Se concretaron los amarres para sacar adelante la reforma anticrimen
Elena Gallegos y Rosa Elvira Vargas La inconformidad de numerosos priístas, expresada a media voz en las semanas recientes, comenzó a hacerse explícita ayer cuando, en comisiones, dos legisladoras de ese partido votaron en lo particular contra las reformas de los artículos 16 y 20 constitucionales, que aprobó el Senado y que forman parte de las modificaciones que darán sustento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
``Es usted muy valiente!'', aplaudió Jesús Zambrano, del PRD, a la priísta de Baja California, Franciscana Krauss, quien junto con María de la Luz Lima Malvido rechazó el dictamen que modifica y adiciona los artículos 16, 20, 21, 22 y 73, que PRI y PAN aprobaron, con 35 votos a favor y sólo cinco del PRD y PT en contra, en el pleno de las comisiones de Justicia y Gobernación.La reunión en la que prácticamente se decidió el futuro de las reformas y en la que se desechó la posibilidad de regresar el paquete al Senado, no obstante la polémica que desató, duró apenas una hora, sin que hubiese debate alguno. Así, por la vía del dictamen que ``amarra'' compromisos que se llevarán a leyes secundarias en la exposición de motivos se incluyen 15 candados al texto constitucional, PRI y PAN resolverán el asunto.
Antes, Zambrano había aguijoneado a la mayoría y a los panistas: ``Digamos al Senado que se equivocó y que asuma su responsabilidad! No podemos aprobar un texto así. No podemos avalar la aberración jurídica de que sea a través de una ley reglamentaria con la que pretendamos meter candados a la Constitución. Ustedes, doctores en Derecho miró a varios de los asistentes, saben que eso no procede''.
La controversia aún parece no resuelta, aunque se da por descontado que PRI y PAN reunirán los votos necesarios el viernes en el pleno y sacarán las reformas. Desde el 2 de abril, cuando el Senado envió la minuta a la Cámara, se supo que diputados de prácticamente todos los partidos veían inconvenientes en el texto que finalmente aprobaron los senadores y que se refiere a la intervención de las comunicaciones privadas.
Muchos llegaron a proponer que se le enmendara la plana a la Cámara alta y se le regresaran las reformas, con un nuevo texto en el que se limitara a investigaciones en torno al crimen organizado la posibilidad de intervenir, a través de las comunicaciones, la privacía de las personas.
Sin embargo, la luz roja se encendió en San Lázaro. Temerosa de crear en palabras de José R. Castelazo una crisis entre las cámaras, la mayoría optó por resolver el diferendo por la vía del dictamen que acote, a través de compromisos, la posibilidad de esas intervenciones. Pronto se advirtió que una ley reglamentaria nunca podría limitar facultades estipuladas en la Constitución.
Legisladores del PRI dijeron que si el texto de los senadores no se modificaba votarían en contra, aunque aclararon que no pretendían descalificar al Senado ni indisciplinarse.
Quizá la salida que negocia la mayoría para no detener el proceso y no dar la imagen de división es que esos diputados aprueben en lo general el dictamen y emitan votos en contra en lo particular. Con ello avalarían en los hechos lo que tanto criticaron: que una ley secundaria acote a la Constitución, explicaron especialistas de las bancadas del PRD y del PT.
En entrevista, Humberto Roque Villanueva dijo que el principal candado impuesto a las reformas consiste en precisar en el dictamen que estas normas no son autoaplicativas, es decir, que no basta que estén en la Constitución para que se ejecuten, sino que se requiere de la ley secundaria. Con ello se resuelven las dudas que había en el caso del 16 constitucional.
Descartó que se hubiera desatado una ``crisis'' entre las cámaras en caso de que dichas reformas se hubiesen devuelto al Senado, pero advirtió que cuando hay un diferendo en materia de minutas que vienen de la cámara de origen, el riesgo es que, al regresarla, la colegisladora no la acepte.
Ayer, en la reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, el presidente de la primera, Fernando Pérez Noriega, propuso que se adicionara al dictamen el compromiso de los diputados de analizar la viabilidad de que el Poder Legislativo emita una ley especial sólo en materia de intervención de comunicaciones privadas.
Antes de que se votaran las propuestas panistas, Zambrano pidió la palabra para hablar de las contradicciones entre los artículos 16 y 21. Insistió en que es necesario especificar que sólo se intervendrán las comunicaciones privadas para perseguir al crimen organizado, en materia exclusivamente penal y a solicitud fundamentada del Ministerio Público.
Les recordó a priístas y panistas el largo proceso que ha implicado elaborar un marco jurídico adecuado para combatir al crimen organizado ``en lo que estamos absolutamente de acuerdo'' y que, sin embargo, parece que concluirá ``con aberraciones''.
Finalmente, los retó a demostrar con argumentos jurídicos que las autoridades federales podrán hacer valer la Constitución por encima de la norma secundaria. Nadie contestó.
``No seamos presas del temor de que pueda haber un enfrentamiento entre cámaras. Actuemos con responsabilidad. Muchos han reconocido que el texto de los senadores debe corregirse, aunque parece que hoy se han retractado'', dijo Zambrano.
Jorge Moreno Collado hizo una moción de orden para recordar que lo que estaba a discusión eran las propuestas de Pérez Noriega. Zambrano le reviró que primero debía discutirse en lo general el dictamen y luego las modificaciones a éste en lo particular. Nadie pidió la palabra para responder los señalamientos del PRD y el PT.
El panista Salvador Beltrán del Río pidió que se asentara que el asunto se había discutido ampliamente en las bancadas y que si en esta ocasión no había debate no era por falta de argumentos.
Leonel Godoy los punzó: ``Independientemente de que lo hayamos discutido en nuestras fracciones, el órgano formal para hacerlo es éste y aquí no hemos discutido prácticamente nada''.
Varios de los asistentes a la reunión privada de las comisiones, que se efectuó en el salón Presidentes de San Lázaro, contaron que una vez que las diputadas priístas Franciscana Krauss y María de la Luz Lima Malvido emitieron sus votos particulares en contra de los artículos 16 y 20, respectivamente, y salieron del lugar entre felicitaciones de algún perredista, Krauss exclamó: ``Los mariachis callaron!''