Hoy firman DDF y Sutaur el acuerdo político para poner fin al conflicto

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Después de un año y dos semanas de la declaración de quiebra de Ruta 100, de varios meses de negociaciones fallidas, hoy el gobierno capitalino, el Sutaur y la Comisión Plural de la Asamblea de Representantes firmarán el Acuerdo Político que dará finalmente salida al principal conflicto social de la ciudad.

En asamblea general realizada ayer miércoles, los trabajadores de Ruta 100 acordaron facultar a su dirigencia para que signe en el transcurso de este día ese acuerdo, que incluye el compromiso de la Comisión Plural de gestionar la liberación de los dirigentes y el asesor jurídico.

``Si bien el DDF no asume por escrito el compromiso de nuestra excarcelación y quien lo hace es la Comisión Plural --en un plazo de dos meses--, sabemos que ésta dependerá finalmente de la voluntad política de las autoridades, pero lo asumimos para avanzar en la solución del conflicto'', dijo Ricardo Barco, en un mensaje desde el Reclusorio Oriente a los trabajadores.

La Comisión Plural de la ARDF, en tanto, se reunirá entre hoy y mañana viernes con el subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría capitalina, Mariano Herrán Salvati, para iniciar el análisis de los expedientes, según informó el representante priísta Salvador Muñúzuri.

A su vez, los asambleístas del PRD y PT, Leopoldo Ensástiga y Francisco González, sostuvieron que a partir de la firma del acuerdo la Comisión Plural se convierte en garante de la excarcelación de los dirigentes. Para ello deberán trabajar en coordinación con las autoridades judiciales y establecer los plazos y tiempos de los procedimientos legales, precisaron.

Sobre el tema, el panista José Luis Luege destacó la importancia de que se llegue a un acuerdo ``sin ruptura'' que permita avanzar en la reestructuración del transporte en la ciudad.

El Acuerdo Político, cuya redacción se afinaba anoche, consta de ocho cláusulas y establece de manera general los compromisos para llevar adelante los proyectos productivos en que habrán de participar los afiliados al Sutaur.

La cláusula quinta del documento precisa que los ejes centrales del conflicto son el mejoramiento del transporte público en el Distrito Federal y la búsqueda e identificación de alternativas de empleo para los miembros del sindicato.

Asimismo, en esa misma cláusula se incluyen los dos puntos más debatidos en la negociación: la liberación de los líderes y el patrimonio del sindicato, cuya solución queda en manos de los asambleístas señalándose que ``la Comisión Plural de la ARDF, ratifica el compromiso hecho con la representación sindical y el DDF el pasado mes de noviembre de 1995, en el que suscribió dos puntos de agenda relativos a la revisión de la situación jurídica de los representantes y asesor jurídico sindicales que están sujetos a proceso penal, y lograr a la brevedad su excarcelación, así como coadyuvar con el sindicato para lograr identificar los mecanismos legales necesarios para la liberación de los recursos que integran el patrimonio de los trabajadores y que están integrados en fideicomisos ante Banca Serfin''.

En otra cláusula, el gobierno ratifica la propuesta formulada al sindicato el 21 de marzo de 1996 y la representación sindical su propuesta del 26 de marzo y 6 de abril como puntos de diálogo, y se precisa que las partes reconocen luego que a partir de esas propuestas es posible integrar una agenda para el diálogo que permita la solución del conflicto.

La cláusula siete del Acuerdo Político establece que ``ambas partes dan por terminado el conflicto debiendo formar parte de este documento un anexo donde se establezcan los grupos de trabajo y el cronograma para la satisfacción de la propuesta integral de la solución convenida''.

El referido anexo esta ya listo y consta de seis grupos mixtos de trabajo que habrán de encargarse de realizar lo referente a las concesiones; los proyectos de inversión requeridos para echar a andar las empresas de los trabajadores; la ubicación de quienes podrán optar por jubilarse o prejubilarse; las alternativas de empleo, y el patrimonio sindical colectivo.

La última cláusula del Acuerdo Político precisa que en caso ``de que hubiese alguna acción judicial, penal, civil o de otra índole, iniciada ante cualquier autoridad local o federal, en forma directa o indirecta por cualquiera de las partes, ambas se comprometen a desistirse de dichas acciones en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de suscripción''.

El contenido del documento fue explicado ayer con amplitud a los cerca de 8 mil trabajadores reunidos en el local sindical ``17 de marzo'' por Venancio Felipe Gil Sánchez y Leonel Villafuerte, el anterior y actual secretario general, respectivamente.

Hablaron luego desde una cabina telefónica en el Reclusorio Oriente, Ricardo Barco y Gabino Camacho. Entre coros de ``presos políticos, libertad'', el asesor jurídico explicó que el gobierno no se compromete por escrito a liberarlos y quien lo hace es la Comisión Plural.

Tanto Barco como Camacho, recalcaron que están conscientes de que el gobierno puede o no cumplir su palabra, pero lo fundamental ahora es avanzar a la siguiente etapa: a las nuevas formas de trabajo, al diseño de la sociedad mercantil.

Pidieron luego a los trabajadores mantenerse unidos, no liquidarse mientras el Sutaur no haya convenido ese punto, a fin de que sea de manera colectiva.

``Sigamos juntos, es una etapa crucial. Ya se está diseñando la plantilla, vamos bien. Tenemos que seguir con esta organización madura'', precisó Barco, mientras Camacho reafirmó que a los trabajadores no les asustan las nuevas tareas y los nuevos retos.