Seguirá el PRI-gobierno defendiendo a Figueroa?
Y la respuesta presidencial?

El 3 de noviembre de 1995 en Acapulco, Guerrero, Fidel Velázquez encabezó un mitin en apoyo a Rubén Figueroa Alcocer, a quien muchas voces responsabilizaban del crimen de Aguas Blancas. Entonces, el líder cetemista retrató de cuerpo completo al priísmo que apoyó siempre al ex gobernador de Guerrero y que pretendió exculparlo del asesinato de 17 campesinos: ``El gobernador tiene que saber que a nosotros no nos asustan los muertos'', expuso.

No sólo eso: en su complicidad partidista, el nonagenario dirigente elogió a Figueroa: ``Ojalá que todos los gobernadores hicieran lo que él: actuar con energía, valor y decisión para acabar con estos brotes de rebeldía que hay en Guerrero contra injusticias imaginarias (...) Apoyamos al gobernador Figueroa con toda la fuerza de la CTM en todo el país, y luchamos como él contra los enemigos que quieren a toda costa desplazarlo del puesto, pero que jamás lo lograrán''.

La cita resulta pertinente a la luz de los acontecimientos recientes en torno al caso Aguas Blancas que motivaron, primero, la separación de Rubén Figueroa Alcocer del cargo y, segundo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictaminó responsabilidad del ex gobernador de Guerrero en la ``violación grave y generalizada de las garantías individuales'' consagradas en la Constitución General de la República.

Una primera lectura de los acontecimientos, incluida la resolución de la Suprema Corte, deja ver, primero, que no se ha logrado el pleno ejercicio de la justicia, una de las principales promesas de campaña de Ernesto Zedillo. El priísmo en general se propuso y casi lo logró defender a Figueroa Alcocer, como lo mostró Fidel Velázquez el 3 de noviembre de 1995 en Acapulco, y como lo evidenciaron los legisladores del partido oficial que en dos ocasiones rechazaron las demandas de juicio político en contra del ex gobernador guerrerense. Más aún, la propia Suprema Corte rechazó en una ocasión que se fincara responsabilidad a Figueroa.

Fue necesario que apareciera un video y que mediara la presión social para que el Ejecutivo instruyera a la Suprema Corte a realizar una investigación del caso y, también desde el primer círculo del poder, se decidiera la licencia idefinida de Figueroa. La justicia aún se decide arriba, desde el poder presidencial, que es el único con capacidad para solapar aberraciones como la declaración de Fidel Velázquez y la negativa de los diputados del PRI a entablar juicio político contra un gobernador, y que puede hacer que los magistrados de la Suprema Corte, que ayer votaron contra la investigación de Figueroa, hoy voten, por unanimidad, un dictamen que responsabiliza al ex mandatario de violar las garantías constitucionales.

Por otra parte parece que, en apego a la tradición del sistema político mexicano, la sanción a uno de los miembros del propio sistema se quedará en una reprimenda política, esto es, retirar del cargo al responsable. Eso ha ocurrido con todos los gobernadores, algunos de los cuales han sido culpables de múltiples irregularidades en su ejercicio. Con retirarlos del cargo se resuelve todo, como acaba de ocurrir en Nuevo León. De hecho, el resolutivo de la suprema Corte es más un señalamiento y una sanción política.

Sólo que el de Aguas Blancas es un caso que se cuece aparte. Primero, porque llegó a ser una aberración legal en la que se vio involucrada la relación personal del presidente Ernesto Zedillo con Rubén Figueroa. Cierto o falso, el supuesto compadrazgo entre el Ejecutivo Federal y el ex Ejecutivo de Guerrero hizo suponer a muchos que Figueroa tenía la protección presidencial.

Además, no son pocos los sectores que reclaman no sólo juicio político contra Figueroa, sino que el ejercicio de la acción penal llegue a fondo, sobre todo una vez que se comprobado que el ex gobernador guerrerense dirigió de principio a fin un monumental engaño a todos los mexicanos, y lo hubiera logrado, de no ser por la exhibición de un video.

Posiblemente se ejercerá acción penal contra Rubén Figueroa Alcocer y se iniciará en el Congreso un juicio político en su contra, pero nada es seguro, sobre todo a la luz de los acontecmineotos de ayer, cuando repentinamente la Presidencia de la República canceló un comunicado, al parecer en torno al caso Guerrero. Todo se quedó en un comunicado de la Secretaría de Gobernación donde se dice que el Ejecutivo no se ha enterado formalmente del resolutivo de la Suprema Corte, pero espera que las autoridades competentes actúen conforme a derecho.

Por lo pronto, la suerte de Figueroa es un tema que se escucha en todas partes, pues se duda que el gobierno llegue al fondo. Qué hará el Presidente? Qué harán el gobierno de Guerrero y el Congreso? Qué hará Figueroa, quien, por cierto, se enteró del resolutivo una semana antes, por una filtración de la Suprema Corte?