Seis judiciales, implicados en el asesinato de 4 jóvenes

Ricardo Olayo La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvo ayer a cuatro policías judiciales acusados de encubrimiento en el homicidio de cuatro jóvenes simpatizantes del Frente Democrático Nacional (FDN), ocurrido en agosto de 1988. Un quinto ex policía, Santiago Rodríguez Mata, está prófugo y es señalado como el responsable de los crímenes.

Los agentes detenidos ocupaban actualmente mandos medios en la Policía Judicial del Distrito Federal, y en 1988 todos formaban parte de la guardia personal del entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, Renato Sales Gasque.

Por la muerte de los jóvenes están sentenciados a 40 años de cárcel dos policías preventivos, quienes no tuvieron relación con los hechos, indicó anoche en entrevista el diputado perredista Leonel Godoy, quien fungió como fiscal especial del caso y posteriormente propuso a Raúl Oseguera Madrigal, quien quedó al frente de la investigación.

Los cuatro judiciales detenidos fueron presentados ayer en el juzgado 66 con sede en el Reclusorio Sur, para que rindan su declaración preparatoria por el delito de encubrimiento, por el que tienen derecho a la libertad bajo fianza.

Sus nombres y cargos son: Antonio Infante Paulín, adscrito a la Dirección General de la Policía Judicial; Oscar González de la Vega, jefe de grupo y comandante de Aprehensiones en la delegación Tlalpan; Andrés Arreguín Vázquez, del área de Asesoría Técnica de la Dirección de Aprehensiones, y José Bárcenas Méndez, asignado a la Dirección de Investigaciones de la Policía Judicial capitalina.

Del presunto homicida material, Santiago Rodríguez Mata, fuentes de la PGJDF sólo indicaron que ``ya no es policía judicial'', pero que está plenamente identificado, y que otro de los presuntos responsables, también agente judicial, ``ya está muerto''.

Sobre el móvil del crimen, Leonel Godoy dijo que Ñal parecerÑ se trató de un incidente de tránsito entre los judiciales, que viajaban en una camioneta y los jóvenes, que circulaban en un automóvil compacto en el cual llevaban propaganda del FDN. Los policías actuaron con prepotencia y, según algunos testigos, golpearon a los adolescentes y posteriormente les dispararon. Algunos de ellos presentaron el tiro de gracia.

El incidente ocurrió en la calle de Alhelí, en la colonia Tlatilco, donde murieron Ernesto del Arco Parra, de 18 años de edad; José Luis García Juárez, 17; Jorge Flores Vargas, 17, y Jesús Ramos Rivas, de 16, quienes se dirigían al cine Cosmos la noche del sábado 20 de agosto de 1988, pero se detuvieron en una tienda a comprar alimentos.

El automóvil en que viajaban, un Volkswagen sedán, era propiedad de Ernesto Luis de Arco, padre de una de las víctimas, quien en 1982 fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización que en las elecciones de 1988 se sumó en la coalición que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas, como su candidato a la presidencia de la República.

Los cuerpos fueron hallados en Sabino y Circuito Interior, entonces una zona sin alumbrado público, con huellas de tortura e impactos de bala calibre 48 y 38 super.

Los homicidios fueron catalogados en un principio como ``crímenes políticos'' y al paso del tiempo fue necesaria la creación de una Fiscalía Especial, solicitada por el Partido de la Revolución Democrática en el DF. Así, en 1993 se creó la fiscalía encargada al perredista Leonel Godoy.

Sin embargo, al convertirse en diputado federal, Godoy propuso a Rafael Oseguera Madrigal, quien se hizo cargo del caso. Según Leonel Godoy, la investigación se basó en una de las hipótesis de trabajo que desarrolló desde entonces, la cual no tiene que ver con móvil político y sobre la cual ``debe de profundizarse''.

Hace dos semanas hubo una reunión en la Procuraduría de Justicia capitalina, en la que estuvieron presentes Godoy, Luis del Arco y el diputado perredista Javier González, para recibir información de los avances del caso. En esa fecha faltaban algunos elementos para consignar el expediente y pedir a la jueza el libramiento de las órdenes de aprehensión, las cuales fueron concedidas esta semana.

Godoy indicó que las pruebas son ``contundentes'' respecto de los cinco detenidos y que hay testigos que identificaron a los agentes judiciales, además de otro tipo de pruebas que pronto serán aportadas.