Más un año de confrontación entre el gobierno del Distrito Federal y el Sindicato Unico de Trabajadores de Autotransporte Urbano de Pasajeros Ruta 100, que tuvo momentos tensos, puede concluir en las próximas horas. Finalmente el método de negociar conduce a ambas partes, con la eficaz mediación de una comisión plural de la Asamblea de Representantes, a la firma de un convenio político marco que sienta las bases para ponerle punto final al conflicto.

Debe ponerse énfasis en que el método de negociar demuestra una vez más ser el más fructífero en este tipo de litigios. La vía de la imposición de soluciones mediante actos difícil de calificar como legales, amenazas, presiones diversas desde las ventajosas posiciones de gobierno, únicamente genera resistencia tenaz de los grupos gremiales conscientes de la necesidad de defender los que consideran sus legítimos derechos.

El conflicto iniciado con la declaratoria de quiebra de la empresa Ruta 100, el congelamiento de los bienes del sindicato, la aprehensión de dirigentes por causas formalmente ajenas a la decisión gubernamental de liquidar esa empresa paraestatal, no podía solucionarse con métodos autoritarios como se intentó a lo largo de un año.

Sólo cálculos distantes de la realidad llevaron a pensar a las autoridades del Distrito Federal que los trabajadores del sindicato de Ruta 100, conocidos por la tenacidad para defender sus derechos, podrían ser doblegados sin resistencia. Debido a ésta y a la sensatez que finalmente se abrió paso entre las autoridades, hoy estamos en vísperas del final del conflicto iniciado el 8 de abril del año pasado.

Como en toda negociación y compromiso, las partes debieron de ceder. En este caso, los trabajadores, la parte ofendida, consiguen una buena parte de sus demandas en materia de trabajo e indemnizaciones. Quedan fuera del convenio cuestiones muy importantes: la liberación del asesor y los dirigentes sindicales presos y el descongelamiento de los fondos propiedad del sindicato. En el primer asunto, es explicable, pues las autoridades no pueden comprometerse sobre cuestiones que se ventilan en el ámbito judicial. Pero es indudable que sin la satisfacción de esos puntos de la demanda sindical se puede poner en riesgo el conjunto de la solución.

En buena hora, el arreglo de este conflicto.