La embestida de la ARIC-oficial contra ONG, parte de un plan contrainsurgente, afirma Conpaz

Rosa Rojas, enviada/I, San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 de abril Las acusaciones de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) oficial contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos forman parte del plan de contrainsurgencia dentro del esquema de la guerra de baja intensidad del gobierno mexicano para sacar de la zona de conflicto a los observadores nacionales e internacionales, manifestó Gerardo González Figueroa, coordinador de la Coordinación de los Organismos no Gubernamentales de San Cristóbal de las Casas por la Paz (Conpaz), en donde se aglutinan la mayoría de las organizaciones independientes que trabajan en Chiapas.

Destacó que difícilmente habrá reconciliación y distensión en el estado mientras el gobierno siga sin atender los planteamientos que la Conpaz hizo desde octubre de 1995, cuando solicitó al gobierno federal que toda la ayuda gubernamental fuera canalizada a través de instancias civiles y no militares.

Demandó también que la asistencia material sea ofrecida a toda la población sin distinciones ni condicionamientos, así como la creación de una contraloría civil no gubernamental que verifique que los programas sociales se lleven a cabo sin condicionamientos ni discriminaciones y con honestidad.

Propuso además promover un estricto apego a los principios de la neutralidad médica para todas las acciones de salud y alimentación y la adopción de un código de conducta para todos los miembros de las fuerzas armadas que contemple el respeto a la población, a su cultura y a su patrimonio, el respeto al medio ambiente y la colaboración en el control del consumo de alcohol y la prostitución.

Subrayó asimismo que sin quitarle la tarea de defensa de la soberanía o el combate al narcotráfico, el ejército debe replegarse a ``guarniciones de zona'' para permitir que las comunidades se reintegren a sus actividades productivas.

``A nosotros nos parece que está fuera de todo contexto por parte de la ARIC oficial acusar de manera tan ligera a las organizaciones no gubernamentales de que estamos favoreciendo una posición de fuerza en la región'', apuntó.

``Desde que nos constituimos como una coordinadora de organismos gubernamentales --señaló--, incluso de años atrás, fuimos explícitos en que a pesar de la difícil situación política y social de Chiapas era necesario buscar una salida política, incluso recordamos que desde 1993, cuando los sucesos de Corralchén --donde los soldados se enfrentaron por primera vez con miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)--, hicimos una declaración pública contra el militarismo y contra la violencia, viniera de donde viniera''.

Agregó: ``En los primeros días de 1994 hicimos algunas declaraciones, una de ellas de neutralidad médica, de que dada la característica de este conflicto se permitiera que fueran atendidos sin distingos todos los ciudadanos o ciudadanas afectados, y cuando llegamos a las zonas más impactadas por este proceso militar, atendimos a las comunidades con ayuda humanitaria''.

Agregó González Figueroa que sus acciones van dirigidas a la búsqueda de una salida política y una paz con justicia, y en especial piensan que el país necesita cambiar en las cuestiones de democracia y que en ese sentido todas sus acciones van encaminadas a buscar un cambio para que nunca más se repita la situación que se vivió antes de 1994: es decir, injusta, antidemocrática, antipopular.

``En ese sentido, las acusaciones de la ARIC no tienen ni fundamento y están basadas, pensamos, en la serie de contradicciones internas que vive tanto como organización, ya que está dividida, y evidentemente con la confrontación en un mismo espacio geopolítico que comparten con el EZLN''.

--Ellos acusan a supuestos defensores de derechos humanos de estar interfiriendo en el regreso de los desplazados, sobre todo, y de estar creando un clima de confrontación, de polarización...

--Yo creo que eso se debe a una campaña que ya comenzó de tipo político-militar dirigida a la enorme presencia de ob-servadores nacionales e internacionales, ya que una vez que en febrero se rompieron las zonas francas para ir en busca de la dirigencia zapatista, apareció un buen número de guarniciones militares y los efectos propios de la presencia militar, como prostitución y alcoholismo. Debido a que la gente estaba en la montaña en los primeros días del año 1995, se conformaron una serie de misiones de observación, no solamente de nacionales sino también de ciudadanos extranjeros.

``En ese sentido, se decidió que era útil crear una instancia neutral que permitiera que la población civil estuviera resguardada del posible enfrentamiento de dos ejércitos, tanto del EZLN como del gobierno federal; de esa manera es como nacen los campamentos civiles por la paz, los cuales son coordinados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales por la Conpaz, con coordinación de la Comisión Nacional de Intermediación, debido a su ascendencia moral sobre la sociedad civil, y en ese sentido las comunidades afectadas por la militarización han pedido que las gentes de los campamentos vigilen la presencia de soldados o de personas que puedan venir a provocar a las comunidades de la región.

Señaló que la misión de ellos es muy específica: observar y comunicar sobre los sucesos de carácter militar que se suceden en las zonas, ``con la idea de darle un acompañamiento a la población civil que vive en esas comunidades asediadas por el Ejército Mexicano''.

``En ese sentido --continuó--, desde fines del año pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) comenzó una campaña contra los extranjeros, que tenía dos vertientes: detenerlos en los retenes militares, citarlos a la oficina regional de ese organismo en San Cristóbal de las Casas y ver la situación migratoria: ahí se les mostraban fotografías, los lugares, cuántas veces habían estado en la región, sobre todo a raíz de la inauguración de nuevos Aguascalientes; la otra vertiente fue reconocida por la Secretaria de Turismo del gobierno estatal, en el sentido de que todas las posadas, hoteles y casas de huéspedes tenían que dar una lista al Instituto Nacional de Migración de todos los extranjeros que se hospedaran para investigar su situación migratoria.

``Así tuvimos el caso de varios ciudadanos, tanto de Norteamérica como de Europa, que fueron invitados a salir del país en un tiempo determinado, por supuestas violaciones a las leyes de migración. Para nosotros fue una campaña de este carácter porque todo parece indicar, desde nuestra perspectiva, que esta policía de migración está militarizada: de pronto aparecen tipos con pelo corto, de buena estatura, con toda una pinta de militares...''