PRD: falaces. los candados propuestos para la ley anticrimen

Elena Gallegos e Ismael Romero El PRD calificó de ``falaces'' los candados propuestos por el PRI para ser incluidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues las reformas constitucionales en la materia abren la posibilidad de que en otra ley reglamentaria se faculte a dependencias como la Defensa o Gobernación --servicios de inteligencia-- a solicitar la intervención de las comunicaciones privadas.

Especialistas del PAN y del PRI admitieron que eso puede ser factible.

Sin embargo, el matiz usado por legisladores de los tres partidos fue diferente. El perredista Leonel Godoy, dijo que existe el riesgo de que se legisle en materia de seguridad nacional y se autorice al Ejército, por citar un ejemplo, a intervenir medios de comunicación privada. Por ello, el PRD votará definitivamente en contra.

El panista Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que si bien es cierto que el noveno párrafo que se adicionó al artículo 16 constitucional hace posible que en otras leyes reglamentarias se faculte a autoridades distintas del Ministerio Público a solicitar la intervención telefónica, también lo es que en México deben regularse las actividades de inteligencia, ``como las que efectúa el Cisen''.

A su vez, el priísta Eduardo Escobedo convino en que ``estamos en el limbo'' en cuestiones de seguridad nacional ya que, para empezar, en el texto constitucional se habla de seguridad interior. Luego se preguntó: ``Es lo mismo una que otra? Si es así, habría que definirlo''.

Enseguida aclaró que en el supuesto de que se legisle sobre seguridad nacional, la intervención de las comunicaciones privadas tendrá que sujetarse a los criterios propuestos por los diputados en el dictamen que emitirán sobre los nuevos párrafos del artículo 16 constitucional.

En el mismo sentido que Godoy, el diputado ciudadano Tonatiúh Bravo, externó su preocupación porque en el texto constitucional que aprobó el Senado, se vuelve factible que se emitan leyes para que otras autoridades puedan solicitar la intervención de las comunicaciones privadas, ya que nunca se especifica que esto sólo se hará para perseguir al crimen organizado.

Así, el debate jurídico continuó, y es que la divergencia de opiniones y la resistencia de muchos priístas a votar a favor gira en torno a las siguientes líneas del artículo 16: ``Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada''.

El proyecto de dictamen elaborado por el PRI, y que contiene los 15 candados, fue distribuido ayer a los legisladores de las comisiones de Justicia y Gobernación, quienes se reunirán hoy al mediodía. PAN y PRD harán nuevas propuestas. Se espera que se apruebe para que entre a primera lectura mañana jueves.

Como se informó desde el inicio de la polémica, con lo anterior quedó prácticamente descartado que el asunto pueda regresar al Senado.

De acuerdo con la cúpula de la fracción priísta, se generó ya un consenso al interior de la misma para apoyar el dictamen, sin que sea necesario ``enmendar la plana'' a los senadores. Sin embargo, aún hay legisladores de ese partido que sostienen que se manifestarán en contra y otros más se ausentarán de la sesión que se prevé sea el próximo viernes.

Según el artículo 135 constitucional, estas modificaciones a la Carta Magna podrán ser aprobadas si se consiguen votos favorables de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Leonel Godoy fue contundente: ``La propuesta priísta que seguramente apoyará el PAN, de poner candados a la Constitución a través de compromisos que deberán ser llevados a una ley reglamentaria, especificados en el dictamen, no es más que una falacia pues nunca una ley secundaria limitará disposiciones de la ley suprema''.

Tal como quedará el artículo 16 -continuó-, no se podrá prohibir que en el futuro se elaboren otras leyes federales (seguridad nacional o pública, y comunicaciones) que permitan al Ejército o a los servicios de inteligencia instalar de manera secreta aparatos de escucha.

La única opción que el sistema jurídico nos da para prevenir esto, es poner los candados a la Constitución -insistió-, por lo que el PRD propondrá que en su texto y no en una ley secundaria, se introduzca que la intervención de las comunicaciones privadas sólo la podrá pedir el Ministerio Público, cuando se trate del crimen organizado y exclusivamente en materia penal.

Aunque los panistas decidieron votar a favor, Pérez Noriega informó que su fracción insistirá hoy en comisiones, en la necesidad de que haya una legislación especial para la intervención de las comunicaciones privadas, con independencia de que haya una ley para combatir el crimen organizado o que se legisle en materia de seguridad nacional.

En la misma se determinarían los requisitos que se deben llenar para que un juez la autorice; los criterios para fijar los lapsos de intervención; el valor de prueba que tendrán los resultados; la manera de los particulares de protegerse de esa práctica, etc.

Si no ocurre así -continuó- tendríamos que reformar muchas leyes y códigos, y quizá esta materia quedaría un tanto dispersa. Entre los ordenamientos a modificarse mencionó el Código Penal, Código Federal de Procedimientos, leyes orgánicas del Poder Judicial y de las procuradurías. En cambio, si hay una ley especial, estas normas sólo sufrirían cambios menores para ajustarse.

Sobre este punto, Escobedo -autor del dictamen que se discutirá hoy- dijo que en principio, la propuesta panista es una posibilidad que hay que explorar con detalle, porque de un primer análisis se desprende que puede haber varias leyes reglamentarias, además de la ley marco (Federal contra la Delincuencia Organizada).

Convino en que ``suena atractiva la idea de buscar la viabilidad de una ley en materia de intervención de comunicaciones privadas'', ya que en la medida en que se simplifique la multiplicidad de ordenamientos, la sociedad tendrá mayor certeza.

Para Escobedo, no hay duda alguna de que el Senado recoja los compromisos que detallan los legisladores en el dictamen que emitirán, ya que es cámara de origen de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Comentó que los trabajos de conferencia realizados por comisiones de las dos cámaras han resultado enriquecedores y que este caso no será la excepción.

En cuanto a los tiempos en que la ley reglamentaria se apruebe, consideró que podría ser en el periodo extraordinario que se planea para discutir las reformas electorales, debido a la importancia de dotar ya al Estado de elementos para hacer frente a la creciente delincuencia organizada.

El secretario de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro Zapata Perogordo, dijo que su fracción hará nuevas propuestas para, por ejemplo, determinar e incluir en las orientaciones y alcances establecidos en el dictamen, el valor probatorio que tendrán los resultados de las intervenciones, ``porque si se los considera prueba plena, se prejuzga y se deja sin defensa al acusado''.

Insistió en que los panistas, a través de sus propuestas, velarán por el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, sin hacer a un lado la necesidad de que se dote de instrumentos a las autoridades para que cumplan sus funciones.

Finalmente, Tonatiúh Bravo, adelantó que los diputados ciudadanos votarán en contra del dictamen priísta. Coincidió en las razones argumentadas por Godoy, y agregó que ellos también cuestionarán el temor del PRI a que el Poder Legislativo funcione realmente como bicamaral, ``incluso se prevén mecanismos para que si una cámara aprueba parcialmente las reformas que ya avaló la otra, se siga debatiendo hasta que se llegue a un acuerdo''.