A falta de soluciones creativas para los principales problemas económicos que acarrea la crisis, el presidente Ernesto Zedillo eligió apegarse al plan más ortodoxo que fue puesto a su disposición. La iniciativa no partió de su secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, que formalmente encabeza el gabinete económico, sino del Banco de México. Es ahí donde se deposita actualmente el poder de decisión en materia económica. En la ejecución del programa a Ortiz que se encuentra ocupado en el rescate de los banqueros al parecer sólo le corresponde anunciar mes a mes la tasa de inflación.

Las decisiones estratégicas provienen de los banqueros centrales, Miguel Mancera y Francisco Gil Díaz, que resguardados en la autonomía constitucional de la institución han impuesto sobre el resto del gobierno una política económica restrictiva. La incapacidad demostrada en Hacienda, primero por Jaime Serra y, desde entonces, por Guillermo Ortiz, para diseñar un plan coherente y eficaz que de manera simultánea logre controlar la inflación, proteger al peso y generar crecimiento acabó por fortalecer políticamente a los funcionarios del Banco de México.

Su plan tiene la simpleza económica y contable que el presidente Zedillo, egresado del propio banco, puede entender. Establece un equilibrio general que satisface la visión más estrecha del bienestar social, pero con la ventaja de que resulta atractiva a los inversionistas financieros. De ahí que en el periodo más reciente la Bolsa de Valores se haya comportado a la alza e, incluso, las tasas de interés hayan descendido marginalmente. Dentro de esta perspectiva, el aumento esperado del producto interno bruto para este segundo trimestre del año parece validar la estrategia del gobierno.

Pero, por cuánto tiempo? No mucho. Hasta el momento el presidente Zedillo se contenta con el horizonte que le proporciona el desempeño favorable de los principales indicadores macroeconómicos que, al menos, le han ofrecido un respiro temporal del acoso que sufría en todos los frentes de la política. Sin embargo, la viabilidad del programa está basada en dos factores: un peso fuerte y un crecimiento mínimo que no son sostenibles indefinidamente. En el mediano plazo, las fuerzas del mercado obligarán al gobierno a hacer un ajuste en el tipo de cambio; en el largo plazo, las fuerzas políticas harán lo propio con el estado de la economía.

En otras palabras, el compás abierto por el plan económico sólo se extiende dos trimestres, o sea, 180 días que empezaron a correr desde fines de marzo. En el otoño, las presiones financieras provocadas por la inyección de recursos públicos a los bancos privados, la recaudación fiscal insuficiente y los onerosos pagos externos volverán a poner en riesgo la estabilidad económica. Para entonces la política monetaria restrictiva en que se funda el optimismo del gobierno podría volverse contraproducente e incluso peligrosa. La sobrevaluación que alcance el peso será motivo de preocupación y la rentabilidad financiera de México sólo se mantendrá a un costo todavía más alto.

Esta coyuntura coincidirá con la renovación de las presiones políticas sobre Zedillo. Y, al iniciar poco después el tercer año del sexenio el 1o de diciembre, el Presidente estará obligado reconsiderar su afán de continuar con las medidas económicas que sumieron al país en la recesión más severa de los tiempos modernos. En dos oportunidades anteriores, la Secretaría de Hacienda fue incapaz de proponer un plan de recuperación efectivo; inicialmente este vacío fue ocupado por el Tesoro estadunidense y, más recientemente, por el Banco de México. En ambas ocasiones el presidente Zedillo aprobó una misma receta diseñada para contener la demanda interna con tal de asegurar la estabilidad financiera del país.

Este esquema todavía es sostenible, pero el gobierno no puede extenderlo hasta el próximo año. Los costos acumulados de la política económica son impresionantes. El ajuste de 1995-1996 ha provocado la transferencia brutal de riqueza de las clases productivas a los tenedores de Tesobonos y Cetes, sumió a un número enorme de empresas en una crisis de pagos, y ha convertido la situación de los bancos en una bomba de tiempo. El margen de maniobra que las políticas restrictivas del Tesoro estadunidense y el Banco de México le han otorgado hasta ahora al régimen de Zedillo terminan a la par del tercer trimestre; en ese momento, los calendarios económico y político se vuelven a empalmar.