Uno de los grandes temas mundiales de la política es el del dinero. Escándalos de corrupción que lastiman a sociedades y Estados los hay en casi todas partes, pero en muchos países se han establecido ya rigurosos controles legales y fuertes sanciones.

Ninguna reforma política puede llevar ese nombre sin una profunda mejoría de la fiscalización sobre el dinero que manejan los partidos y los políticos.

Por esto, llama la atención la superficialidad con que este tema se trata en las conclusiones de la mesa electoral, cuando sería de esperarse que una pretendida ``reforma definitiva'' pusiera, al menos, los cimientos de un control constitucional del ingreso-gasto de los partidos, antes, durante y después de las campañas electorales.

Lo que se incluye en ``las conclusiones'' es el fortalecimiento de la comisión de miembros del Consejo General del IFE que se encarga de revisar las cuentas de los partidos, además de algunas normas nuevas que, siendo positivas en su mayoría, no resuelven el problema de la fiscalización y el control del gasto político.

La cuestión no consiste solamente en ``privilegiar'' el financiamiento público sobre el privado o en disminuir el aporte máximo de cada simpatizante, ya que los partidos pueden manejar cantidades mucho más elevadas que las reportadas por ellos mismos al Instituto Federal Electoral y a sus semejantes en los estados. El IFE, en realidad, carece de facultades para averiguar las verdaderas cifras del gasto político y sus orígenes, por lo que no sirve de nada el establecimiento de ``topes de campaña'' y demás reglas.

Lo escandaloso del gasto electoral de Madrazo en Tabasco se debe a que, por primera vez, se presentan las evidencias del derroche de dinero que realiza el PRI, fenómeno ampliamente conocido pero nunca antes probado con documentos. Más de 70 millones de dólares en una campaña en un estado de un millón 800 mil habitantes deja frío a cualquier político corrupto del país que sea; incluyendo a los colombianos acusados de recibir seis millones de dólares de los narcotraficantes.

El IFE debería tener facultad constitucional para averiguar el ingreso-gasto de los partidos nacionales, aún en elecciones locales, pues éstos concurren a tales comicios debido a un registro de carácter federal y por mandato de la Constitución del país. Por tanto, sus operaciones financieras y sus egresos no pertenecen, por ejemplo, a un ``PRI-Tabasco'', el cual jurídicamente no existe, pues este partido, como los demás con registro del IFE, tiene una personalidad jurídica otorgada a través del Cofipe y reconocida automáticamente por los órganos electorales de las entidades federativas.

El artículo 41 de la ley fundamental debería decir claramente que el ingreso-gasto total de los partidos nacionales estará sujeto a la fiscalización del IFE, pudiendo éste realizar todas las averiguaciones necesarias para comprobar las declaraciones que realicen aquellos, de lo cual se desprenderían las responsabilidades que señale la ley. Así, una oficina del mismo IFE, vigilada por la comisión ya existente de consejeros, tendría que recibir los informes de los partidos y llevar a cabo una especie de muestreo que permitiera tener una mínima certeza de que se están cumpliendo las normas. Asimismo, esa misma oficina tendría que recibir las quejas de ciudadanos, autoridades y otros partidos políticos, las cuales deberían ser materia de investigación. Cuando un partido viole la ley, el Ministerio Público recabaría del IFE los elementos necesarios para proceder conforme a derecho.

En México, la legislación penal no impone sanciones a quienes violen las normas legales de financiamiento de los partidos. De nada sirve que los organismos electorales señalen topes de gasto si no existe sanción penal para quien los transgreda. Tampoco sirve de nada que el Cofipe prevea sanciones electorales (administrativas) para quien viole las normas de ingreso-gasto si el IFE no tiene manera de investigar nada, más allá del examen contable de los informes entregados por los partidos, los cuales pueden ser enteramente falsos, como se ha demostrado en el caso Tabasco.

El gobierno y el PRI no parecen tener ninguna preocupación sobre la fiscalización del ingreso-gasto de los partidos, pues creen controlar muy bien el sistema encubierto de financiamiento a la mexicana, pero el día menos pensado se van a topar con los dineros de las mafias si no es que eso ya empezó para financiar a su propio partido y, quizá, a otros. Entonces vendrán más escándalos y veremos si el gobierno federal guarda el mismo silencio cómplice que en el caso Madrazo.

Dicen algunos políticos que no se puede saber de dónde procedieron los 241 millones de pesos gastados en Tabasco en 1994. Pero claro que sí existe manera de averiguarlo si las investigaciones se conducen con profesionalismo y sin encubrimientos políticos. Es del todo natural que los ex funcionarios del PRI declaren que no tuvieron conocimiento del origen de tantos millones y que solamente administraban el gasto, pero eso no es creíble.

En el actual proceso de reforma electoral, tendrían que hacerse dos cosas: castigar legalmente a Roberto Madrazo y Cía., y crear un sistema de severo control del ingreso-gasto de los partidos con sus correspondientes sanciones electorales y penales. Postergar este urgente requerimiento mantendrá al país bajo el fraude electoral, el peculado y el tráfico de influencias, pero no como delitos sueltos, sino como sistema.