IP: debe la DEA probar acusaciones
Raúl Llanos Samaniego La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó las declaraciones del administrador de la DEA, Thomas Constantine, y afirmó que hasta la fecha ningún banco mexicano es sospechoso directo o indirecto del delito de lavado de dinero ni se ha comunicado formalmente a la dependencia la existencia de elementos que permitan suponer tales acciones.
En un comunicado de prensa enviado anoche, la Hacienda aclaró que las autoridades del Departamento del Tesoro y la propia SHCP realizan en forma coordinada diversas investigaciones en las que se presume la existencia de lavado de dinero para, en su caso, proporcionar los elementos legales correspondientes a las autoridades judiciales y que éstas actúen en consecuencia. Tales investigaciones comenzaron a partir de 1995 con la entrada en vigor del Tratado de Intercambio de Información Financiera.
Sin embargo, la SHCP afirmó que ``a la fecha no aparece involucrado en esas investigaciones como sospechoso, directo o indirecto, algún banco mexicano, ni autoridad norteamericana alguna ha manifestado formalmente a la propia Secretaría de Hacienda caso alguno en ese sentido, y en el supuesto de que existan elementos para presumir esa responsabilidad de la banca se realizarán como en otras ocasiones se ha hecho las investigaciones correspondientes en apoyo de las autoridades de procuración de justicia competentes, de acuerdo con las facultades que a la Secretaría de Hacienda le confieren las leyes''.
Por su parte, el sector privado ``ha pedido al gobierno federal'' que ``reaccione con rigor'' a los ataques que signifiquen una intromisión en la soberanía nacional o una agresión a la credibilidad de las instituciones, dijo ayer Carlos Abascal, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en alusión a las acusaciones de la DEA por supuesto lavado de dinero en el sistema bancario nacional, y consideró que esas críticas ``son las típicas presiones de un año electoral''.
En tanto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Larios, consideró que la DEA deberá presentar ante el gobierno de México las pruebas del ilícito que menciona, con el fin de investigarlo y llegar hasta el fondo del asunto.