CDHDF: legislación poco congruente por la premura en la reforma

Ricardo Olayo Al margen de las reformas propuestas para el sistema de justicia, se requiere la elaboración de un nuevo Código Penal y de Procedimientos Penales, ``porque la premura con que se han hecho modificaciones ha dado como resultado una legislación poco congruente'', indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda.

En un escrito que envió al procurador capitalino, José Antonio González Fernández, De la Barreda Solórzano se dice convencido de la necesidad de transformar la ley a la realidad, lo que debe hacerse a la brevedad posible, pero subraya que ``gran parte de las reformas en nuestro sistema penal se han realizado con la misma premura''.

El texto fue entregado como parte de la opinión que le pidió la Procuraduría el mes pasado, en torno a la iniciativa de reforma penal para el DF. El Senado aprobó el pasado lunes, en una rápida sesión, el contenido de la iniciativa y la turnó a la Cámara de Diputados.

De la lectura del dictamen aprobado y del texto que entregó De la Barreda, se desprenden algunos puntos en los que no hay acuerdo del ombudsman, por ejemplo, en las ``imprecisiones'' que se conservan respecto de la ampliación de la flagrancia a 72 horas y las detenciones en caso urgente; en estos casos alerta sobre el riesgo de capturas ilegales, en tanto que cuestiona las modificaciones relativas al secuestro.

En este tema, se mantiene la redacción que De la Barreda Solórzano considera ``inaceptable'', por las penas que se plantean de uno a ocho años de prisión a quien ``aconseje el no presentar denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades''; además, a quien ``efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, sabiendo que es con el propósito directo de pagar el rescate...''.

En su texto, De la Barreda precisa: ``Es verdad que los secuestros se han incrementado en forma alarmante en nuestro país, pero la mejor manera de combatirlos no es penalizando o, en todo caso, obstaculizando la acción de los familiares de las víctimas, que están dispuestos a pagar el rescate''.

Las penas consideradas para quien aconseje no denunciar o ayude a cambiar la moneda nacional, agrega el texto, ``puede significar condenar a muerte al secuestrado y eludir la responsabilidad que tiene la autoridad al no garantizar la seguridad de los gobernados''.

El ombudsman fue consultado en torno a la iniciativa que reforma los códigos Penal y de Procedimientos Penales, y que es distinta a la del crimen organizado que se planteó para el ámbito federal. Para el concepto de flagrancia, se mantuvo la redacción original en el dictamen ya aprobado por el Senado, y sobre la cual De la Barreda considera que se trata de una redacción ``muy oscura''.

Indica: ``No tengo dudas de que el concepto de flagrancia debe ampliarse, pero la forma en que está presentado el artículo 267, despierta dudas''. La reforma a este artículo es la ampliación de la flagrancia a 72 horas, en el caso de delitos graves, cuando la persona ``es señalada como responsable por la víctima, por algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera participado con ella en la comisión del delito; o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito; o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación...''. Uno de los requisitos es que se haya iniciado una averiguación previa para investigar el asunto.

Respecto de las detenciones en caso urgente, el presidente de la CDHDF indica que su regulación ``es poco clara'', y sobre las detenciones que se deriven, ``no se precisa en qué circunstancias se da esta situación'' que podría ser, por ejemplo, una detención ilícita.

En tal virtud, De la Barreda Solórzano alerta sobre la posibilidad de que se realicen detenciones ilegales, por lo que propone hacer precisiones, que ya no fueron incorporadas en el texto que aprobó el Senado.

La consulta que realizó la PGJDF, fundamentalmente estuvo a cargo de René González de la Vega, director del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la dependencia, quien desde meses atrás trabajó en la elaboración de la iniciativa.

Asimismo, el ombudsman indicó que había penas excesivas en relación al bien jurídico que se quiere proteger, pues en algunos casos de robo se consideraban penas acumuladas que eran mayores a las de un homicidio o agresiones sexuales. Finalmente el Legislativo hizo una pequeña modificación de las punibilidades propuestas y con el paquete de reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, fue enviada el pasado lunes a la Cámara de Diputados para su aprobación. En caso de obtener el voto mayoritario, únicamente faltará que sean promulgadas para que entren en vigor.