente, y con mayor eficacia, el fenómeno de la delincuencia organizada''.

Consideró que muchas de estas críticas obedecen a ``intereses o inclinaciones políticas y no a un análisis sereno de la propia iniciativa en donde queda muy claro que la ley no va a ser el único instrumento para curar todos los males. Y es importante, porque establece la base normativa para la actuación de la policía, del Ministerio Público, de los jueces y de los órganos que se van a encargar de aplicar algunas de las medidas que se proponen y de que haya una aplicación adecuada de éstas''.

Al respecto, abordó uno de los temas más controversiales de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: las intervenciones telefónicas, y explicó que en las modificaciones constitucionales que se plantean en la iniciativa de ley existen los suficientes ``límites legales'' que garantizarán el respeto a las garantías individuales.

``La ley establece ya una serie de requisitos que debe revertir primero la solicitud del Ministerio Público para que se autorice una intervención de un medio de comunicación privado, luego señala, especificamente, qué se deberá hacer con toda esa información que se obtenga de las intervenciones. Eso es lo que más preocupa, porque puede darse el caso de un abuso de ellas, pero en la ley se establece claramente que toda esa información se irá procesando de tal manera que únicamente aquella que tenga que ver con la investigación que se esté realizando, formará parte de la averiguación.

``Aquella otra información que no corresponda a los intereses que se investigan, o bien se pondrá a disposición del juez para que éste determine el destino de ella o se destruirá'', puntualizó. Enseguida, el funcionario advirtió que se plantea que la Unidad Especializada para el Conocimiento de la Delincuencia Organizada, que se creará si se aprueba la ley, será ``la única instancia encargada del cuidado y custodia del material que se obtenga de una intervención telefónica y tendrá, además, la obligación de informar constantemente al juez de los elementos que se obtengan de esa intervención telefónica''.

Con estos ``límites legales'', según Moreno Hernández, quedará garantizado ``que ninguna persona cercana a la investigación hará un mal uso de la información obtenida'' a través del espionaje telefónico. Paralelamente a estos candados, el subprocurador subrayó que la ley también plantea la necesidad de atender la capacitación y la profesionalización de agentes policiacos y del Ministerio Público, de los jueces, magistrados y funcionarios de los sistemas penitenciarios, por lo que entrará en vigencia sólo cuando se haya cumplido con estos programas de capacitación, independientemente de los tiempos que marque una posible aprobación en el Congreso.

Reducción de la edad penal: el último recurso del Estado

Para Moisés Moreno Hernández, la propuesta de disminuir la edad penal de 18 a 16 años debe interpretarse no sólo como una medida represiva, sino como una opción para la prevención del delito, explicó:

``Hasta ahora han sido insuficientes las medidas de prevención del delito. Y han sido insuficientes en tanto que no han arrojado los resultados que se requerían, y por eso hay que intensificar el programa de prevención de los delitos que se están dando con tanta frecuencia y que realmente provocan alarma.

``Entonces, si esas medidas preventivas no funcionan, tenemos que echar mano de medidas represivas...''.