El informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la matanza de Aguas Blancas confirma la validez de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo pocas semanas después de ocurridos los hechos.

Se debería abrir toda una reflexión colectiva sobre la manera en que se encaran en México, acontecimientos como el de aquella tremenda ofensa a la conciencia nacional.

La Corte habla de ``ocultamiento'', ``engaño'' y ``maquinación''. Todo lo cual -habría que agregar- se pretende encubrir con el perverso argumento de que la acusación contra un gobernante tiene siempre motivaciones políticas ocultas o responde a intereses partidistas, como si éstos, por definición, estuvieran siempre al margen de la verdad y del derecho.

Quienes exigieron la apertura de un juicio político contra Rubén Figueroa, y quienes demandaron una investigación penal esclarecedora de los hechos y circunstancias que rodearon aquella matanza, fueron siempre señalados como personas con aviesos intereses políticos.

Ayer, la Corte dio la razón a quienes mantuvieron durante meses la exigencia de justicia y demandaron el recto funcionamiento de las instituciones de la República, ya se trate de los deudos, de los compañeros de los asesinados, de los políticos del partido que haya sido o de los medios de comunicación que cumplieron con el deber elemental de divulgar los hechos y reclamar la sencilla aplicación de la ley.

Rubén Figueroa debió ser sometido a juicio político porque esta institución republicana no puede seguir siendo letra muerta en la Constitución de la República y en las legislaciones de los estados. Todo alto funcionario debe comparecer ante la representación popular cuando existen los elementos de prueba suficientes para suponer que pudo haber violado la Constitución y las leyes o -como lo indica la Suprema Corte- se conduce como integrante de ``un grupúsculo detentador del poder''. Pero, en contra del derecho y la razón, las comisiones legislativas encargadas de abrir la instrucción desecharon por mayoría la denuncia contra Figueroa y cayeron en complicidad política.

La violación de garantías individuales antes, durante y después de la matanza de Aguas Blancas es suficiente elemento para abrir, ahora mismo, un juicio político a Rubén Figueroa, en el cual el ex gobernador deberá gozar de todas las garantías de defensa y sin importar que la sentencia pueda ser solamente la de inhabilitarlo para ocupar cualquier cargo público, pues ya no procede la destitución.

Es preciso revivir el juicio político para que los representantes populares, gobernadores, secretarios de Estado y altos funcionarios judiciales recuerden que la ley no les confiere impunidad.

Está claro también que, después del informe presentado por la Suprema Corte, sería de nueva cuenta escandaloso que el Ministerio Público rehusara otra vez integrar debidamente la averiguación. Debe aplicarse la ley y brindar a Figueroa y a otros ex funcionarios de Guerrero un juicio penal imparcial, como lo manda nuestra Carta Magna.

La intervención de la Suprema Corte de Justicia no hubiera sido necesaria de haberse aplicado sencillamente la ley tan luego como ocurrieron tan lamentables asesinatos y otras violaciones. Pero es también necesario asumir que la ofensa de Aguas Blancas no se hubiera producido si nuestras instituciones funcionaran normalmente; si todos los gobernantes tuvieran plena conciencia de los límites de su poder; respetaran las garantías, derechos y leyes; admitieran como algo natural el escrutinio público de su gestión, y se comprometieran verdaderamente con los principios republicanos y democráticos.

Revivir instituciones e imprimir a éstas su función constitucional sería una manera, ya no de reformar el derecho, sino de eliminar aquella práctica que hace de la ley un instrumento de aplicación discrecional y convenenciera.