PANOPTICA Carlos Fernández-Vega
EN POS DE LA SEGUNDA DECADA PERDIDA
Como tantas otras cosas, el deseo gubernamental de convertir al ahorro interno en pilar de la reactivación y fundamento del desarrollo económico, no pasará del terreno discursivo y sólo abultará el rosario de buenos propósitos acumulados a lo largo de la etapa modernizadora del país.
Tal circunstancia la confirma el calendario de amortizaciones del sector público elaborado por la Secretaría de Hacienda (SHCP), el cual especifica las erogaciones que hará el gobierno mexicano por concepto del pago de deuda externa entre 1996 y el año 2007.
De acuerdo con esa proyección oficial, en los próximos 12 años --lapso que comprende tres administraciones gubernamentales (el periodo que le falta por cubrir al presidente Ernesto Zedillo, el de su sucesor inmediato y el primer año del heredero)--, la de por sí abatida economía mexicana deberá generar, para luego transferir al exterior, 65 mil 284 millones de dólares para amortizar adeudos públicos.
Todo ello sin considerar la sangría derivada del débito privado y de la banca comercial. A precios actuales, el monto equivale a 30 por ciento del Producto Interno Bruto, aproximadamente.
Lo anterior, desde luego, en el onírico caso que el gobierno mexicano no contratara ni un solo dólar más de deuda externa en el periodo de referencia, y que en ningún momento y por ninguna circunstancia retrasara la cobertura.
En la práctica, la Cámara de Diputados autorizó al gobierno federal a contratar deuda externa --en términos netos-- por 5 mil millones de dólares a lo largo de 1996.
Con un aparato productivo prácticamente paralizado, urgido de un gasto público permanentemente rezagado, congelado o canalizado al salvamento del sistema bancario por --se dice-- estrictas razones macroeconómicas, y en espera de una terca reactivación que no se observa, ¿de dónde saldrán los recursos para cubrir puntualmente el calendario de pagos?.
De los 65 mil 284 millones de dólares que el gobierno mexicano pagará en esos 12 años, el 12.2 por ciento (7 mil 976.7 millones) se canalizará a la banca privada internacional y el 87.8 por ciento (57 mil 307.3 millones) a los organismos financieros multilaterales (FMI, BID y Banco Mundial), créditos bilaterales, bonos privados y públicos, proveedores, bonos cupón cero con tasa variable, bonos a la par con tasa fija y fondos de estabilización, entre otros.
Si las razones macroeconómicas no lo exigieran, ¿qué se podría hacer con 65 mil millones de dólares? Sólo como referencia, ese monto es superior en 44.32 veces a los recursos asignados a los programas sociales para 1996; equivale al 88.15 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año o, en su defecto, resulta mil 57.8 veces mayor respecto de los dineros comprometidos en el Programa de Crédito a la Palabra.
Si se prefiere, los recursos que se destinarán a la amortización de deuda pública en los próximos 12 resultan 5.42 veces mayores al monto de inversión extranjera directa comprometida para el sexenio zedillista por las principales empresas trasnacionales.
Paralelo al crecimiento de los recursos destinados al pago de la deuda externa pública, se observa el dinámico avance de los indicadores de pobreza y marginación en el país. De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, el 59 por ciento de la población del país responde íntegramente a esas características, y otorga a México (junto con Brasil y Chile) el liderazgo entre las naciones con mayor concentración del ingreso.
Además, en el vigésimo sexto periodo de sesiones --que se realizó en San José de Costa Rica--, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se difundió un informe en el que se subraya que la dinámica de crecimiento de la economía mexicana entre 1991 y 1995 (0.6 por ciento en promedio para el periodo) fue inferior a la de Suriname (0.9 por ciento), aunque superior a la de Bahamas (-0.6).
Con ello México se ubica en el estrato de menor crecimiento económico en América Latina, y ocupa la vigésima segunda posición entre las 27 naciones consideradas en el informe de la Cepal. Los últimos dos escalones los ocupan Haití (-6 por ciento) y Cuba (-7).
Así, México, sus habitantes, entran de lleno a una segunda década perdida consecutiva, en una dinámica vinculada estrechamente con la crisis de la deuda externa.
En febrero de 1990, una vez firmada la restructuración de la deuda pública externa, se decía que a partir de 1998 los pagos por ese concepto serían de prácticamente cero. Hoy, con el nuevo calendario, esos ceros aparecerían después del año 2008. Por lo menos eso se dice.
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