Aceptó la delegación oficial que se elijan policías comunitarias

Rosa Rojas, enviada, y Elio Henríquez, corresponsal, San Andrés Larráinzar, Chis., 24 de abril En el grupo 4 de Justicia y Derechos Humanos la delegación gubernamental planteó ``que se proceda inmediatamente a procesar los compromisos'' a que se llegó en la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena, para garantizar así el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano.

Asimismo, propuso que se proceda a instalar ``inmediatamente'' las instancias previstas en los mismos acuerdos, sobre todo respecto a compromisos para Chiapas, ``para que se inicien los trabajos de consulta, análisis y elaboración de los contenidos pluriculturales que estructuren al nuevo sistema jurídico nacional''.

Entre las instancias previstas en los compromisos citados están la creación de la comisión para la reforma municipal y la redistritación en Chiapas, en la que participaría el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; creación de la cuarta visitaduría general, a cargo de asuntos indígenas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la instalación de una mesa agraria, con participación de representantes de autoridades estatales, federales, del EZLN y de organizaciones sociales, y la creación de la defensoría de oficio indígena.

La delegación oficial acepta además el establecimiento de ``policías comunitarias que sean electas por las propias comunidades''. En otro grupo, el 5, sobre Justicia, Convivencia Social y Orden Jurídico, propuso que esos órganos se incorporen al esquema de policía preventiva. Asimismo, que los Consejos de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben considerar la participación de representantes indígenas en los estados con población de etnias.

Aunque ya se ``destrabaron'' dos de los grupos de trabajo que estaban atorados, y ya se buscan consensos, el comentario generalizado de asesores del EZLN en las diferentes mesas es que todavía los documentos gubernamentales ``están plagados de vaguedades'' y ``parrafadas'' reproduciendo artículos de la Constitución y de diferentes códigos nacionales, así como de convenios internacionales.

Trascendió que en el grupo 5, la parte oficial planteó: ``Vamos a ver de lo que ustedes piden qué les podemos dar'', a lo que la delegación del EZLN contestó: ``No estamos revisando un contrato colectivo, no les estamos pidiendo nada, sino que de lo que se trata es de cambiar el sistema'', en tanto que la parte oficial, dijeron, sólo quiere fortalecerlo.

Se comentó también que los delegados gubernamentales instaron a los del EZLN ``a no asumir actitudes radicales porque el gobierno ya dijo que quiere cambios graduales'', a lo que éstos repusieron: ``Vamos a ser radicales porque queremos ir a la raíz y el que va a decidir cómo va a ser el cambio es el pueblo''.

Respecto a la reforma del Poder Judicial, se indicó que la parte oficial se obstina en mantener como intocable la realizada por el presidente Ernesto Zedillo, ``porque fue su primer acto de gobierno''.

En ese sentido, el documento de la delegación del EZLN sobre la independencia del Poder Judicial planteó que es ``insostenible'' la tesis de su contraparte gubernamental respecto a que ``se politiza'' el nombramiento de los integrantes de este poder por la vía del voto popular. ``Quienes defienden esta tesis no toman en cuenta que el procedimiento que privilegia la participación del presidente de la República es la forma más autoritaria de `politizar' todo nombramiento''.

Subraya que ``demeritar la voluntad popular con el despectivo término de `politizar' conduce, si se sigue un camino lógico, a demeritar a un Poder Ejecutivo y a un Poder Legislativo que se supone están compuestos por miembros elegidos por el voto popular''.

Los zapatistas sostienen, por tanto, que debe modificarse el artículo 96 constitucional para que sea la sociedad civil la que haga al Senado las propuestas de ministros que habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia y no el presidente de la República, como sucede ahora, en virtud de que ello implica una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

Proponen además que debe haber mayor representación de la sociedad civil en la composición del Consejo de la Judicatura y participación de la misma en el nombramiento de sus integrantes.

Otro aspecto en el que la delegación del EZLN plantea que debe haber una mayor participación de la comunidad es en el diseño y ejecución de los programas en materia de justicia y seguridad pública.

Parecería perfilarse un consenso parcial entre ambas delegaciones en cuanto a estos dos últimos puntos, dado que el documento de la delegación oficial apunta que ``es aconsejable que en la composición del Consejo de la Judicatura se incluya la participación de representantes de la sociedad civil''.

Igualmente habla de establecer ``mecanismos permanentes de presencia de la sociedad civil en la supervisión del manejo de centros de readaptación social'', así como ``en la supervisión de la acción de los cuerpos policiacos''.

Llamado de sindicalistas

Los miembros de una docena de sindicatos presentes en la mesa de San Andrés, como asesores o invitados el EZLN, hicieron un llamado para que los trabajadores que asistan a las marchas del primero de mayo cooperen con una bolsa de maíz o de arroz para traerlas a sus ``hermanos tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames y zoques'', toda vez que por mantener su actitud de abrir el diálogo nacional para todos, ``el gobierno con sus fuerzas armadas y de represión impide que cultiven sus campos y con ello obtengan no sólo su alimento sino el de millones de mexicanos''