Seguir el caso, una obligación más moral que jurídica: Madrazo

Triunfo Elizalde Las instancias a las que la Suprema Corte envió copia de los resultados de su investigación sobre el caso Aguas Blancas, ``deben actuar por obligación moral más que por obligación jurídica'', dijo ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, luego de conocer la determinación del máximo tribunal del país.

Entrevistado al término de la sesión de trabajo de la Comisión de Derecho Constitucional y Derecho de Amparo de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, el ombudsman se refirió al dictamen de la SCJN:

``Primero quiero dejar en claro que no tengo mayor información que la que escuché en la radio y lo que ahora, ustedes los reporteros, me comentan. Voy a leer con cuidado la resolución y luego podré hacer una declaración mayormente fundamentada''.

Opinó que independientemente de que la Suprema Corte entregue al presidente Zedillo su dictamen final sobre Aguas Blancas, ya que fue él quien le solicitó su intervención, ``las autoridades que tendrían competencia para darle seguimiento al problema penal -la Procuraduría General de la República y la Cámara de Diputados- deben hacerlo no por una obligación jurídica, sino por una obligación moral, de acuerdo con las indicaciones que ha hecho el tribunal, ya que precisamente es la autoridad moral de la Corte la que le da fuerza a su informe''.

Al enterarse del señalamiento de responsabilidad directa de siete de los principales colaboradores de Rubén Figueroa, Madrazo Cuéllar exclamó ``qué bueno''. Asimismo recordó que la CNDH en su oportunidad se mostró inconforme con la forma en que el fiscal especial, Alejandro Varela Vidales, cerró la averiguación cuando aún había responsabilidades que investigar.

``Me da mucho gusto, sobre todo porque es positivo que la Suprema Corte cuente constitucionalmente con esa facultad que le permite intervenir en asuntos que atentan tan gravemente contra los derechos humanos, y aunque bien sabemos que no tiene facultades para dictar jurisprudencia, el solo hecho de que haga público su dictamen terminal cobra suma importancia por el prestigio y honorabilidad de nuestro máximo tribunal''.

Empero, hizo notar: ``El asunto no está del todo terminado. Todavía faltan aspectos medulares de cumplir en la recomendación 104/95, como la reestructuración de las corporaciones policiacas y de manera importante la canalización de recursos financieros, de recursos fiscales a los municipios que están en torno al vado de Aguas Blancas''. Además, el ombudsman anunció que en breve la CNDH emitirá un punto de vista sobre el dictamen de la SCJN y sus detalles.

Por otro lado, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados informó que dicha institución enviará este día al presidente Ernesto Zedillo, un comunicado en que le manifiesta su oposición y preocupación por la forma en que se está legislando en el Congreso de la Unión la edad punible para jóvenes delincuentes. El presidente de la Comisión de Derecho Penal, Rafael Heredia, dijo: ``No estamos de acuerdo en que se quiera someter a acción penal en casos graves a jóvenes de 16 años en adelante. Nada se ganaría con llenar las cárceles de adolescentes que sólo ingresarían a las universidades del delito, como lo son los penales del país, cuando la falla está en la situación económica en que viven''.